Clara intromisión en la salud panameña

Aunque no es de extrañar, sí resulta preocupante que Panamá forme parte de los países que supeditan sus políticas públicas de salud a los intereses particulares de organizaciones, que, amparadas en la filantropía, influyen aun por encima de los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución en las decisiones y legislaciones sobre temas de salud.

Así queda evidenciado en el informe publicado por el Competitive Enterprise Institute, reconocida organización con base en EUA, que estudia política pública y tendencias, que expuso la repetida intromisión e injerencia de Bloomberg Philanthropies en los asuntos de política pública en salud de diferentes países, principalmente de ingresos bajos y medios, entre los que se encuentran Panamá, Costa Rica, México, Brasil, Perú, Uruguay, en América Latina; y, Uganda, Nigeria, Kenia, Indonesia, Ucrania, Bosnia, Vietnam y Filipinas, entre África y Asia.

La generosidad filantrópica está siendo utilizada como vehículo para influir en la política de los Gobiernos para financiar los esfuerzos de control del tabaco.

En el caso específico de Panamá, destaca la “colaboración con el Ministerio de Salud de Panamá que está interesado en financiar un esfuerzo regional para el litigio del tabaco”.

Esto, sin lugar a duda, representa una latente amenaza para la salud y ciencia no solo a nivel país, sino a nivel mundial, puesto que se están llevando adelante iniciativas de políticas públicas de control de tabaco extremas, que, contrario a beneficiar al fumador y a la salud pública, los están perjudicando.

Esta práctica se desarrolla teniendo evidencia de que los enfoques alternativos funcionan mejor que las prohibiciones y que la prohibición o las cargas impositivas elevadas solo conducen a que los productos del tabaco de nueva generación se compren y vendan en el mercado negro o a través de redes.

De acuerdo con el informe de Competitive Enterprise Institute, con fuerte participación en Centroamérica, su enfoque es de tolerancia cero ante cualquier consumo de “tabaco”, y exige la aplicación uniforme de leyes agresivas sobre el tabaco, por lo que está dirigido a luchar activamente contra cualquier propuesta de regulación del tabaco, sin considerar las necesidades de los consumidores, como son el consumo de nicotina por otros medios o la utilización de dispositivos sin combustión.

Además de influir de manera directa en las decisiones restrictivas contra productos de tabaco, Bloomberg Philanthropies, ha prestado asistencia en demandas contra la industria del tabaco en Brasil, Perú, Uruguay, Uganda, Nigeria y Kenia.

También, como una forma de premiar las gestiones o más bien la incidencia en la toma de decisiones en temas de salud pública, creó los Premios Bloomberg Philanthropies, para el Control Mundial del Tabaco, que “reconocen los importantes avances realizados por las organizaciones que aplican políticas de control del tabaco en los países de bajos y medianos ingresos”.

“En todas partes del mundo se está haciendo un gran trabajo para reducir el consumo de tabaco y proteger la salud pública; estos premios son el reconocimiento a algunos de esos mejores esfuerzos. Todos los días damos un nuevo paso y cada paso significa muchas más vidas salvadas y enfermedades prevenidas”, dijo Michael R. Bloomberg, durante un acto de premiación en 2015.

Como queda en evidencia, la intromisión en los asuntos públicos es descarada y en el caso de Panamá podrían estar detrás de la insistencia de la Asamblea Nacional de aprobar el proyecto 178, que prohíbe el uso y comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y similares, con o sin nicotina.

Aun cuando organizaciones de la sociedad civil, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) y la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (AmCham), han advertido de manera reiterada que este tipo de medidas impulsará el comercio ilícito y promovería el crimen organizado, el contrabando, la falsificación de productos y marcas, el lavado de activos, inclusive el financiamiento de actividades terroristas, afectando nuestra reputación como país y nuestro hub logístico. La Asamblea Nacional, de manera unilateral e intransigente, insiste en lo que parece ser cumplir con un mandato, pasando por encima de los derechos de los ciudadanos que deben ser el sentido de cualquier ley que se impulse y más si se trata de políticas públicas de salud.

Mientras el mundo sigue avanzando, en Panamá seguimos sumidos ante intereses mezquinos, que en lo último que piensan es en el bienestar de los ciudadanos. Ojalá recapacitemos.