Burocracia clientelista

Panamá cuenta con un verdadero ejército de servidores públicos que hoy suman más de 228 mil funcionarios (15.3% de la fuerza laboral panameña) de los cuales solo 12,387 (5.4%) forman parte de las carreras públicas instituidas por la constitución (Art. 305), porque la mayoría de estos puestos públicos administrativos, a pesar de cubrir una necesidad permanente de servicio público, se reparten como botín político cada cinco años tras las elecciones y terminan ocupados por simpatizantes o partidarios de los elegidos.

Ese 94.6% de funcionarios restantes son servidores públicos ‘en funciones', nombrados discrecionalmente por el gobierno de turno, sujetos a la confianza de sus superiores jerárquicos políticos, porque la Ley No. 9 de 1994 que establece la carrera administrativa para el grueso de los empleados gubernamentales, asigna el grado de autoridad más alto al ‘nivel político y directivo general', dándole el último puesto en esta jerarquía de mando, al ‘nivel de ejecución'.

Esta gigantesca burocracia ejecutiva de servidores públicos, predominantemente ‘en funciones' no adscritos a las carreras públicas que contempla la ley, consume anualmente casi cuatro mil millones de dólares (17% del presupuesto nacional en 2018), sin embargo, el gobierno se fundamenta en ‘la falta de recursos' para no implementar dichas carreras.

Solo el órgano ejecutivo cuenta con 15 ministerios, 39 instituciones descentralizadas, 13 empresas públicas y 8 intermediarios financieros todos estos situados en la ciudad capital, pero como en Panamá impera un único gobierno central que se encarga de la administración pública, a esta burocracia central hay que agregarle además la administración de las diez provincias, los 80 municipios, las cinco comarcas y los 678 corregimientos de su organización territorial.

Pero a los ciudadanos nos toca lidiar a diario con servidores públicos de ese ‘nivel de ejecución' más bajo que, por la naturaleza de su nombramiento arbitrario y político, no tienen una cultura de eficacia y eficiencia conforme a principios de un verdadero sistema de méritos.

Los defectos inherentes a este tipo de gestión pública, al prescindir de esa norma de méritos, nos llevan a una pésima administración pública en todos los niveles burocráticos y en los tres órganos del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial.

En los medios y redes abundan ejemplos de frustración ciudadana por esa ineptitud gubernamental, pero ésta no puede desligarse de una ciudadanía cuya conducta refleja, en substancia y en espíritu, una marcada ausencia de energía y responsabilidad social que primero frustre ese reparto político de puestos públicos, y segundo, fuerce un cambio con su voto eleccionario.

Hasta ahora en Panamá el clientelismo político se ha institucionalizado tanto que los tres órganos estatales nos han convertido en peones dominados por ellos, apadrinando ese bajo nivel de ejecución para perpetuarlo. ¿Cómo acabar con esa red clientelar? En una buena ordenación de la cosa pública los mejores serían servidores públicos y la masa restante los fiscalizaría y apoyaría.

Por eso para forzar un cambio nos toca actuar como ciudadanos inteligentes y votar responsablemente contra políticos clientelistas en 2019.

EXDIPLOMÁTICO