Panamá,25º

06 de Dec de 2019

Pedro Rivera Ramos

Columnistas

Femicidio y feminicidio. Situación en Panamá

“Se precisa de un sistema verdaderamente integral de prevención y atención de las mujeres en situaciones de violencia”

El 27 de junio de 2019, la indígena Elisa Morales Moreno, de 36 años, fallecía en el Hospital Regional de David, después de haber permanecido en estado de coma desde el 26 de mayo. Ella había sido encontrada agonizando, semidesnuda, con severos golpes en su cabeza y evidentes signos de violencia sexual, en el cementerio de Finca Blanco en el distrito de Barú, Chiriquí. Con relación a este horrible hecho, uno de los agresores, Sandalio Miranda, fue condenado mediante acuerdo de pena a cumplir 23 años y seis meses de prisión. Otros dos siguen detenidos.

Elisa Morales se sumaba así a las nueve víctimas de femicidio que, al 31 de mayo de este año, se habían registrado en Panamá y a las más de cien que han tenido lugar en los últimos cinco años.

Este tipo de crimen que viene a caracterizar la forma de violencia más extrema ejercida por los hombres contra las mujeres, con la finalidad principal de mantener su dominación, control o poder sobre ellas, generalmente viene a resumir toda una historia previa de golpes, abusos físicos, psíquicos, violaciones continuadas y otros tipos de agresiones, donde las víctimas muchas veces no son ni atendidas ni protegidas a tiempo.

Para tipificar el homicidio de las mujeres por su condición de tales, a causa de machismo, misoginia u otros comportamientos, se fue incorporando en las legislaciones de muchos países el concepto de femicidio, que empezó a utilizarse desde la década del 60, luego del salvaje asesinato el 25 de noviembre de tres mujeres dominicanas (las hermanas Mirabal, Patricia, Minerva y Mª Teresa), por el Servicio de Inteligencia Militar de ese país. En Panamá, por ejemplo, se aprueba la Ley 82 de 24 de octubre de 2013, donde se define por primera vez este término como: “causar la muerte a una mujer basada en la pertenencia al sexo femenino, por causa de la discriminación o cualquier otra forma de violencia”.

En esta Ley también se establecen los derechos de las mujeres víctimas de violencia, las obligaciones del Estado, disposiciones penales y procesales, un comité nacional contra la violencia de la mujer, juzgados y fiscalías especializadas, políticas públicas de sensibilización, prevención y atención hacia las mujeres y la reparación de los daños. Pese a ello, las cifras y las formas más despiadadas de ensañamiento contra la mujer, lejos de disminuir en número y crueldad, tienden a aumentar.

El comportamiento del flagelo del femicidio en Panamá, según las autoridades nacionales, viene expresándose entre los 25 y 35 años, mientras que el rango de edad de las víctimas es de cinco a 30. Son más comunes los femicidios íntimos, es decir, los que surgen de las relaciones entre parejas y del ámbito doméstico. Los métodos más usuales para cometer estos asesinatos contra las mujeres son las armas blancas, de fuego y también las asfixias y los golpes. Está situación es tan alarmante, que en el 2015 se registraron 29 delitos de femicidio con 17 tentativas; 2016 con 19 femicidios y cuatro tentativas; en el 2017 con 18 y 13 y en el 2018 se registraron 19 y 14 tentativas.

Según el Informe Mundial de la Mujer de la ONU del 2015, el 35 % de las mujeres del mundo han sido víctimas de violencia física o sexual a lo largo de sus vidas. Por otro lado, entre los años 2016 y 2017, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), examinando los datos de 19 países, encontró que la mayor prevalencia de los feminicidios se reporta en El Salvador, con una tasa de 10,2 por 100 000 mujeres; Honduras (5.8) y Belice (4.8).

Es muy común que el término femicidio se utilice, principalmente en el ámbito jurídico, como sinónimo de feminicidio. Con este enfoque de abordar los crímenes misóginos contra las mujeres (femicidio), se deja de reconocer, por un lado, la cultura de odio que está implícito en estos homicidios y, por el otro, las desigualdades en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, así como la impunidad y la tolerancia e inacción de los Estados frente a estos delitos (feminicidio).

Es necesario que desde el Estado, las familias, las comunidades y el sistema educativo, se promuevan los cambios culturales para poner fin a la violencia de género, las discriminaciones y subordinaciones por sexo, la creencia de un falso sentido de propiedad del hombre sobre la mujer.

Se precisa de un sistema verdaderamente integral de prevención y atención de las mujeres en situaciones de violencia.

¡No más asesinatos de mujeres por razones asociadas al género en Panamá!

Ingeniero agrónomo.