Prolegómenos de la “pandemia” socioeconómica

Al inicio de la peste SART-CoV-2/COVID-19 -Nueve de marzo de 2020, anuncio oficial- en Panamá, los indicadores socioecómicos más importantes reflejaban una deteriorada situación económica y social, afectando especialmente los sectores más vulnerables. Crecimiento de apenas el 3%, desempleo abierto de 7.1%, empleo informal de 45%, una relación Deuda/PIB arriba del 45% y según un estudio del Gabinete Social del actual gobierno, la línea de la pobreza multidimensional (precariedad en educación, servicios básicos, agua, electricidad, vivienda, salud, etc.) se ubica en el 30% de pobreza de los hogares panameños.

“Las medidas sanitarias, en términos generales, han estado a la altura de las circunstancias y en acatamiento de las recomendaciones de los organismos internacionales de salud pertinentes, esto es, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS); sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con las providencias adoptadas por el “buen gobierno” en materia de solidaridad social y decisiones económicas de fuerza mayor”. (La Estrella de Panamá, 28/03/2020 11:40).

En efecto, la renuencia de las autoridades nacionales de adoptar medidas financieras para aliviar la carga crediticia de personas naturales, de pequeñas empresas y del pueblo en general, así como decretar la moratoria en el pago de los servicios públicos (agua, luz, teléfono, internet, etc.); la desacertada medida de distribución de bolsas de comida en lugar de “bonos solidarios”; la percepción en importantes sectores de la población de que se pretende aprovechar la crisis sanitaria para actos de corrupción pública; y finalmente, el cierre (golpe de Estado) arbitrario e inconsulto de la Asamblea Nacional, por parte del “mandadero” de la Presidencia de la República, diputado Marcos Castillero, han creado todos los ingredientes -confusión y desinformación- que han generado una inmensa especulación, caldo propicio para que los delincuentes promuevan en la población el irrespeto a los agentes de la autoridad en el cumplimiento de la Ley, como también, asaltos y conatos de saqueos.

En este escenario incierto, de confusión y desinformación, tanto las autoridades sanitarias como el gabinete socio económico deben procurar la mayor claridad, firmeza y sencillez en sus orientaciones a la población. Por ejemplo, explicar claramente a las personas que los estamentos de seguridad pública, están en las calles para hacer cumplir con todo el rigor de la Ley, el “toque de queda” o la “cuarentena” total, porque esta medida es crucial para lograr el “aplanamiento” de la curva de casos positivos de COVID-19. Por otro lado, “errar es de humanos”, por tanto el gobierno debe modificar la complicada y cuestionada distribución de “bolsas de comida” por bonos con denominación monetaria, de modo que las 250,000 (doscientas cincuenta mil) familias en condiciones precarias (trabajadores informales, desempleados, tercera edad en pobreza, personas en la calle, etc.) que entiendo, ya deben estar “censadas”, puedan disponer de una forma eficiente y eficaz de los medios económicos para solventar la primera parte de la pandemia.

Una cosa debe quedarle claro al Señor Presidente, para que las personas -4.2 millones de panameñas y panameños y, entre estas, un millón que sobreviven en precarias condiciones- cumplan con el mandato legal de la “cuarentena” sanitaria, es menester e indispensable que el gobierno le proporcione, a estos últimos, los recursos mínimos, sobre todo, a los “pobres de solemnidad”, porque el pueblo sabe que el gobierno cuenta con los recursos financieros (más de seis mil millones dólares) para enfrentar la crisis sanitaria y sus secuelas socioeconómicas. En consecuencia, se debe disponer transferencias de dinero por las suma de B/.300.00 mensuales durante tres meses a 250 mil familias, lo que arrojaría un monto total de 225 millones de balboas. Si otros países más pobres en la región -Salvador y República Dominicana- lo han hecho, por qué Panamá no habría de hacerlo.

La otra parte de esta crisis son los efectos sociales, políticos y económicos, una vez superados estragos sanitarios de la pandemia. En ese aspecto las perspectivas son tétricas. Por lo pronto, se prevé una depresión económica y una tasa de desocupación por el orden del 20%. Frente a ese futuro escenario, la transparencia en el manejo de las finanzas públicas, el sacrificio por parte de la burocracia estatal, es crucial. Por eso, es inadmisible el “cierre” de la Asamblea Nacional, la cual –como en cualquier Estado Democrático de Derecho- debe estar sesionando de manera permanente en su período ordinario y adoptar las medidas legislativas que sean necesarias para paliar la enorme crisis socioeconómica que sobrevendrá una vez superados los problemas sanitarios –muerte y efectos colaterales- causados por el virus maldito. ¡Así de sencilla es la cosa!