La explotación laboral por la COVID-19, tiene rostro de mujer

La Comisión Económica para América Latina (Cepal), a través de su directora, Alicia Bárcenas, ha expresado: “La crisis ha generado un retroceso de más de una década en avances logrados en materia de participación laboral de las mujeres. Su tasa de participación se contrajo en 6 puntos porcentuales, ubicándose en 46 % y el desempleo alcanza a una de cada cinco mujeres”. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, el 8 de marzo de 2021, indicó que “la crisis del covid-19, tiene rostro de mujer. La pandemia está agravando las ya profundas desigualdades a las que se enfrentan las mujeres y las niñas, borrando con ello años de progreso hacia la igualdad de género”.

Estas afirmaciones advierten el retroceso de los avances que se habían obtenido, y que hoy los vemos reflejados en las condiciones en las que se encuentran miles de mujeres, en las distintas actividades de la economía.

Panamá tiene como uno de sus ejes económicos, el comercio, el cual ha sido uno de los sectores que más ha sufrido los embates de la pandemia. Por ejemplo, a la fecha, se han mantenido contratos suspendidos y en departamentos donde laboraban cinco trabajadores hoy labora una persona; es decir, una persona realiza el trabajo de las cinco. Eso es una explotación y quienes en su mayoría lo viven son mujeres, porque un alto porcentaje de trabajadoras del comercio lo son.

De la frontera entre Panamá y Costa Rica, nos escribe una compañera, quien nos manifestó que: “En los almacenes que allí se encuentran, tienen más de un año con contratos suspendidos y a los pocos que han llamado a laborar no los han incluido en la planilla, ni siquiera han ido reactivando los contratos gradualmente. El problema es que Mitradel va y no hacen nada, tenemos un año sin trabajar y 120 dólares no cubren los gastos”. Afirma también que “en algunos casos, los jefes nos llaman para trabajar cinco horas, ya que aseveran que para eso las y los trabajadores siguen cobrando el bono. Se nos deben vacaciones de dos años atrás, nos ponen a firmar las vacaciones con una fecha que no es, entre muchas otras cosas”. Se requiere que el Ministerio de Trabajo realice una verdadera inspección y aplicar la Ley. Los empresarios no pueden ser “juegavivo” en contra del sector trabajador, creando y normalizando una cultura de la explotación.

La compañera Rufina Venado, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras del Hogar (Sinatha), nos explica la situación de miles de mujeres que laboran como trabajadoras del hogar: “En los inicios de la pandemia teníamos 300 mujeres en el sindicato. La mayoría son mujeres de la Comarca. Ellas entran a trabajar sin contrato, a nosotras nos afectó bastante. Ellas se fueron, unas, solo con su quincena, a otras, no les pagaron ni siquiera el tiempo trabajado, tampoco las vacaciones. Algunas patronas les dieron lo que ellas consideraban, a otras, no les pagaron nada. A las compañeras que se fueron para la Comarca nunca les dieron ni bolsa ni bono. Otro de los problemas era donde ellas vivían, ya que ellas estaban unidas con otras compañeras para pagar el cuarto, al no tener el ingreso para pagar, los dueños de los cuartos las amenazaban diciéndoles que les iban a secuestrar sus pertenencias. Compañeras que estaban sin trabajar, tanto ellas como sus compañeros. La crítica situación económica en el hogar aumentó las peleas y se dieron situaciones de violencia doméstica. Más de cinco familias se separaron, al no poder responder ante la situación existente, quedando desde luego ellas solas con sus hijos/as. Niñas/os que no han continuado en la escuela por no contar con el dispositivo y poder obtener la tarjeta del teléfono. Hay compañeras que tenían más de tres años de laborar en un mismo sitio y aún no se les han cancelado sus prestaciones”.

Otro sector que tiene a miles de mujeres laborando son los bancos. Todos los Gobiernos les han negado el derecho legítimo que tienen las/os trabajadores bancarios a organizarse en sindicatos, violentando de esta manera el Convenio 87 de la OIT, sobre la libertad de organización. Convenio ratificado por Panamá. La explotación, el acoso y las exigencias laborales en que tienen a estas compañeras/os es inaudito. Los bancos han reducido el personal y les recargan el trabajo a quienes siguen laborando.

El Gobierno panameño debe generar políticas que fomenten el empleo femenino y que supervisen y sancionen a quienes no las cumplan, para que no se siga aprovechando la pandemia para justificar la explotación de las mujeres.