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07 de Dec de 2019

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Orlando Acosta Patiñoopinion@laestrella.com.pa

Columnistas

Inversión pública y ordenamiento territorial

“Urge entender, desde la centralidad y de lo local, el concepto de ordenamiento territorial, equidad y sostenibilidad”

Presento reflexiones sobre aspectos de la inversión pública en temas de movilidad e infraestructura, la cual tendrá —a mediano y largo plazo— un gran impacto social y territorial sobre la región metropolitana. La inversión en infraestructura de movilidad urbana anunciadas para el sector oeste de la Región Metropolitana, que incluye la línea 3 del metro —con 14 estaciones y 25 kilómetros de vía del tren—; el cuarto puente sobre el Canal, la ampliación del tramo Panamá-Arraiján a seis carriles y el Corredor de Playas; todas de alto impacto sobre los territorios de más dinámico crecimiento del país. Por último, la playa artificial en la bahía de Panamá, inversión que se hace sobre los corregimientos más ricos de la ciudad. Todas estas decisiones merecen reflexión desde la mirada de ordenamiento territorial, inversión y equidad social dentro de la gran Región Metropolitana, más allá de reactivar la economía.

Ordenamiento territorial es una acción planificada que evalúa la inversión sobre el territorio para satisfacer las necesidades de desarrollo de la población. Tiene una fuerte variable ambiental: eje transversal que tiene un objetivo de orientar la inversión pública y privada en la búsqueda de equilibrio territorial y sostenibilidad. Este ejercicio es clave en la región metropolitana, la Cuenca del Canal, en un contexto de variabilidad climática y demandas de agua.

La responsabilidad y competencia en tareas de ordenamiento territorial están en permanente discusión. Este asunto viaja desde la centralidad del Estado que reclama una responsabilidad desde el Miviot y que entra en conflicto con los municipios y los conceptos de descentralización. Desde lo territorial transita por un “enjambre administrativo” que trata de deslindar alcance desde lo local, lo regional y lo nacional.

Para los distritos de Arraiján, La Chorrera y Chame el resultado de las decisiones de inversión en infraestructura vial, en ausencia de instrumentos de ordenamiento territorial, impactará los desequilibrios económicos, ambientales y territoriales.

“Ordenamiento territorial es una acción planificada que evalúa la inversión sobre el territorio [...]”

En el caso del distrito de Panamá, la inversión en una playa artificial, fuera de la consulta que resultó del Plan de Ordenamiento del distrito de Panamá, va a concentrar riqueza en los corregimientos centrales ya deformados desde esa perspectiva. Bella Vista, La Exposición, Marbella y Paitilla ya han sido favorecidos con fuertes inversiones públicas como el Metro y Cinta Costera. El anuncio de la adjudicación el estudio de impacto ambiental para este proyecto ubicado en los corregimientos más ricos y centrales de la región metropolitana fue hecho esta semana, lo que hará sino concentrar más la riqueza, en vez de redistribuirla sobre el territorio y la gente.

Crucemos el puente, nuevamente. La decisión de construcción de seis carriles hasta Arraiján con la devastación de cobertura vegetal de extensos bosques a la orilla del Canal fue una acción fuera de la reflexión integral que planteamos. La acción fue realizada con cero controles de erosión y el efecto en sedimentos —no solo para los ríos, sino al Canal mismo—, en ausencia de una institucionalidad que impusiese control.

Al sector oeste de la Región Metropolitana se diseña una línea 3 del Metro en ausencia de una reflexión sobre los requerimientos de infraestructura de vivienda, servicios, desconcentración gubernamental, equipamiento social, comercial y/o de salud, etc. para el sector oeste. En un horizonte más largo, los viajeros del sector oeste seguirán congestionando los seis carriles y el cuarto puente sobre el Canal y el Metro para trabajar, consumir, pagar impuestos, asistir a hospitales, a estudiar y generar riqueza desde el otro lado del puente. Las tareas de ordenamiento territorial para el oeste de la Región Metropolitana, seguirán atrapadas entre las decisiones centrales en desmedro de lo local.

En fiestas patrias estuve en las costas de Coronado. Las suntuosas villas y casas de playas contrastan con el resto del patrón semiurbano de los pueblos adyacentes de Bejuco, San Carlos, Cabuya o La Ermita, por mencionar algunos.

La apropiación de la línea de costas y playas por las villas a orilla de mar, toma un carácter escandaloso en Playa Serena, por ejemplo. Es imposible caminar por la playa, ya que los que serán beneficiados con la construcción “de un corredor de playas”, inversión que parece estar direccionada a favorecer a unos y no a otros. ¿Es esta inversión del corredor de playas equitativa e impulsora de un desarrollo equilibrado del territorio para los distritos de La Chorrera y Chame y más allá San Carlos, Las Uvas y allende? ¿Se articula la inversión en una estrategia de turismo incluyente, sostenible y equitativo? ¿Está pensada desde una perspectiva de ordenamiento territorial para los distritos de Chame, El Valle, Antón y territorios cercanos? La inversión pública, en el caso del corredor de playa, va a acentuar la iniquidad para favorecer esquemas concentradores de riqueza con un potencial de explosión social en el mediano y largo plazo. Ya las experiencias en otras latitudes vienen dando visos de conflicto social e inestabilidad.

“La apropiación de la línea de costas y playas por las villas a orilla de mar, toma un carácter escandaloso en Playa Serena [...]”

¿Justifica la inversión del corredor de playas una estrategia integral territorial que redistribuya riqueza entre los más pobres? ¿Cómo financiar las demandas en inversión social de los pueblos y comunidades del oeste en escasez de recursos? Yo propondría la demolición de las construcciones ilegales sobre las playas y costas, y los costos de esta acción facturada a las trasgresores. Los ingresos por este cobro se revertirían en salud, educación, deporte, capacitación, turismo sostenible para y en las comunidades deprimidas de la costa de playas de Panamá. Con esos dineros pueden construirse escuelas, centros de salud, ofrecer capacitación, gestionar desechos e impulsar desarrollo.

Urge entender, desde la centralidad y de lo local, el concepto de ordenamiento territorial, equidad y sostenibilidad. Se hace necesario pensar de qué manera la inversión pública puede detonar una distribución equitativa de la riqueza que genera el crecimiento económico de una de las economías más dinámicas de la región.

Finalmente, ¿está el conjunto de las inversiones en movilidad vial articuladas con una política local de ordenamiento que proponga una visión que permita un mejor equilibrio territorial en la región metropolitana para bienestar social de sus habitantes? No se trata solamente de reactivar la economía, se trata de redistribuir riqueza y reducir iniquidades. De esta manera estamos asegurando un futuro sin violencia y sin desequilibrios ni iniquidades, las cuales ya han demostrado en otras latitudes un alto costo político y social.

Ingeniero