Proyecto Poblado PH Miramar

Desde el día uno, estamos enterado de las vicisitudes que han tenido los compradores de terrenos en este proyecto, pero, por prudencia, no habíamos comentado nada, ya que en principio prefirieron guardar silencio, para que las cosas se resuelvan a través del diálogo, pero, luego de 10 años de este vía crucis, han optado por hacerlo público.

Los promitentes compradores se han organizado para defender sus intereses y que en este país prevalezca la seguridad jurídica, sus sueños de tener un sitio vacacional en el Higo de San Carlos, se han desvanecidos, cuando la Promotora Poblados Panamá, luego de venderles los terrenos y los compradores haber cumplido con sus compromisos financieros, los legítimos dueños de las tierras, embargan a la promotora y secuestran los terrenos, de manera que aquí comienza esta historia, los inversionistas quedan en un estado de indefensión, la promotora no les devuelve el dinero, el reclamo por la vía legal es un camino largo y tortuoso y los resultados son impredecibles.

Han surgido mediaciones para resolver este problema, un grupo viajó a Colombia y conversó con los representantes de la promotora y las respuestas crearon un mar de dudas y algunos la vieron como la oportunidad de la promotora de continuar con la estafa, porque pretendían que los derechos de los inversionistas fuesen transferidos a otra organización y que de esta forma se podría concluir el proyecto.

Es natural, que, frente a la necesidad de recuperar la inversión, surjan posiciones encontradas, algunos individualmente están haciendo sus reclamos judiciales, otros en conjunto aspiran a estar representados por una firma forense y por supuesto, hay quienes opinan que no están dispuesto a invertir un real más y lo que desean es que se le devuelva su dinero.

Pero el detonante para que haya una manifestación pública es la aparición de un licenciado que representa a los dueños del proyecto. Luego de una discusión de las ventajas y desventajas de hacer esto público, el grupo decide hacer una manifestación, ya que han perdido la credibilidad en la promotora, que durante 10 años los ha engañado, con la venta de unos terrenos sin agua, luz y tratamiento de aguas servidas, lo que han considerado una estafa total.

Cuando suceden estas cosas, nos preguntamos ¿dónde está la seguridad jurídica del país?, le hemos abiertos las puertas a inversores extranjeros, para que nos vengan a estafar. ¿Dónde está la mediación del Estado, para proteger los intereses de los nacionales y qué ejemplo estamos dando para que hay inversión en este país?

No dejemos a los compradores de estos terrenos en los tortuosos caminos de un litigio, porque, al final, muchos no tienen cómo enfrentar los gastos de una demanda legal y probablemente esperar 10 años más, hasta que se resuelva esta pugna.

Los inversionistas ya han perdido el sueño de ver a sus hijos disfrutando de este centro vacacional, lo menos que se puede hacer es que les devuelvan sus dineros. Para recuperarnos de la pandemia, debemos retomar la confianza, ¿qué le podamos decir al mundo?, que la inversión que se hace en Panamá en buena lid está garantizada por nuestras leyes.