¿Cambios constitucionales por la Asamblea o constituyente originaria?

Hubo coincidencia en los candidatos presidenciales sobre la urgente necesidad de reformar la Constitución Nacional, donde se encuentran las reglas básicas de la convivencia social. Corresponderá al presidente Cortizo liderar este esfuerzo, dilatado por su antecesor, pero que genera opiniones contrapuestas en los panameños.

Algunos crean tantas expectativas sobre el tema, que pintan la Constituyente como si fuera una panacea, una especie de remedio mágico requerido para hacer desaparecer los males que aquejan al país: pobreza, desigualdad, corrupción, exclusión social, seguridad, gobernanza, salud, vivienda y de todo lo que protestamos a diario. Que, porque estará escrita en letritas negras la nueva Constitución que resulte, desaparecerán los coimeros, los diputados corruptos, las botellas y los males que agobian a los panameños.

En 1989, al asumir el Gobierno Guillermo Endara, tras la caída del régimen militar, algunos plantearon que había que destituir a todos los miembros de las Fuerzas de Defensa, por ser partícipes de los desmanes cometidos durante la dictadura. Plantearon que debíamos tener una policía como la de Miami, lo que equivalía pedir a los ladrones que tomaran vacaciones prolongadas mientras se integraba esa idílica nueva Fuerza Pública que debía partir de cero. ¿Se imaginan el caos que se hubiese formado en el país de haberse destituido a todos los integrantes de las Fuerzas de Defensa al mismo tiempo? ¿Con qué policía nos hubiésemos quedado? Se fue depurando poco a poco la entidad hasta lograr los niveles de profesionalismo logrados, desde que se le cambió el nombre a Policía Nacional ese diciembre de 1989 y que, con altas y bajas, se ha mantenido.

Panamá ha tenido varias constituciones. La de 1904, preparada luego de nuestra independencia. La promulgada por Arnulfo Arias en 1941, derogada por sus elementos discriminatorios y autoritarios. La de 1946, producto de una gran concertación nacional. Aquella de 1972, aprobada luego del golpe de Estado de 1968, en donde absurdamente se otorgaron poderes autoritarios al general Torrijos, como ‘Líder de la Revolución' y ‘Jefe de Estado'. Esta última sufrió importantes modificaciones en 1983, con la participación de los partidos políticos, sometida a referéndum aprobado por una gran mayoría durante el mandato de Ricardo de la Espriella. Se le mantuvo el nombre de 1972, por el prurito de los militares, cuando en realidad no fue así. Allí se creó la Asamblea Nacional, tal como la tenemos hoy, y se hizo la primera elección para presidente y parlamentarios desde 1968, teóricamente eliminándose de ella sus vestigios militares, como aquello de los poderes absolutos a Torrijos, aunque los milicos permanecieron en el poder hasta 1989.

Hemos visto que ha habido sectores no representativos de la población nacional, como lo son la Cámara de Comercio, Apede y la Concertación Nacional, que han propuesto cambios puntuales en lo Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo que tendrían que ser sometidos a discusión mediante el cuestionado mecanismo de dos asambleas. ¿Pero por qué excluir otros temas de la nueva Constitución, como el revisar su integración y el papel que el Tribunal Electoral debe jugar en nuestra democracia? ¿O lo relativo a la escogencia de los miembros de la Junta Directiva del Canal de Panamá y la forma cómo esta entidad debe participar de nuestro desarrollo nacional? ¿O actualizar nuestro país en los temas propios de la época, como el cambio climático, la tecnología y otros asuntos vitales?

En resumen, se plantean los cambios a través del proceso de dos asambleas o a través de una constituyente originaria, donde se parta de cero en los cambios a realizar. A mi juicio, ninguno de esos caminos asegura el mejor cambio constitucional, como tampoco se lograría el apoyo político y social que se requerirá en un referéndum, que evite un descalabro, como ocurrió cuando se rechazaron los cambios constitucionales de 1992, propuestos por el presidente Endara.

Hay una solución posible que ha estado en el tapete y que, por carecer de dotes de estadista quienes han estado presidiendo el país, no ha sido posible llevarla a cabo. Y es a través de un gran acuerdo nacional, como se logró en 1946 y en 1983. El país requiere unidad para enfrentar los grandes temas que deberemos afrontar para los próximos años y eso solo se podrá lograr con un gran acuerdo nacional, sobre todo si tomamos en cuentas que el ganador de la contienda solo alcanzó el 32 % de la votación.

Corresponderá al presidente Cortizo realizar este llamado a los candidatos perdedores y a las fuerzas vivas del país, recordando que es mejor sumar que restar, aunque en la operación se incluya a antiguos contrincantes. Ese acuerdo, con fecha de cumpleaños para antes de finalizar 2019, contará con el apoyo técnico de los trabajos ya hechos sobre el tema constitucional y de los grandes constitucionalistas que tenemos. La ganancia para el país sería inmensa. Las experiencias de 1946 y 1983 nos pueden servir de guía. Como señaló el amigo Olimpo Sáez, sería una especie de suma entre el 33 % de Nito, el 31 % de Rómulo y los 24 % restantes. ¿Posible? Si ponemos el país por delante, por supuesto.

ABOGADO