Menores, objetos del delito

Los menores de edad son individuos receptores de un conjunto de tareas, con la finalidad de que la inversión en ellos garantice el porvenir de la sociedad. Son tan esenciales, que el Estado destina diferentes rubros que garantizan que, al convertirse en ciudadanos, concentren valores, adquieran destrezas y un perfil tan robusto que el país pueda avanzar con confianza en función de su desenvolvimiento.

Cada acto, circunstancia, hecho u omisión que afecte esa finalidad, impacta en parte o en todo, a un grupo sensible y vulnerable y pone en peligro esta aspiración ciudadana que concentra diversas políticas del Gobierno, independientemente de la administración que se trate. Esto quiere decir, que las estrategias que se adopten, habrán de verse reflejadas en las tendencias que adquiera ese componente humano más adelante.

El Ministerio Público, en sus estadísticas de 2020, ha establecido que en el territorio nacional hubo un total de 17,824 denuncias por delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado Civil. De ellas, en la categoría de 'maltrato de niños y niñas', se recibieron 2,262 casos, un 12.7 % del total. ¿Es eso elevado? Un especialista criminólogo o el paido-siquiatra podrían decir que corresponde a una cifra de alta propensión, que amenaza a infantes y adolescentes.

Otro aspecto más específico en estos indicadores, emanado también de la misma fuente, se refiere a 'delitos contra la libertad e integridad sexual', en igual período anual, 5,469 situaciones; de las que 306 tratan de corrupción de menores, explotación comercial y otras, en un porcentaje de 5.6 %. Pero aquí apreciamos otro número: 1,913 hechos, entre los que hay una afectación a un mayor de catorce años, pero menor de dieciocho, es el 35 %.

Si se analizan estos datos históricamente, se apreciará que han ido en tal avance, que se corresponde con el incremento de la población y, paradójicamente, al desarrollo; estos conflictos no han menguado su intensidad. Hay que llegar a postular, así, que no obstante existir una pluralidad de instituciones que deben garantizar la seguridad de la infancia y adolescencia, un sensible porcentaje de este segmento, puede estar en situación de riesgo.

Es inconcebible tal brecha entre los panameños, a casi treinta años de la aprobación del Código de la Familia. Panamá debió recorrer un tortuoso camino y, luego crear el ministerio respectivo, tribunales, personal especializado y un andamiaje legal para atender esta delicada materia, aún se conservan lastres que parecieran reproducir condiciones del siglo XIX.

Y ahora, surge una crisis de albergues. Quedan expuestas faltas, vicios, desatenciones y fenómenos incomprensibles en una época en que la atención debe dirigirse a una crisis sanitaria que conmociona todos los estratos. Aún no se despeja un panorama claro sobre la trascendencia de estos sucesos que involucran a variadas autoridades y que compromete a una generación que exige comprensión clara de su condición y del entorno.

¿Qué cantidad de infantes viven en la actualidad en hogares sustitutos y cuántos locales de estos existen en la República de Panamá? La respuesta a esta interrogante brindaría un estimado de la carga de precariedad que envuelve este asunto. Las fiscalías superiores de adolescentes, reportaron 3,005 hechos delictivos en los que se involucraron sujetos que comparten esta categoría etaria.

Habría que comparar con los años precedentes para determinar cómo varían estas ocurrencias; aunque, a pesar del nivel de gravedad, también hay que tomar otros aspectos que, en su globalidad, brindan un verdadero retrato de cuán ancha es la fisura que amenaza contra la tranquilidad de un hombre y mujer que deben formarse para enfrentar la realidad de una pequeña nación, que espera de ellos un papel protagónico.

Lo que se haga hoy, repercutirá mañana y, por tanto, requiere de toda nuestra minuciosa y objetiva atención.