Pacto de Toledo

De España hemos recibido, desde los tiempos de la colonia, influencias enriquecedoras que han servido para modelar algunas de nuestras instituciones jurídicas, políticas y culturales más importantes. Y, al presente, la “madre patria” y su dinámica vida política y cultural pueden seguir aportándonos ejemplos para estudiar o seguir.

La transición del franquismo a su actual monarquía constitucionalizada y más precisamente el acuerdo alcanzado entre todas sus corrientes políticas que produjo la Constitución de 1978 es una fuente casi inagotable de experiencias que, debidamente estudiadas y adaptadas, pueden servirnos para mejorar nuestras instituciones o encauzar soluciones a problemas que amenazan la paz social de la nación, como, por ejemplo, la crisis de la seguridad social.

Superada la oscura noche del franquismo, gracias al entendimiento civilizado de sus principales fuerzas políticas, pudo cumplirse, primero, la crucial etapa inicial que ha venido a ser conocida como “La Transición” y, segundo, la consolidación de su democracia, bajo los liderazgos de Adolfo Suárez y Felipe González. A este último se deben, en lo internacional, la europeización de España al integrarla a la Unión Europea y, en el ámbito nacional, haber promovido la solución, a largo plazo, del problema medular del régimen de las pensiones, mediante el “Pacto de Toledo”, paradigma de concertación política, creado en 1995 y que todavía perdura, como dan cuenta informaciones recientes que nos llegan desde el otro lado del charco.

Corría el año de 1995, el Gobierno del PSOE, después de las últimas elecciones había perdido la mayoría absoluta con la que había contado hasta 1994, sin embargo, con la decisiva cooperación parlamentaria de Convergencia y Unión, que gobernaba en Cataluña y que presidía Jordi Pujol, el 6 de abril, en el Congreso de los Diputados se aprobaron los contenidos del documento bajo el enunciado general: “Análisis de los problemas estructurales del sistema de seguridad social y de las principales reformas que deberían acometerse”, que desde entonces se conoce como “El Pacto de Toledo”.

Las principales virtudes de ese trascendental documento fueron, uno, haber nacido del consenso de las principales fuerzas políticas españolas y, dos, que para imprimirle continuidad y salvaguardarlo de la controversia político-partidista, ese mismo año se creó, también en el Congreso de los Diputados, una “Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo”, que se reúne cada cinco años, con la misión específica de dar “seguimiento al sistema de pensiones y de proponer recomendaciones para su mantenimiento y mejoras”.

En Panamá, en el año 2005, se abordó el problema del sistema de pensiones con una reforma de sus normas legales que fueron concebidas para tener efectos temporales y, por tanto, debían ser evaluadas al cabo de diez años. La historia es conocida. En los años posteriores los Gobiernos que cumplieron los períodos 2009-2014 y 2014-2019 escurrieron el bulto y evadieron asumir esa responsabilidad, principalmente motivados por mezquinos cálculos electorales.

Durante la pasada campaña electoral, el ahora presidente anunció su decisión de asumir la responsabilidad de enfrentar el problema y convocar a un “Diálogo Nacional por la Caja del Seguro Social (CSS), con la participación de todos los sectores, para rescatar la institución y lograr su sostenibilidad financiera”. Pero también aclaró que para su inicio y desarrollo con resultados era imprescindible contar con “estados financieros actualizados”.

La irrupción de la pandemia, con sus gravísimas secuelas que han afectado sustancialmente las fuentes de financiamiento de la CSS y la inexistencia de ese insumo financiero fundamental, que todavía no se completa, impusieron la dilación en la iniciación de ese diálogo al que, responsablemente, ahora se dio inicio el pasado 18 de enero.

Una vez formalizada la convocatoria, por la envergadura y trascendencia del tema que, directa o indirectamente, afecta a dos terceras partes de nuestra población, para nada debe sorprendernos que haya generado comentarios, discusiones, proposiciones y hasta críticas destructoras que, sin proponer nada que pueda considerarse como medianamente positivo, desde ahora, pareciera que se solazan prediciendo su fracaso.

