11 de Ago de 2022

Columnistas

Hacia un gobierno con visión de país

Las manifestaciones de las cuatro últimas semanas contra el gobierno estuvieron centradas inicialmente en los crecientes costos de la gasolina, los alimentos y las medicinas.

Las manifestaciones de las cuatro últimas semanas contra el gobierno estuvieron centradas inicialmente en los crecientes costos de la gasolina, los alimentos y las medicinas. Lo cierto es que ellas fueron el resultado de la reacción popular, hastiada de la rampante corrupción, y del desinterés del gobierno de satisfacer sus legítimas aspiraciones, para dedicarse al clientelismo a costa de los fondos públicos.

Añade gravedad a los hechos señalados, la acumulación del malestar de la ciudadanía frente al incumplimiento por el gobierno actual y los anteriores, de sus promesas de campaña. Además de incumplir sus principales promesas electorales, el actual gobierno se ha dedicado a satisfacer las insaciables apetencias de fondos de los diputados gobiernistas.

Las promesas incumplidas del “Plan Estratégico de Gobierno 2019-2024” incluyen las necesarias reformas a la Constitución, una nueva ley de contrataciones públicas dirigida a evitar la discrecionalidad de los funcionarios para contratar bienes y servicios, la implementación de la estrategia logística 2030, y la eliminación de las planillas 080 y 172 de la Asamblea Nacional. Estas planillas son utilizadas por los diputados para contratar personas al servicio de sus intenciones reeleccionistas.

Algunos diputados usaron los fondos destinados a esas planillas para nombrar a personas que ni siquiera lo sabían; aparentemente los cobraron ellos mismos a través de testaferros. El ex contralor Federico Humbert denunció en 2018 y 2019 ante la Corte Suprema de Justicia a 13 diputados por malos manejos de ambas planillas, y suspendió los pagos de la No. 080, al tiempo que ordenaba una auditoría forense, pero la AN impidió la auditoría. El manejo irregular por la Asamblea de fondos públicos sumó más de $166 millones.

Lejos de disminuir bajo la actual administración, la perniciosa práctica de la AN ha aumentado frente a un Ejecutivo débil, incapaz de poner un alto a su insaciable sed de fondos públicos, al punto de que su presupuesto en 2022 excede los $140 millones, mucho más de lo necesario para ejercer su función legislativa. No menos reprochables son los frecuentes escándalos del Órgano Ejecutivo en medio de plena pandemia, sin que el Presidente haya hecho algo por detener la corrupción y mejorar la transparencia, como lo prometió en campaña.

Frente a esta realidad, es muy comprensible la “Reflexión sobre la actual situación de Panamá”, que hizo el famoso abogado y cantautor panameño Rubén Blades el pasado 18 de julio. El cantautor deploró que las protestas se limitasen inicialmente al ámbito económico, soslayando lo que realmente requiere el país para superar la actual crisis institucional y de valores: “la sustitución del corrupto y desfasado paradigma político que nos destruye moral y económicamente”. Pero antes de que lo hiciera Blades, el excandidato presidencial Ricardo Lombana subrayó que los problemas que han exacerbado la paciencia del pueblo tienen su raíz en la rampante corrupción y el clientelismo.

Afortunadamente, antes de que se constituyera la Mesa Única de Diálogo sobre las demandas de los grupos organizados el 20 de julio, los dirigentes gremiales acordaron incluir, entre los ocho temas a ser tratados “la corrupción y la transparencia”. No menos importante es que en la agenda se ha incluido crear una “Mesa intersectorial y de seguimiento” para asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Aunque al momento de escribir esta nota no estaban incluidos, idealmente la Mesa debió incorporar a representantes de los productores organizados, pues ellos son clave para garantizar la seguridad alimentaria. Pero al reclamar el congelamiento de la canasta básica en su primer punto de la agenda, la Mesa tuvo el cuidado de advertir que ello se haría “sin afectar al productor nacional”. Otro tema clave incluido en la agenda es que el gobierno cumpla el compromiso de asignar el 6% del PIB al presupuesto para educación.

El diálogo nacional para superar la actual crisis hay que verlo como un punto de inflexión hacia la elección en 2024 de un gobierno con visión de país. Para entonces, visualizo una clase política carente de legitimidad para retener el poder político, enfrentada a una juventud independiente asociada con lo mejor de los partidos tradicionales, que acariciará la feliz oportunidad de sacar a los corruptos del poder. Pero para que ello ocurra, esta deberá apelar a lo mejor de su liderazgo y de su capacidad para construir equipos y superar potenciales conflictos. Esta capacidad será muy valiosa cuando tenga que enfrentar las campañas sucias que surgirán de los call centers manejados por los partidos políticos tradicionales y sus estrategas.

Mayo de 2024 será la gran oportunidad para que Panamá salga del abismo al que la ha llevado la clase política tradicional.

Periodista