Después del avance del informe de la Comisión 20 de diciembre ¿Qué viene?

Se cumplen ya 31 años desde la invasión de los Estados Unidos a Panamá, que termino con el desplazamiento del poder de Manuel Antonio Noriega. La fecha más que eso, fuerza al duelo nacional, la reflexión y a la obligación de rendir homenaje a la memoria de las víctimas, así como continuar contribuyendo con las acciones para reparar el daño. Como es del conocimiento de la ciudadanía, este año se procederá a presentar el avance Informe Final de la Comisión del 20 de diciembre de 1989, mismo que será evaluado por el presidente de la República y comunicado a todo el pueblo panameño.

A pesar de que se ha puesto interés durante todos estos años en la búsqueda de la verdad, lo cierto es que ante el mundo se ha evidenciado que por mucho tiempo no se procedido debidamente con las investigaciones y reclamos pertinentes. En consecuencia, es hora de que el Estado panameño demuestre a cabalidad su deber patriótico de velar por el respeto y cumplimiento de los derechos humanos de sus ciudadanos cristalizando el anhelo de justicia de los que perdieron sus vidas en los aciagos días del suceso. Asimismo, es obligante que una vez se presente la excerta legal aludida, de inmediato las autoridades competentes, adopten medidas que permitan investigar exhaustivamente los sucesos; entrevistar a los sobrevivientes y registrar los hechos.

No menos importante que lo anterior, es determinar las acciones diplomáticas que debe adelantar la política exterior panameña, en aras de hacer valer las exigencias que dimanen del Informe final de la Comisión. Ciertamente, se hace imperativo fortalecer los mecanismos de defensa jurídica de la nación ya que, a raíz de esta intervención, se incumplió con la prohibición de intervenir en los asuntos internos de otros Estados, estipulada tanto en la Carta de la ONU, como en la de la OEA y constatar las violaciones de los derechos individuales consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que obligan a los Estados Unidos a compensar a las víctimas civiles, que perdieron a sus familiares, a los que sufrieron heridas y perdida de sus bienes.

Asimismo, hay que señalar que se ha mantenido la comunicación respetando el ámbito de la acción de las autoridades de la república para proporcionar toda la información necesaria y así iniciar con las denuncias aún pendientes por la invasión de los Estados Unidos en prejuicio de ciudadanos panameños ajenos a los hechos. Estas demandas permitirán que Panamá obtenga acceso a toda la información correspondiente sobre la invasión y que se pueda determinar si hay otros individuos potencialmente involucrados, que en su momento conscientemente pusieron en riesgo la vida e integridad física de los panameños.

A pesar del paso de los años, la indignación por la desaparición de víctimas inocentes y ajenas a lo sucedido no ha mermado, sin embargo no se trata de oponer al odio, más odio, sino, simplemente de exigir justicia para aquellos que ajenos a los hechos, fueron víctimas de los mismos.