El país de las descalificaciones

Recientemente, ha surgido una nueva profesión en Panamá: la portología. Es el ascenso meteórico de expertos en negociación de cláusulas de contratos hechos por el Estado con operadores portuarios. Se han especializado en el tema al calor de las discusiones, alimentadas por una misma matriz informativa, sobre la prórroga automática, como dice la Ley, del contrato de concesión de los puertos que administra Panama Ports Company (PPC). Una pena no haberse adentrado en el tema en los años previos a esta negociación.

Esos supuestos especialistas, solo cuestionan los puertos de Balboa y Cristóbal. Resalta el hecho de que en los últimos años se han renovado concesiones de otras terminales, pero nadie reaccionó. Nadie abrió la boca para vociferar, apasionado, ante la renovación del contrato de dos puertos en el Atlántico, alguno en un solo día. Varela renovó, en el 2015, por 20 años adicionales los contratos de los puertos MIT Manzanillo (Motta) y en el 2016 el de Evergreen. Ambos en Colón. Ni nos dimos cuenta cuando ocurrió. El contralor Humbert no hizo auditoría de ninguno de esos dos contratos. Guardó silencio. Las concesionarias portuarias pasaron agachadas y se desconoce hasta dónde están cumpliendo los términos contractuales.

Antes de la firma en 1997 del contrato de concesión por 50 años a PPC, se había dado un año antes la primera equiparación. La segunda equiparación se produjo en el 2002 y, más tarde, en el 2005, la administración de Martín Torrijos eliminó las equiparaciones e introdujo una adenda al contrato con PPC, por la cual el Estado recibió $102 millones.

Según lo que he escuchado, el actual Gobierno se equivocó al escoger el equipo negociador para autorizar la prórroga automática. Las opiniones han estado dirigidas a tratar de descalificar a las autoridades, acusadas por algunos de ser el nuevo Bunau Varilla, que recibió beneficios por negociar, en 1903, el Canal a espaldas de los panameños. De acuerdo con esa argumentación, que no se atreven a expresar abiertamente, el contralor Gerardo Solís y el director de la AMP, Noriel Araúz, debieron haber recibido millones de PPC para aprobar la prórroga automática. A Aristides Royo, ministro del Canal, lo acusaron de ser juez y parte, por ser socio de Morgan & Morgan y miembro de la directiva de AMP. Royo se defendió diciendo que, por un posible conflicto de intereses, no participó en la discusión sobre PPC.

Han llegado a decir que ¿cómo es posible que Rómulo Roux, también miembro de esa firma legal, pida la constituyente, cuando por razones profesionales apoya a PPC? No sé qué tiene que ver una cosa con otra.

Los detractores de PPC, que descalifican todo lo que se les antoja, se yerguen cual paladines de la transparencia cuando en realidad defienden intereses creados para ir en contra de una concesionaria portuaria. Hay quienes sabotean y hacen competencia desleal. También los hay que son críticos porque está de moda. Otros, como Jorge Luis Quijano, están molestos porque su inviable proyecto del puerto de Corozal fue rechazado. No era rentable y obstaculizaba el tránsito normal de naves en esa área del Canal. O como Alberto Alemán Zubieta, sabrá Dios por qué razones, despotricó contra PPC. Ahora está silenciado por el escándalo de las vacunas clandestinas en el Laboratorio Vidatec, del que es presidente. También están los que pretenden sacar provecho político del tema, aunque en Gobiernos de sus partidos se dieron las supuestas irregularidades que están saliendo a la luz. Algunos diputados quieren que el tema lo lleven a la Asamblea Nacional. Pero, ¿para mejorar el acuerdo alcanzado para la prórroga automática, o ¿para ver qué hay pa' mí?

Los funcionarios deben ser muy abiertos a explicar sus actuaciones, pues siempre serán cuestionados. El caso de PPC no ha sido la excepción. Deben informarse los beneficios de lo acordado y defenderse y no permitir que les endilguen el epíteto de traidores de la Patria.

Hay, sin duda, muchas cosas que deben revisarse en el país, hechas para beneficiar a amigos y parientes.

Por ejemplo, la ley que facultó la construcción sobre el mar ha sido declarada inconstitucional. Pero ya están las islas artificiales de Mello Alemán, que venden lotes millonarios y el antiguo Club Unión y Club de Clases y Tropas siguen construyéndose.

En el caso de Refinería Panamá (Texaco), a pesar de que en 1995 la Corte Suprema de Justicia decretó el bien oculto ($53 millones más intereses), por no dar el descuento establecido en el contrato, decidieron ignorar el fallo y firmaron una transacción donde el Estado condonó cualquier deuda que tuviera Texaco. Panamá no recibió un solo centavo a cambio.

Nunca sabremos a ciencia cierta todos los detalles de lo acordado con PPC. Mientras tanto, los ociosos portólogos seguirán llenando los espacios con descalificaciones, sabios en su propia opinión. Todo debe ser explicado; sin excepción de nada.