Delincuentes con kepis

El fenómeno de la penetración de la delincuencia organizada en los estamentos de seguridad no es un tema novedoso en la región. Desde hace varias décadas, nos llegan constantes reportes informativos sobre bandas de peligrosos criminales protegidos por funcionarios policiales y militares, así como delitos de alta peligrosidad social que son realizados por unidades policiacas en diversos países latinoamericanos, siendo los casos más sonados de México y Venezuela, entre otros.

Panamá no está ni aislada de esta realidad regional ni tampoco sus fuerzas policiales se encuentran inmunizadas contra el virus de la corrupción en sus filas que es promovido en gran medida por las inmensas cantidades de dinero que se mueven en el negocio del tráfico internacional de drogas. Hacemos la salvedad de que no es la única actividad ilícita que ha logrado exitosamente reclutar funcionarios policiales para sus malignos propósitos, pero es la de mayor relevancia.

Es preocupante para muchos ciudadanos que sea “secreto a voces” la participación de miembros de la fuerza pública en ilícitos. Hace unos días, fue titular de noticias el hecho de que un subteniente, con más de dos décadas de servicio en el cuerpo, protegía los negocios de una poderosa pandilla, así como servía a los intereses de esta. De igual forma, hace ya una década, en condiciones que generan suspicacias, asesinos y secuestradores extranjeros eximieron de responsabilidad a un grupo de uniformados que eran mencionados en un sonado caso en Panamá Oeste.

Ni tener jugosas recompensas salariales ni la complaciente benevolencia de los políticos han sido freno para el auge de la delincuencia policial. Destacamos que desde hace varias administraciones, se le han venido brindando a la fuerza pública concesiones, privilegios y beneficios, como una forma de obtener su respaldo y lealtad. La miopía de la clase política la lleva a repetir, de manera agravada, todos los errores previos a 1968 y que condujeron a la toma del poder por parte de la Guardia Nacional.

Urge una depuración de los estamentos de seguridad. La mayoría son funcionarios con un alto sentido patriótico y con vocación de servicio que no merecen compartir uniformes con criminales infiltrados. Por la vía legislativa, una reforma al Código Penal, que sancione con penas aún mayores la comisión de delitos al amparo de la pertenencia a las fuerzas policiales es absolutamente necesaria. En lo disciplinario, sugiero actos públicos de degradación para los que resulten responsables de ilícitos.

Lo anterior requiere que Panamá cuente con políticos con solidez moral y visión de estadistas, que sepan ver más allá de sus intereses personales y que piensen y actúen en beneficio del país. Solo así, podremos evitar la repetición de históricos errores que costaron sangre, sudor y lágrimas a los panameños.