La Estrella de Panamá
Panamá,25º

13 de Oct de 2019

Avatar del Roberto Antonio Pinnock Rodríguez

Roberto Antonio Pinnock Rodríguez

Columnistas

Las APP o nuevas trespatinadas para desmantelar el Estado (II)

Así, esta Ley pone en primera línea jerárquica el beneficio particular, arropado con un argumentos de beneficio para el país

En estos días a propósito de los debates sobre la Ley de las APP, recordaba una vez que el doctor Materno Vázquez (q.e.p.d.), brillante estadista de nuestra Patria, nos explicaba cómo era que, en las primeras décadas de nuestra República, los actores privados eran los que se dedicaban a la labor de cobrar los impuestos que se imponían en la época. El Estado pactaba con el recaudador privado una cifra para cada año y este se responsabilizaba por pagársela y recaudarlo. Por supuesto que, como todo actor económico privado, su interés estaba en recoger más de la cifra pactada con el Gobierno y sacar su ganancia de allí. Algo similar, ocurría con el manejo de los servicios de salud, los cuales gestionaban a su haber las autoridades norteamericanas, con personal técnico extranjero, pero todos pagados con fondos del erario panameño. Luego, este Estado netamente liberal evoluciona y asume áreas de servicios que hoy conocemos son de su perfecta competencia, en lo que algunos denominaron ‘la época del liberalismo social' desde 1931 y posteriormente el Estado de bienestar, perfeccionado en tiempos del general Torrijos.

Esto, de alguna manera, nos habla del tipo de Estado que ponía a manejar todo, pero absolutamente todo, desde, por y para el beneficio de los actores privados que más influencia tenían (y han vuelto a tener desde 1990) en el país. Este es el tipo de Estado añorado por los herederos consanguíneos y políticos de la oligarquía que ‘concesionó' la entrega del principal medio de producción de riquezas de nuestra Patria (la posición geográfica) a los EUA. Hoy, no solamente lo añoran; están dando todos los pasos para reinstaurarlo y las APP representan uno de los últimos escalones en esta escalada.

Así, esta Ley pone en primera línea jerárquica el beneficio particular, arropado con un argumentos de beneficio para el país. Es decir, no cabe quiebra alguna de una determinada empresa que sea acogida en esta clase de convenio, no cabe sanción de peso para la empresa que incumpla con el compromiso de beneficiar al pueblo a través de una obra, el Estado niñera de los entes privados o en su defecto, directamente la población, paga todo.

Por ejemplo, si se trata de una autopista, los que la utilicemos seremos los que pagaremos altos precios para la recuperación de la inversión de ese actor privado; la ganancia de esta está primero, no el bien común ni el interés colectivo. Al cabo de 30 años recibiremos de vuelta un corredor chatarra. Mientras, los entes privados habrán usufructuado lo mejor de la inversión.

Esta tercera oleada de privatización busca uniformar la modalidad de concesiones otorgadas al sector privado por el Estado, a costa de fondos del Estado y con frecuencia, de un endeudamiento creciente del sector público en favor de los acreedores financieros internacionales, que es la clase social que verdaderamente representa ‘la mano que está moviendo la cuna' de ese engendro jurídico.

El ‘ente rector' que se supone regirá los procesos de APP, de por sí revela para quiénes están pensados estos potenciales negociados. Ni los trabajadores organizados del sector privado (centrales y federaciones sindicales), ni los trabajadores profesionales del sector público (gremios docentes, gremios de la atención de salud, etc.), ni organizaciones de profesionales del sector privado (p. ej., la SPIA) ni siquiera los empresarios privados que representan a la micro y pequeña empresa están convidados a supervisar esta repartición de los fondos públicos.

Claro está, la realidad nos encuentra con organizaciones de estas clases sociales que lo que menos demuestran es tener una alta capacidad de movilización en favor de los intereses y del bien común, ni siquiera con capacidad para controlar las decisiones de sus propios representantes en juntas directivas de instituciones públicas como en el penoso caso de la CSS.

Pero con independencia de este nivel precario de conciencia de clase de sectores populares, estos debemos pensar en fortalecer esta capacidades organizativas y ser parte de la toma de decisiones de estos procesos que enfrenten el desmantelamiento de lo poco que queda de un Estado concebido constitucionalmente para el bien común.

¿Hay espacio para la descentralización? No hay el más mínimo espacio para eso; menos para los capitales dispersos, los pequeños y medianos no tienen cabida en esta repartición de panes.

SOCIÓLOGO Y DOCENTE DE LA UP.

‘Esta tercera oleada de privatización busca uniformar la modalidad de concesiones otorgadas al sector privado por el Estado, a costa de fondos del Estado [...]'