No a la intervención en Venezuela

La intervención multifacética en Venezuela no es posible, porque viola totalmente las Cartas de la OEA y la ONU, a saber:

1. Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga (Artículo 3, literal e); 2. Las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más Estados americanos deben ser resueltas por medio de procedimientos pacíficos (Art. 3, literal i); 3. Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen (Art. 19); 4. Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de este ventajas de cualquier naturaleza (Art. 20); 5. El territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aun de manera temporal. (Art. 21); 6. Los Estados americanos se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir al uso de la fuerza, salvo el caso de legítima defensa, de conformidad con los tratados vigentes o en cumplimiento de dichos tratados (Art. 22); 7. Ninguna de las estipulaciones de esta Carta se interpretará en el sentido de menoscabar los derechos y obligaciones de los Estados miembros de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas (Artículo 131) (Julio Yao: Venezuela, una intervención imposible. https://www.voltairenet.org/article199789.html).

La parafernalia desatada contra Venezuela abarca modalidades de la Guerra de Sexta Generación no contempladas aún en el Derecho Internacional. Léase, por ejemplo, el Manual de Capacitación de Fuerzas Especiales del Ejército de EE.UU. en Guerra No Convencional TC 18-01 (‘U.S. Army Special Forces Unconventional Warfare Training Manual November 2010').

La OEA es una organización regional sometida al Artículo 103 de la Carta de la ONU, y a esta debe obediencia. Cualquier acuerdo contrario a los artículos citados no tendrá validez legal alguna, como es el caso del Grupo de Lima, que desconoce la legitimidad del Gobierno de Venezuela, en contraste con su aceptación universal.

Algunos de los que cuestionan a Venezuela son Estados fallidos y carecen justamente de legitimidad: asesinan sistemáticamente a cientos de miles de activistas sociales (Colombia); llegaron al poder tras ‘golpes blandos' organizados desde Washington: Argentina, contra Cristina Fernández; Brasil, contra Dilma Rouseff e Ignacio Lula; fueron designados presidentes mediante elecciones fraudulentas e inconstitucionales (J. O. Hernández), precedido de un golpe de Estado contra Manuel Zelaya (Honduras) o controlados por el narcotráfico y el crimen organizado (el México de Peña Nieto). Todo lo anterior, con apoyo de EE.UU.

El Gobierno de Venezuela ha realizado más elecciones en 20 años que cualquier otro país, incluyendo a EE.UU. De su legitimidad dan fe personalidades prestigiosas como el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, o el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, contrario a los expresidentes corifeos y marionetas de Washington.

El Gobierno de Venezuela es el más legítimo del Continente: el presidente Nicolás Maduro obtuvo el 68 % de los votos; el presidente Iván Duque, de Colombia, 26 %; el presidente Enrique Peña Nieto, de México, 24 %; el presidente Donald Trump, 27 %. Pese a estas consideraciones y a las sanciones que han producido graves problemas en Venezuela (y que EE.UU. engañosamente llama ‘crisis humanitaria'), el Gobierno bolivariano ha logrado campear el temporal y lucha por mantener su derecho a la autodeterminación.

El expresidente Jimmy Carter lo calificó así: ‘Tomando en cuenta las 92 elecciones que hemos monitoreado, yo diría que el proceso electoral en Venezuela es el mejor en el mundo' (Centro Carter, 20 de septiembre de 2012).

Panamá es el país menos calificado para atentar contra Venezuela.

Somos un país bolivariano que formó parte de la Gran Colombia junto a Venezuela, Colombia y Ecuador. Panamá tiene una responsabilidad mundial al manejar un Canal sujeto a un régimen de neutralidad que nos obliga a mantener una posición independiente. Nuestra historia, nuestra tradición y nuestro rol neutral nos aconsejan a ser mediadores y conciliadores, no a ser cómplices de agresiones ajenas.

Nosotros, invadidos y masacrados impunemente en brutal violación del Derecho Internacional, no podemos avalar un peor genocidio contra un hermano país.

Si el Gobierno de Juan Carlos Varela no es capaz de defender nuestros intereses nacionales ni de respetar el Derecho ajeno, entonces, ¡QUE RENUNCIE!

EL AUTOR ES ANALISTA INTERNACIONAL Y EXASESOR DE POLÍTICA EXTERIOR.