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19 de Feb de 2020

Antonio Saldaña

Columnistas

Cinco lustros de plutocracia

¡Así de sencilla es la cosa!

En términos generales, todas las definiciones del concepto de democracia coinciden en que  es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. Etimológicamente, la palabra democracia significa literalmente “el poder del pueblo“. Proviene de los términos griegos “demos“, que significa “gente“, y “kratos“, que significa “autoridad” o “poder”.

La Constitución Política de la República de Panamá establece que “La Nación panameña está organizada en Estado soberano e independiente, cuya denominación es República de Panamá. Su Gobierno es unitario, republicano, democrático y representativo. El Poder Público sólo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme esta Constitución lo establece, por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración”. A la luz de la anterior disposición de la Norma Superior, formalmente,  el gobierno del Estado Panameño es una democracia, pero en la realidad esa es una ficción jurídica, tan solo legitimada por las fuerzas sociales y políticas dominantes -en el escenario actual- la burguesía financiera y la oligarquía plutocrática. En lugar del pueblo (poder constituyente) o de sus representantantes (poder constituido) las decisiones fundamentales son tomadas por un minúsculo gabinete de recámara o poder fáctico compuesto por los cien grupos familiares más ricos de Panamá. Los órganos de gobierno están integrados mayormente por empleados o mandaderos (clase política clientelista) de la plutocracia.

En verdad, el único reproche de los miembros del Club Unión a la Constitución Política militarista de 1972 fue haberlos excluido del control del poder político del Estado. Por esa razón el Acto Constitucional de 1983 no modificó la supremacía del Órgano Ejecutivo sobre los otros dos “poderes” y demás instituciones del Estado. Simplemente se “negoció” la transición de la autoridad militar hacia el dominio plutocrático. Las actuaciones de Manuel Antonio Noriega al mando de las Fuerzas de Defensa postergaron el proceso hasta la invasión de 1989 que trajo consigo el gobierno de Guillermo Endara, un demócrata sincero y honesto pero que atrapado por las circunstancias no realizó las transformaciones institucionales necesarias (Constituyente) para erigir un régimen verdaderamente democrático y en su lugar se instaló la plutocracia corrupta y corruptora.

Así tenemos que estimaciones realizadas por organismos independientes indican que los cinco últimos gobernantes –plutocracia- le han desfalcado a la República aproximadamente diez mil millones de dólares ($10, 000, 000,000) en un promedio de dos mil millones de balboas (B/.2, 000, 000,000) por quinquenio. Con dichas sumas de dinero se pudieron construir 20 “ciudades hospitalarias”; o  50 Institutos Técnicos Bilingües, como el de Pacora; o 125,000 viviendas con precio de mercado de ochenta mil balboas; o 6 líneas del metro; o 3 nuevos juegos de esclusas del Canal.  Ello explica por qué Panamá es uno de los países de mayor desigualdad en el mundo y ocupa el puesto 96 o, sea, es uno de los Estados más corruptos de las 180 naciones medidas por Transparencia Internacional.

Es cierto que el propio sistema político nacional conspira contra la democracia pero el pueblo que es el soberano general, puede iniciar la limpieza del sistema de la plutocracia, eligiendo el próximo año (5 de mayo de 2019) una mujer o un hombre decente, simplemente, decente. Hay opciones y estamos a tiempo de resolver por vías democráticas, civilizadas y en paz, la profunda crisis de corrupción y de desigualdad que corroe los cimientos de la nación. ¡Así de sencilla es la cosa!

El autor es abogado y analista político.