¿Puede el Estado funcionar sin el Legislativo?

Todos entendemos que el Artículo 2 de la Constitución Política, el poder público emana del pueblo, lo ejerce el Estado por medio del Órgano Legislativo (Asamblea Nacional), Órgano Ejecutivo (Presidente de la República y Consejo de Gabinete) y el Órgano Judicial (Corte Suprema de Justicia), quienes actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración.

Recordando a Montesquieu, afirmaba que era necesario que las funciones del Estado se dividieran y separaran entre distintos poderes para que el poder se autocontrole y así evitar la tiranía.

La Asamblea Nacional es el órgano unicameral que ejerce el Poder Legislativo, integrada por 71 diputados electos por votación popular directa para un período de cinco años, su función fundamental es expedir leyes para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado.

Sin embargo, ante un nuevo escenario que plantea este nuevo período político nacional (2019-2024), se abren nuevas actitudes políticas que ponen en peligro la gobernabilidad, esencialmente en la Asamblea Nacional, que es atacada por los medios de comunicación, el poder económico que sigue peleando con sus mismos adversarios, todo por sostener, aun con cambio de Gobierno, el poder político/económico, tal como lo ha tenido siempre en los Gobiernos pasados; hay tres fracciones del poder económico/oligarquía que pelean el poder del Estado, estas son la oligarquía financiera, la comercial y la agroindustrial.

Ante esta situación, la Asamblea Nacional es el pararrayo de esta confrontación. Por lo tanto, es sometida por los órganos Ejecutivo y Judicial; todo esto expresa que las decisiones del pueblo en su acto democrático electoral no van muchas veces de acuerdo a los intereses de los grandes capitales que delinean el futuro del país.

Hoy, una Asamblea con PRD-Molirena con 40 diputados, 5 independientes, 18 CD y 8 panameñistas; lesionan al poder económico tradicional que no los dominan, que no representan su clase, por el contrario, muchos son líderes populares y barriales.

Esa rancia oligarquía que ve cómo su dominio total se desvanece ante la nueva oligarquía que pelea el poder político/económico con ellos, entra en franca política de devastación de aquellos poderes donde pierde su dominio. Para eso, enfilan todos sus medios de comunicación contra este órgano del Estado, haciendo natural/cotidiano que todos los diputados son ladrones, corruptos y coimeros.

Esta lucha entre tres frentes económicos, gane quien gane, de nada sirve para subsanar los grandes problemas que aquejan a las grandes mayorías del país, de nada sirve que estas tres oligarquías sigan enfrentándose, mientras el poder Ejecutivo no sabe para dónde coger, ya que responde a varios intereses de cada fracción, que le patrocinó sus elecciones y que juntos ganan en contratos y coimas.

Es tan elocuente su disputa que llegan a concebir un Estado panameño sin el Poder Legislativo, sin la representación popular de sus diputados que en su franca mayoría no pertenecen a sus círculos de poder, pero que están dispuestos a dar la lucha. Está oligarquía rancia y nueva, hace todos los ajustes necesarios para seguir conservando el poder, así rompa la simetría de los tres poderes del Estado, base de toda ‘democracia'.

Indiscutiblemente, si lo pueden hacer, seguirán forzando a la sociedad a exigir su destrucción, dinamizarán a sus diputados a llevar a la Asamblea al caos, si lo logran, darán todo el poder al Ejecutivo, mientras se construyen nuevos caminos para rehacer la Asamblea en su beneficio, quizás dentro de la nueva Constitución nacional. Así es como se puede destruir un poder del Estado, solo la unión y fortaleza de la nueva camada de diputados podrán frenar tal acometido político. Para eso tienen el apoyo de sus electores, de sus circuitos y de sus partidos nacionalistas y soberanos.

ECONOMISTA