Un problema de las proporciones del de la Seguridad Social demandará que todos cuantos decidan involucrarse, desde sus etapas iniciales, deban ser cautelosos, apegados a la objetividad y motivados por actitudes constructivas. En ese sentido, propongo que, como primera premisa, se tenga en cuenta que la discusión de las posibles soluciones no podrá ser positiva si se escogen como sus primeros temas aquellos que, de antemano, sabemos que pueden estancarlo y suscitar agrias confrontaciones. Pongo como ejemplo los siguientes: 1) Las propuestas que propugnan por la privatización de la Caja o de alguno de sus programas y muy especialmente el de pensiones 2) La división de la institución que significaría romper el concepto unitario que le dio nacimiento y ha sido su idea matriz desde entonces 3) El aumento de las cuotas, en monto o en la cantidad necesaria para acceder a la jubilación 4) La edad de jubilación.

Para que el diálogo pueda encarrilarse exitosamente, desde sus primeras etapas, también será necesario que sobre él gravite la realidad política de que las reformas que pudieran convenirse y recomendarse, luego tendrán que ser discutidas y aprobadas mediante reformas legales por la Asamblea Nacional (AN). Eso, en términos claros y descarnados, significa que la suerte final de las reformas penderá de que encuentren una recepción favorable en la AN. Es por esa razón que, desde el mismo inicio, las dirigencias de los partidos políticos y sus representaciones en el parlamento deben ser parte de las soluciones que se acuerden en el diálogo. De nada serviría y hasta sería catastrófico que los acuerdos alcanzados en el diálogo no tuvieran asegurado su tránsito favorable por contar con los votos, anticipadamente asegurados, de los diputados.

Para la concertación del Pacto de Toledo y esto es de la mayor importancia destacarlo, las fuerzas políticas españolas convinieron en asumir la responsabilidad de asegurar su paso favorable por el Congreso de los Diputados. Ese fue el factor determinante y ese también deberá serlo en Panamá. Pero para que eso pueda ocurrir, las dirigencias políticas deben asumir el protagonismo necesario; si hay reticencias o median cálculos políticos electorales el futuro de cualquier proyecto navegará con rumbo impredecible.

No ahora, sino desde hace muchos años, es un hecho comprobado que fue, precisamente, debido a decisiones políticas coyunturales, que sus autores entonces estimaron que podían ser fuente de provechos personales o de grupos, que comenzó el calvario de la CSS. Existe, y eso no es ningún secreto, una deuda impaga con el Seguro Social, producto de varias embestidas que sufrieron sus fondos durante pasadas administraciones gubernamentales. Compensar esa deuda debe ser reconocido como una obligación y satisfecha mediante un aporte presupuestario al Fondo de Pensiones, que sirva de amortiguador temporal, mientras se estructuran las soluciones de más largo plazo. Y si esa medida se complementa con otras como, por ejemplo, la venta de algunos activos rentables con que cuenta la institución y que han sido identificados por sus actuales directores y un mejor rendimiento de la inversión de sus reservas, también se aliviaría la actual presión existente.

Desde luego esas no son las medidas correctoras que darían fortaleza permanente al Fondo de Pensiones, pero en los momentos iniciales del diálogo servirían para crear un clima más propicio para superar la que actualmente se presenta como una presión acuciante que podría ser contraproducente, por inducir a la improvisación o responder a la demagogia.

La vía ensayada en España, cuya asistencia, de ser solicitada seguramente sería respondida favorablemente por su Gobierno, puede ser también el camino que nos conduzca a los mejores resultados del diálogo que apenas iniciamos y que puede culminar si hay suficiente altura de miras con nuestro propio “Pacto de Toledo”, como un sendero seguro para pavimentar las soluciones permanentes que demanda nuestro sistema de seguridad social.