25 de Sep de 2022

Columnistas

El proto-sistema universitario panameño: un escorzo

Existen en el país, 23 universidades acreditadas —de ellas 5 universidades oficiales— acreditadas mayoritariamente entre 2012 y 2013, por el CONEAUPA.

Existen en el país, 23 universidades acreditadas —de ellas 5 universidades oficiales— acreditadas mayoritariamente entre 2012 y 2013, por el CONEAUPA. En la página oficial de ese organismo, además, se informa que operan en la Ciudad del Saber, amparadas por el Decreto Ley N°. 6 de 10 de febrero de 1998, además de ISTHMUS, arriba incluida y la Florida State University- con presencia desde los tiempos de la Zona del Canal estadounidense en nuestro territorio, 12 instituciones que operan programas bastante específicos o en modalidad en líneas, o representan instituciones foráneas como la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la Universidad EAFIT o la Universidad de Barcelona. Igualmente, se mencionan dos universidades no acreditadas y unas 6 en proceso de formación, así como la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas (UAPI) creada este año por el Presidente Cortizo Cohen y que se ubicará en Llano Tugrí en el seno de la Comarca Ngäbe-Buglé (ver https://coneaupa.edu.pa/universidades-acreditadas/)

Esta es la base real de nuestro cuasi-sistema de educación superior, al que concurren un total de unos 153 mil estudiantes y unos 15 mil docentes (ca. 2017, según el INEC), con respecto a estudios de grado y postgrado (especializaciones, maestrías y doctorados) (BID: 2021, con cifras del INEC para 2016). Igualmente, entre entidades públicas y privadas se ofertan unos 934 programas diferentes que comprenden los diferentes niveles del sistema universitario. El número exacto es imposible de conocer con certeza, pues, aunque la Ley mandata que todas las universidades establecidas en el país deben aportar sus cifras al Instituto de Estadística de la Contraloría General de la República, sólo unas 15 instituciones aportan la data más gruesa (estudiantes, docentes, egresados). Es imposible conocer su desglose por especialidad (carreras por facultad), nivel de los profesores y su dedicación horaria, y muchos menos algunas cifras imprescindibles para realizar una gestión de conocimiento que merezca tal calificativo, como número de estudiantes que repiten o terminan sus planes de estudio en el tiempo estipulado; investigadores a jornada completa, investigaciones publicadas o en proceso; programas de educación continuada o perfeccionamiento profesional y un largo etcétera que ni el propio proceso de acreditación institucional de hace 10 años logró desbrozar, pues privó el secretismo y la opacidad de la información, en especial relativa al subsistema de investigación y al crucial sistema de financiamiento.

Respecto del gasto e inversión universitario, sólo es posible estimar la inversión en educación superior por parte de las 5 universidades del estado (del orden de los 379 millones de balboas [ca. 2017, según INCE], pero el propio sistema de contabilidad gubernamental, hace imposible conocer cuánto de esa inversión se realiza por los tres o cuatro grandes programas de financiamiento que corresponde a las funciones torales de las universidades, esto es: docencia, investigación, extensión y apoyo administrativo. Igualmente opaco es el sistema de información relativo a la inversión salarial en la docencia (el llamado gasto docente) ni los guarismos relativos al valor de los activos físicos (edificaciones) ni inversión en tecnología (laboratorios, software, hardware, antenas, servidores, conectividad, etc.)

Por otra parte, este pseudo-sistema se integra por algunas otras instituciones con competencias vitales para el funcionamiento de las universidades, como son el Ministerio de Educación (cabeza nominal del sistema a través de la llamada Dirección del Tercer Nivel de Enseñanza, minúsculo apéndice de ese Leviatán teratológico); la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), regente de esos campos, pero que, aparte de sugerir directrices y financiar convocatorias exiguas, cubre con hoja de parra las debilidades de la escuálida inversión nacional en este campo (el presupuesto de la Senacyt apenas ronda los 50 millones de balboas anuales) y una ratio global que apenas alcanza el 0.16 por ciento del PIB nacional.

Otro elemento importante del sistema es el Instituto para el Fomento de los Recursos Humanos (IFARHU) que aporta un número importante de financiamiento y créditos para los estudios superiores dentro y fuera de Panamá (del orden de 61 millones de balboas y un número de 24 becas de nivel universitario según fuentes del propio IFARHU, ver https://www.ifarhu.gob.pa/wp-content/uploads/2022/02/Principales-Indicadores-de-Becas-Diciembre-2021.pdf).

Además, debemos añadir a estos elementos, un amplio espectro de organismos vinculados como la Agencia de Innovación Gubernamental (cuyos servidores y nodos cumplen un papel relevante); el Programa de las Infoplazas (merced a cuya existencia algunos grupos tienen acceso al vital internet, especialmente en zonas comarcales y periférica) e instituciones como institutos de investigación que jalonan proyectos de envergadura en áreas como salud, medioambiente o tecnología de punta (Smithsonian, el Gorgas y el INDICASAT).

Finalmente, hay un más amplio espectro de instituciones públicas y privadas que sirven de escenario de prácticas para el sistema sanitario (el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social) o en el tratamiento de investigación en temas muy específicos como el Instituto Geográfico Tommy Guardia o el IDIAP en temas agropecuarios. Más recientemente, en la periferia del proto sistema universitario, tenemos las entidades de educación superior no universitaria y entes concurrentes como el INADEH, en formación técnico-profesional, y de más reciente data, como el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), sito en Tocumen, y unos 100 Institutos Superiores.

Quien quiera conocer lo básico de esta conglomerado universitario cuasi-sistémico deberá necesariamente partir de estos elementos, y a través de ellos considerar sus dinámicas Esta es la base para analizar, proponer, mejorar y afrontar desafíos sin incurrir en la falacia de composición o en aquello que Senge llamaba la no consideración de los bucles de realimentación en los mapas de problemas.

Economista, docente y gestor universitario