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02 de Ago de 2021

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Eduardo Antonio Quirós B.

Columnistas

Caso Cochinilla

“Una de esas empresas constructoras ticas tiene importante presencia en Panamá, por lo que, seguramente, las autoridades ticas solicitarán colaboración a nuestro país. Es sumamente importante que, por el prestigio nacional, esa ayuda se brinde de manera eficaz”

La cochinilla es el nombre de una conocida plaga que se alimenta de las plantas y termina dañando sus flores y frutos. Quienes tienen conocimientos de jardinería y agricultura, dicen que acabar con la cochinilla no es fácil, hay que armarse de paciencia y solo la constancia e insistencia pueden terminar extinguiéndola.

No es común escuchar que las autoridades de investigación, lo que es nuestro Ministerio Público, ordenen y ejecuten un allanamiento en la sede del Órgano Ejecutivo (léase, la Presidencia de la República). Eso -exactamente- fue lo que ocurrió en Costa Rica hace una semana.

No había duda de que una información de ese calado repercutiría internacionalmente. Así fue. El llamado Caso Cochinilla, que conllevó más de dos años de pesquisas y más de 600 policías y miembros de la Organización de Investigación Judicial (OIJ), destapa una red de corrupción, en la cual funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, en contubernio con empresarios, favorecían ilícitamente a empresas constructoras de infraestructura pública.

Los delitos investigados abultan una larga lista, que va desde cohecho y peculado hasta asociación ilícita para delinquir, pasando por tráfico de influencias, malversación de fondos, estafas, y falsedad ideológica.

Costa Rica, un país tan cercano para Panamá, tendrá sus debilidades y problemas, pero, algo que es ampliamente reconocido es que su sistema judicial es independiente, justo, transparente y no politizado.

La Operación Cochinilla, en dos días, realizó 57 allanamientos (incluida la Presidencia de la República, vale reiterarlo), investiga a entre 30 y 70 personas y ordenó la detención de 30 personas, entre servidores públicos, empresarios y ejecutivos de las compañías. El Ministerio Público pidió prisión preventiva para 14 por un año y medidas cautelares para el resto. Queda claro que esta investigación tiene, al menos, un año por delante.

Algunas líneas de investigación son particularmente interesantes. Entre ellas, el desvío de fondos del presupuesto nacional asignado a determinadas obras públicas y su redirección a otros proyectos de infraestructura para beneficiar a las empresas investigadas, con el consecuente desfinanciamiento de esas otras obras previstas en el presupuesto.

También se investigan sobornos a funcionarios para acelerar la ejecución de proyectos y la emisión de facturas ficticias (por servicios no prestados) para recuperar lo dedicado a coimas a nombre de terceras empresas (investigadas también). Una de ellas brindaba el “servicio” a varias empresas constructoras.

El entramado de la corrupción es impresionante, pero no sorpresivo. La colusión envuelve la manipulación de pruebas de control de calidad y la omisión en denunciar defectos en la mezcla de asfalto y otros materiales utilizados en proyectos de infraestructura.

Las empresas de construcción negociaban acuerdos ilícitos para asegurar que alguna de ellas obtuviera las licitaciones, en “desmedro” de otras, que al final obtenían beneficios por fuera como parte de los “acuerdos”.

El Ministerio Público tico logró que este caso fuera calificado como una investigación de “crimen organizado”, por lo que pudieron realizar intervenciones telefónicas y la obtención de otras pruebas que seguramente revelarán mucho más sobre este caso.

Una de esas empresas constructoras ticas tiene importante presencia en Panamá, por lo que, seguramente, las autoridades ticas solicitarán colaboración a nuestro país. Es sumamente importante que, por el prestigio nacional, esa ayuda se brinde de manera eficaz.

En principio, todo indica que el “modus operandi” es similar al tristemente célebre Caso Odebrecht.

De todo esto surgen algunos puntos. En primer lugar, con la salvaguarda de los fondos públicos no se puede ser descuidado. Es difícil creer que quien ha tenido un comportamiento como los destapados en otros países, al llegar al nuestro se desprende de aquellas prácticas para convertirse en un dechado de virtudes éticas. Ciertamente, unas autoridades proactivas debieran estar por delante haciendo suficientes indagaciones para desechar cualquier duda.

Por otro lado, si muchos indican que la reactivación económica, por la afectación de la pandemia, debe partir de la expansión del gasto público en infraestructura, ante estos megaescándalos -ya reiterados- de corrupción en el sector de la construcción de obras públicas, sería oportuno convocar a una discusión sobre los controles en torno a este tipo de proyectos, para aprender de este terrible daño que se ha ocasionado a nuestros países.

Abogado, presidente del Grupo Editorial El Siglo - La Estrella de Panamá, GESE.