04 de Oct de 2022

Columnistas

¿Es constitucional limitar a tres las candidaturas?

La decisión de connotados miembros de partidos políticos de candidatizarse por libre postulación ha puesto sobre la mesa un tema que tiene sus bemoles y, por tanto, y cuanto antes mejor, se impone dilucidarlo.

La decisión de connotados miembros de partidos políticos de candidatizarse por libre postulación ha puesto sobre la mesa un tema que tiene sus bemoles y, por tanto, y cuanto antes mejor, se impone dilucidarlo. Ellos sostienen que ninguna norma del Código Electoral se los prohíbe, pues este permite que las personas inscritas en partidos políticos apoyen con su firma a aspirantes a la libre postulación y, también, ser postulado por un partido y a la vez por libre postulación.

Esa ambivalencia, comprensiblemente, ha alarmado a varios aspirantes a la libre postulación para la presidencia, que temen que sus eventuales candidaturas, aunque consigan apoyos superiores al dos por ciento (2%), sean empujadas fuera de la pista por candidatos o candidatas duales. Y esa posibilidad será exponencial cuando se traslade a niveles de diputados, alcaldes y representantes.

La raíz del problema y causa de la alarma la genera el absurdo artículo 365, incluido en el Código por un supuesto afán economicista, de limitar a tres las candidaturas de libre postulación. El argumento, defendido por TE, es que se evitaría la proliferación incontrolada de esas candidaturas y, además, que sería imposible incluirlos en la boleta electoral y se complicaría hasta el infinito el conteo de los votos.

Desde luego, esas razones no son válidas. La supuesta e incontrolable proliferación de candidatos por libre postulación nunca existirá. Pero, además, los creadores de la norma, cuando lucubraban su inclusión, no se detuvieron a analizar que violaría los artículos 138 y 146 de la Constitución.

El primero declara que “los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política”, pero a renglón seguido añade: “sin perjuicio de la postulación libre, en la forma prevista en esta Constitución y la Ley”. El principio rector de la norma es relevar el papel de los partidos; pero, a la par, recalcar que ellos no están por encima del derecho que tienen todos los ciudadanos, incluidos los inscritos en esos partidos, de postularse libremente. Y tampoco cabe que la frase “en la forma prevista en esta Constitución y la Ley”, como algunos han querido interpretar, sirva para fundamentar que, por vía legal, se pudiera limitar a tres (3) las candidaturas de libre postulación.

La Constitución establece un parámetro porcentual para el reconocimiento y subsistencia de los partidos, pero, aunque deja a ley especificarlo, expresamente señala que no podrá exceder el cinco por ciento de los votos válidos. El Código Electoral fijó en el dos por ciento (2%), la cantidad de adherentes necesaria para formar un partido político e igual porcentaje para poder ser candidato o candidata presidencial, por libre postulación. Pero también legalizó la absurda paradoja de que un partido que acredite ese número de adherentes tenga derecho a postular candidato a la presidencia, a setenta y un (71) candidatos a diputado, a setenta (70) candidatos a alcalde y a setecientos (700) candidatos a representante de corregimiento, con sus respectivos suplentes; pero, en cambio, un aspirante a presidente por libre postulación, aunque logre reunir cincuenta mil (50,000) firmas de apoyo; pueda ser eliminado si otros tres aspirantes sobrepasan esa cifra, así sea, exagerando por vía de ejemplo, por cinco (5) o diez (10) firmas más.

La absurda desproporción entre esos dos casos, perfectamente posibles, es la comprobación absoluta de como resultaría vulnerado, para favorecer a los partidos, el derecho a la libre postulación. La intención de la norma constitucional, de relevar la importancia de los partidos y, a la vez, de proteger el derecho de libre postulación, como se ha ejemplificado, ha sido olímpicamente burlada, al limitar a tres (3) las candidaturas por libre postulación.

El artículo 146, en su segundo párrafo, dice: “Los requisitos y procedimientos que se establezcan en la Ley para formalizar la libre postulación, serán equivalentes y proporcionales a los que se exijan para la inscripción de los partidos políticos y para la presentación de las postulaciones partidistas, en lo que sean aplicables”. La frase final, de infeliz ocurrencia, por cuanto nada aporta, debe ser ignorada.

¿Cómo pueden considerarse equivalentes y proporcionales las condiciones que se han impuesto a las candidaturas de libre postulación, cuando, como se destacó, reducirlas a tres, por un lado, reconoce a un número igual de personas inscritas en un partido el derecho a postular cerca de 2,000 candidatos y, por el otro, autoriza al Tribunal Electoral para descalificar a un aspirante que pueda haber recolectado respaldos en una cifra superior a la que se requiere para constituir un partido político?

El entuerto es de fácil solución. Basta con derogar esa norma absurda o que la Corte Suprema la declare inconstitucional. Formalmente, ya presenté la demanda correspondiente, que espero sea resuelta en un término perentorio. Y también, en ejercicio de la acción ciudadana, un proyecto de ley para derogar las partes relacionadas del artículo 365 del Código Electoral.

Aparte de todo lo anterior, si de algo podemos estar seguros es que de las 34 personas que se registraron para aspirar a la libre postulación para la presidencia, tal vez, solo cinco alcanzarán las firmas de apoyo que rebase el mínimo del dos por ciento. E igual cosa ocurrirá en los niveles de diputados, alcaldes y representantes. En consecuencia, estos ocuparán, a lo sumo, cinco casillas en la papeleta electoral, o sea, la mitad de las que tendrán los 10 partidos políticos. Eso, aunque no sea equivalente, es, a todas luces, más justo. Que todo aspirante que reúna la cifra mínima requerida tenga derecho a ser reconocido como candidato ampliará, para bien, la oferta electoral y habrá más democracia.

Exviceministro de Relaciones Exteriores y exembajador en la OEA