Panamá, 50 años de reincidencias

En 1968, un antidemocrático golpe militar vino a poner fin a un escenario de años de corrupción, mezquinos intereses políticos por encima de la nación, infracción de leyes, tanto por autoridades como por particulares y fraudes electorales, en un ambiente de caudillismo en los partidos políticos, ya desnaturalizados por anteponer sus intereses particulares a los de la ciudadanía.

En 1989, todos los panameños vimos y sufrimos la invasión de fuerzas militares foráneas que a costa de dignidad y vidas, impusieron un orden en el caos institucional y atmósfera de delincuencia que vivíamos y no habíamos sido capaces de corregir nosotros, donde también campeaba la corrupción, se infringían las leyes y los derechos humanos, se robaban elecciones y se hacían prevalecer los intereses de caudillos militares, cuyos principios y valores se habían desnaturalizado por anteponer sus intereses particulares.

En ambos casos la amarga y costosa receta se dio después de que nuestra excesiva tolerancia a lo inaceptable se cruzara de brazos, antes que sanar el cuerpo enfermo social y político de la patria.

Cincuenta años más tarde, una vez más la sociedad panameña transita por los mismos graves problemas que vivió cuando, para 1968 y 1989, las instituciones no funcionaban, las autoridades evadían sus responsabilidades antes que comprometerse a cumplir sus deberes con el servicio público, y hoy con diversos títulos a los que con frecuencia asocian la palabra ‘honorable', como si la etiqueta pudiera cambiar el contenido venenoso y sucio de un remedio que nos quieren vender como institución democrática, que ya desnaturalizaron con negociados aviesos, oscuros e inmorales, el caudillismo, esta vez asentado en la Asamblea Nacional principalmente, pero con la colaboración de muchos funcionarios de los otros órganos del Estado, ha vuelto a hacer de Panamá un nombre que genera desconfianza, evoca corrupción e inspira distanciamiento en el exterior, e internamente un renovado deseo de independencia, pero de la corrosión que nos invade desde las instituciones mismas.

No hay ya más remedio. Así como en 1855 hicimos lo posible por tener una independencia, siquiera limitada, como proclamó Justo Arosemena, apelando al federalismo sin separarnos de Colombia, hoy solo queda por agotar como iniciativa la de educar o renovar integralmente la Asamblea Nacional o llamar a una constituyente, que ponga al servicio de los ciudadanos los órganos del Estado, hoy desorientados en cuanto al conocimiento y cumplimiento de sus deberes.

De dónde vendrá esta vez la fuerza para hacer los cambios que necesitamos y adecuar un sistema democrático, que ha venido siendo desmantelado desde 1994, no debe ser sino de nosotros mismos, nuestras convicciones, conocimientos y determinación, no con politiquería electorera, sino con Ciencia Política, y debemos hacerlo de tal modo que la solidez de la estructura diseñada sea capaz de soportar el tiempo y los embates de los grandes problemas económicos, sociales, diplomáticos y mundiales que, como nubes grises, se agolpan en el horizonte, presagiando tormentas.

Después, sin duda, habrá novedades y temas que ajustar, porque siempre surgen nuevos retos, nuevas demandas, tecnologías y necesidad de modernizar, pero una base bien puesta dura en el tiempo y garantiza, incluso, la posibilidad de que el Estado se adapte sin traumas o con los menores inconvenientes a un futuro, que debe ser prometedor y no como el presente en que estamos sumidos, sin confianza en nuestros funcionarios ni nuestras instituciones, carentes de justicia, con malos ejemplos y con pocas esperanzas.

A la puerta toca la nueva independencia, la del fortalecimiento del Estado, el cambio constitucional, el establecimiento de instituciones al margen de la codicia de sus integrantes y de la corrupción de sus ‘honorables', donde la justicia sea sol y estrella.

ABOGADO

‘‘[...] la sociedad panameña transita por los mismos graves problemas [...] cuando, para 1968 y 1989, las instituciones no funcionaban [...]'