A 30 años exigimos justicia

El 2019 finaliza con un conjunto de acciones del gobierno que evidencian sus intereses y prioridades, mismos que se encuentran en contradicción con los problemas nacionales y sociales.

En lo patriótico, los anhelos del pueblo panameño para que el 20 de diciembre sea declarado día de duelo nacional, fue burlado una vez más, un gobierno que, a 30 años de la invasión norteamericana a Panamá, emite una Resolución que violenta lo que establece la Constitución y el Código de Trabajo, en el sentido que el día debió ser declarado no laboral a la altura del respeto que merecen los caídos en esa fecha. Igualmente, mientras los panameños exigimos que se esclarezca el número de asesinados y desaparecidos durante la invasión, el gobierno, a través del Ministerio de Gobierno, en este mes de diciembre realizó ejercicios conjuntos con el ejercito invasor en la provincia de Darién, y firma acuerdos con el Cuerpo de Paz, lo que constituyen una afrenta al sentir del pueblo panameño.

En cuanto a la seguridad ciudadana, la ola de asesinatos, robos, hurtos, feminicidios se ha incrementado, ante la ineficacia del Ministerio de Gobierno. El estado de inseguridad en el país llegó a un estado tal, que hasta las instituciones penitenciarias son presas de la inseguridad, tal como ocurrió en el Centro La Joyita, tubo lugar la peor masacre en un centro penal del país, dejando como saldo 15 muertos y una docena de heridos, evidenciando el uso de armas de fuerte calibre, que ponen una vez más en el tapete la red de trafico de armas que priva en estos centros, y sobre lo que no se abriga mayor esperanza de un proceso serio de investigación, juicio y condena a los responsables, incluyendo altos funcionarios. Mientras ello sucede, Mirones firma convenio de “cooperación en ciberseguridad” con los Estados Unidos.

Como plantea FRENADESO, “no sólo es la crisis del sistema penitenciario o la corrupción en la Policía, lo que vivimos a 30 años de invasión es el colapso de todo el sistema”, lo que reafirma la lucha por una Asamblea Constituyente Originaria.

En el plano social, las condiciones de vida de la mayoría de la población, se han visto deteriorada: alto costo de la vida, desempleo, informalidad, deficientes servicio de salud pública provocado para privatizar, áreas sin acceso al agua potable, degradación ambiental, salarios y pensiones que no alcanzan para cubrir el costo de la canasta de alimentos y otros servicios necesarios (vivienda, salud, educación, transporte, luz, agua, teléfono, vestido, etc.). Frente a ello, un gobierno que liberaliza los precios, en un mercado imperfecto donde impera una cadena distributiva oligopólica y especuladora, que permite ganancias extraordinarias al reducido grupo de empresarios (115 ultra millonarios), mismo que estrangula a los micros y pequeños empresarios, a los productores, y niega el aumento de salario mínimo a los trabajadores. De seguro, una vez más no se hará justicia a los trabajadores, el Ejecutivo no cumplirá el precepto de Salario Justo, que cubra las necesidades materiales del trabajador y su familia”.

La corrupción sigue acompañada de la impunidad. A algo más de seis meses del gobierno, son varias las denuncias por contrataciones directas sin justificación, que favorecen a compañías, amigos, socios, parientes de altos funcionarios de este gobierno, sin embargo, no hay procesos de investigación, ni despidos. Entre otras, las denuncias de corrupción e impunidad bajo esta administración han estado en PANDEPORTES, SENAFRONT, Autoridad de Aseo, Lotería, Ministerio de la Presidencia y otros, obligando al gobierno a suspender algunos de estos contratos por denuncia de la población y no por la fiscalización del gobierno. Continua una justicia para los ricos y otra para los pobres.

A 30 años de invasión seguimos luchando para que el 20 de diciembre sea declarado día de duelo nacional, en toda la extensión de lo que ello significa; por el respeto de nuestras conquistas y derechos, por aumentos de salario mínimo y un aumento general de salarios acompañado de disminución y regulación de precios; contra las políticas privatizadores, caso de la educación, salud agua potable; adecentar el Estado ante la corrupción e impunidad reinante a través de una Asamblea Constituyente Originaria auto convocada con plenos poderes.