Ya basta de sermoneo

Las maneras son muy importantes en todo, y las decisiones de salud pública no son una excepción. Las maneras de comunicar de las autoridades encargadas de establecer y ejecutar políticas de salud pública, aun en medio de una pandemia, son tan importantes como el fondo, porque para modificar conductas -que es lo que se busca en educación de salud pública- las maneras pueden ayudar al logro del objetivo deseado, o pueden echar por tierra todo el esfuerzo.

Lamentablemente, como ciudadano debo decir que las autoridades encargadas de tomar decisiones en nuestro país han venido mostrando, de modo creciente, un tono amenazante y represor, acompañado de una actitud de poca disposición para la autocrítica y para corregir rumbo sobre la marcha. El confinamiento impuesto a toda la población del país es uno de los más duros del mundo occidental. Por ejemplo, la enorme mayoría de países que han establecido confinamiento domiciliario, han permitido que los ciudadanos salgan de sus hogares para hacer compras esenciales, sin las restricciones de horarios y días de la semana que se han impuesto en Panamá. ¿Habrán considerado la posibilidad de que algunas de las medidas hayan sido contraproducentes y hayan inhibido en algún grado la eficacia de las medidas adoptadas?

Estamos navegando en gran medida sobre terreno nuevo. Precisamente por esto, los Gobiernos y autoridades que están tomando decisiones, tienen el deber de mantenerse abiertos a continuamente monitorear, a examinar las experiencias de otros países, y a reexaminar las decisiones y medidas propias, a fin de hacer los ajustes que corresponda. Habrá errores, eso es inevitable, pero ello no puede ser excusa para incurrir en la autocomplacencia de asumir que el camino iniciado es el mejor de los caminos posibles.

El epidemiólogo colombiano Julián Fernández-Niño, profesor del Departamento de Salud Pública de la Universidad del Norte, Colombia, colgó un tuit el día 14 de mayo indicando que “En salud pública, las medidas de control verticales, y autoritarias, agotan su capacidad y aceptación con el tiempo. Se justifican en emergencias, pero si algo dura mucho, es indispensable, ético y más efectivo, concertar, empoderar y construir estrategias con las personas”. También, en otro tuit de misma fecha, indica que “la educación en salud NO se trata de sermonear a la gente sobre sus conductas, sino de transformar conjuntamente esa conducta, comenzando por generar un contexto que lo favorezca”.

La experiencia con campañas de salud pública indica que el recurso de infantilizar a la población puede y suele generar e n esta el efecto opuesto al deseado, pues llega a “desconectarse” del mensaje. Algunas figuras del Gobierno, desde varios ministros y viceministros hacia abajo, han venido utilizando el recurso de las amenazas y de tratar a los ciudadanos como niños de tercer grado a los que, parecieran ellos pensar, hay que estar regañando y amenazando constantemente para que se comporten de forma adecuada. Se percibe ya entre la población un notable grado de “cabreo” frente a dicha conducta, que además refleja una profunda incomprensión de la relación que existe en una república entre ciudadanos y funcionarios. Los funcionarios son, ni más ni menos, ciudadanos contratados para dedicarse a tiempo completo a atender asuntos de interés para toda la ciudadanía. La naturaleza de la relación no cambia en lo absoluto por el hecho de que se trate de funcionarios con un conocimiento tecnocientífico específico. La idea tecnocrática de que los “expertos” –lo pongo entre comillas porque en sistemas complejos no existe la experticia— deben mandar sobre la población y que esta debe limitarse a acatar sin chistar, es una idea elitista incompatible con una república donde impera el principio de representatividad, idea que sin embargo es tristemente aceptada y promovida por muchos, especialmente en materia de salud pública. Eso debe cambiar. En tal sentido, me ha parecido muy atinado y digno de resaltar lo señalado en comunicado reciente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, firmado por el Dr. Enrique Mendoza, en sentido de que “la decisión de reabrir la economía no es solamente médica o de salud pública y conocemos las consideraciones críticas a analizar desde la perspectiva económica y social… todos los panameños tenemos el derecho de expresar nuestros pensamientos cuando se trata de nuestras vidas. El pueblo de Panamá no ha delegado las decisiones que implican vida o muerte, salud o enfermedad, a ninguna persona o grupo de personas en particular”. Amén.

Ya basta de sermones y amenazas diarias. La cooperación ciudadana en salud pública se logra con docencia respetuosa, no a punta de garrote.