Renovadas energías e ideas creativas

La toma de posesión del séptimo presidente de la Era Republicana y de los nuevos diputados son ejercicios ejemplares cívicos realizados desde 1994. Luego de elecciones presidenciales desarrolladas en orden con resultados aceptados sin dilación, estos hechos ya constituyen una tradición. Resulta natural que esta renovación impregne de frescas energías la nueva acción gubernamental. Que todos respiremos un hálito de optimismo.

Ese optimismo es justificado no obstante los problemas que nos aquejan. Hay peligros que exigen cautela, pero existen válidas perspectivas para superarlos. El liderazgo del Gobierno será importante, pero esencial será el respaldo de todos. Muchas medidas constructivas deberán tomarse sin cargos al Erario, como fijar firmes políticas públicas, porque será imprudente acudir a recursos financieros del Estado para paliar necesidades sociales conocidas. Esas son las ‘buena' y ‘mala' noticias, pero existen buenos augurios.

Tan impostergable como limitar erogaciones del Presupuesto Nacional, resulta inconveniente implantar medidas excesivas que puedan significar obstáculos al crecimiento económico que promueva buenos empleos para gentes bien capacitadas. Menudo dilema que, sin tratar de ‘cuadrar el círculo', alcance un sabio equilibrio: control de gastos con austeridad gubernamental, acompañado del aumento de ingresos fiscales con medidas creativas que excluyan indeseables nuevas cargas tributarias.

Un ejemplo evidente salta del resultado positivo que arroja el aumento de ingresos por los tránsitos por el Canal en tres años desde el inicio de la operación de su ampliación. Esos ingresos al contado excedieron en más de $2000.0 millones, los $5250.0 millones de los préstamos contratados para su ampliación. Esa experiencia prueba que fue un buen ‘negocio' para el Estado, gracias al amplio período de planificación cuidadosa que lo precedió, a profundos estudios que proyectaron científicamente la demanda futura, y a la transparencia del proceso de licitación y construcción, que tomó 10 años. Algo semejante debe planificarse con el debido esmero para contar mañana con ingresos que satisfagan las ingentes expectativas sociales actuales.

Otra medida mencionada últimamente es un régimen de asociaciones público-privadas que, con especial participación del capital privado, permita al Estado propiciar la realización de obras que generen empleos o la prestación de servicios públicos que demande la población, sin recurrir a un endeudamiento público por falta de ahorros propios. Podrá ser novedoso en nuestro país, pero es un instrumento efectivo en varios países americanos, recomendada también por organismos internacionales de desarrollo y de financiamiento como solución efectiva.

Cierto que el concepto no está claramente definido ni existe una fórmula única; no consiste, por un lado, en privatizaciones cuando el Estado confía enteramente a la empresa privada las obras o servicios públicos inherentes a su función estatal, ni tampoco consiste en el tradicional método de financiarlas con cargo total al presupuesto estatal. Hay, sin embargo, diversas formas de participación de los agentes privados que implican diferentes formas de colaboración recíproca.

Ciertos ejemplos parecidos, pero no idénticos ni únicos entre muchas posibilidades, ya se han pactado en Panamá en manejo de puertos, telecomunicaciones, energía. Pero la conveniencia evidente es que el sistema permite construir infraestructuras públicas o brindar servicios públicos sin cargos al presupuesto y, al tiempo, crear empleos y promover la economía del país.

Las nuevas autoridades han adelantado su intención de promover un proyecto de ley que fomente y regule la viabilidad y efectividad de este sistema. Es de esperar que, luego de los primeros días dedicados normalmente a su organización interna, los diputados se aboquen juiciosamente a considerar este proyecto, poniendo de lado las banderías políticas o extremas posiciones ideológicas sobre funciones adecuadas de Gobierno. Será un intento atendible para fomentar empleos y el desarrollo económico sin cargas al Estado.

EXDIPUTADA

‘[...] un régimen de asociaciones público-privadas que, con especial participación del capital privado, permita al Estado propiciar la realización de obras [...]'