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30 de Jun de 2022

  • Álvaro V. Ramírez-Alujas

Columnistas

Tránsito hacia un Gobierno abierto en Panamá

Desde el año 2012, Panamá es miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto, plataforma multilateral voluntaria que promueve un nuevo modelo de gobernanza de los asuntos públicos, desde la transparencia, participación pública e innovación, que rinda cuentas y que responda a las cada vez más variadas, complejas y desafiantes necesidades de la ciudadanía.

Desde el año 2012, Panamá es miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto, plataforma multilateral voluntaria que promueve un nuevo modelo de gobernanza de los asuntos públicos, desde la transparencia, participación pública e innovación, que rinda cuentas y que responda a las cada vez más variadas, complejas y desafiantes necesidades de la ciudadanía. En la actualidad, 78 países y un grupo de 20 Gobiernos locales son parte de esta iniciativa que está transformando la forma de gobernar en todo el mundo, desde un trabajo conjunto y colaborativo con organizaciones de la sociedad civil al co-crear planes de acción bianuales, que incluyen compromisos concretos para reformar el Estado y mejorar la calidad de vida de las personas, en ámbitos como la educación, salud, infraestructura pública, combate a la corrupción, entre otros.

A la fecha, Panamá ya ha diseñado e implementado tres (3) planes de acción nacional, donde se han destacado compromisos relativos a la transparencia en la calidad del agua, la rendición de cuentas en obras públicas, y como logros sustantivos, la promoción de formatos digitales estándar para la publicación de datos abiertos (“open data”), notables resultados en el centro de asistencia al cuidadano (Fono 311), como plataforma de gestión de información y quejas sobre servicios y trámites, y la publicación de finanzas públicas como eje de una mayor transparencia presupuestaria. No obstante, existen grandes desafíos en avanzar hacia una mayor apertura institucional en otros poderes del Estado como es la Asamblea Nacional (Parlamento Abierto y transparencia legislativa) y el Poder Judicial (Justicia Abierta), como también en el espacio de los Gobiernos locales (Municipios Abiertos), donde mayor impacto pueden tener este tipo de estrategias, reconocidas por organismos multilaterales como OECD, BID, Cepal, CAF, OEA, CLAD y Gigapp. Es por ello que Panamá debiera explorar nuevos espacios para aprovechar el talento distribuido en la sociedad, en la resolución de problemas públicos complejos que requieran de un esfuerzo más horizontal y participativo en la formulación y puesta en marcha de políticas públicas con directo beneficio en la ciudadanía -la idea de gobernanza ciudadana inteligente y el uso intensivo de la tecnología e innovación para el bien común-, tanto en el proceso (forma) como en los resultados (fondo) de una mayor apertura del Estado en su conjunto.

En los próximos meses, Panamá deberá iniciar los trabajos para formular e implementar su cuarto plan de acción nacional, que incluya la participación de una amplia diversidad de actores de sociedad civil, sector privado y academia, y que permita generar compromisos concretos para contribuir al bienestar colectivo, ojalá integrando a otros poderes y niveles del Estado y de la sociedad (Estado Abierto). Es un tremendo desafío y oportunidad única para transitar hacia un nuevo modelo de gobernanza distribuida y colaborativa para el siglo XXI, para gobernar el futuro desde un enfoque donde la ciudadanía es protagonista y aliada en el esfuerzo por reducir brechas de desigualdad, alcanzar la justicia social y mejorar el tejido institucional, recalibrando y ajustando el sistema democrático, y ampliando sus capacidades, desde la contribución y aporte de los propios actores del desarrollo. Pasar de un Gobierno que trabaja para la gente (vertical, lejano, cerrado) a uno que lo hace con la gente (más horizontal, cercano, abierto e inclusivo).

Profesor de Maestría de Aden School of Government; ponente de la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto (2016).