Certeza del castigo

Este desafortunado término enmarcado en el título de esta entrega que nos resulta un surtido lírico para trasmitir rancios sentimientos que repercuten en profundas emociones y que nos ubican en la edad media sobre la pena a imponer al condenado por la falta o el mal comportamiento que recetan hasta por caprichos, para que el condenado sufra una dura punición, pero que ahora bogan con esta expresión lingüística habitual de jurisconsultos, que mecen en público entre las ondas hertzianas para abanicar candidaturas para presidente de la República, al igual que el candente binomio compuesto: ‘toda vez' en el que ensartan un plural con el singular, solo porque acuñan al son de muletillas. Con la primera acepción degradante, se llevan por calle al tercer principio denominado ‘rehabilitación', que en derecho penal, se alista al final con ‘prevención' y la ‘represión'. Tal vez lo que tratan de decirnos es la: ‘Certeza de Sanción'.

En la historia contamos con la nacarada trayectoria del norteamericano Rudolph William Louis ‘Rudy' Giuliani III, un abogado con experiencia en perseguir actos ilícitos, y quien logró alcanzar la Alcaldía de Nueva York, donde logró bajar de modo dramático los índices de delincuencia, que cristalizó al depurar la policía en la tenaz lucha contra la corrupción, si entendemos que la seguridad jurídica, es un principio de derecho mundial. Nosotros acá tenemos pendiente la depuración anunciada al igual que en el poder judicial y demás funcionarios y de la sociedad en general. Esto no se reduce al vocinglear que debemos alcanzar la Certeza de la Sanción.

Basta con analizar de forma y fondo la Ley 69 de 27 de diciembre de 2007, que es una copia fotostática de la Ley 16 de 9 de julio de 1991 que creaba la Ley Orgánica de la Policía Técnica Judicial, sin excluir las faltas ortográficas, con la que se creó la Dirección Judicial adscrita a la Policía Nacional, que funciona de una manera monolítica, pero con la investigación dirigida por el Ministerio Público; los Servicios de Criminalística con un grupo de policías especializados en la investigación técnica judicial, pero anexados al Instituto de Medicina Legal y con la que se dictaron otras disposiciones sustantivas y adjetivas. En estos desbarajustes, los fiscales quedaron comisionados para habilitar a los policías de investigadores judiciales, al ignorar que esta clase de investigación es un arte y una ciencia. La ignorancia es también una modalidad de corrupción y lo peor es darle iniciativa al ignaro.

Tantos planes y ofertas de seguridad, pero sin educación. Hubo previo a la JMJ un anuncio del Ministerio Público en advertencia con la Ley que sanciona el robo en el artículo 218 del Código Penal con pena de prisión entre 7 a 12 años y que con el artículo 219 se aumenta la penalidad hasta la mitad... ‘En perjuicio de un turista nacional o extranjero'... entre 10 y medio y 18 años de prisión. Parece que este anuncio funcionó. Hubo mucho peregrino, pero cero asalto. El asunto es que no hay interés por ‘prevenir' y menos en rehabilitar si hablamos de castigo, pero angustiamos la vida con eso de entorchar a los policías, que ya se creen ‘autoridad', lo que empieza con los periodistas y funcionarios y ellos, sin ningún rubor, actúan como jueces de calle al sancionar con irrespetos y regaños. Otro asunto garrafal es la falta de ortografía, el limitado acervo verbal, en el que pareciera que todo se reduce al infinitivo verbo mantener, pero conjugado. Con qué facilidad confunden el sujeto con el objeto, al extremo de que las cosas resultan víctimas o que la llamada es propiciada por una voz humana.

En la cotidianidad los uniformados se quejan de que aprehenden sujetos, pero sin garantías y que luego quedan libres. Tenemos una sociedad enferma del síndrome del carcelazo. Es cierto que tenemos un Código Procesal para aplicar a una sociedad atrasada en su evolución en donde la falta de educación en valores confunde los sentimientos del agresor que el agredido. Seguimos...

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