El Gobierno debe cumplir acuerdos

El lunes 26 de septiembre participamos de la marcha convocada por gremios de educadores ante el desconocimiento del Gobierno de cumplir con lo pactado en torno al 6 % del PIB para la Educación (5.5 % en el 2023 y 6 % para 2024). Esta antigua reivindicación de los educadores y pueblo panameño fue un acuerdo de la Mesa Única de Penonomé, un espacio de diálogo y debate conquistado por los excluidos de siempre en la lucha del pueblo en las calles. Venimos, a reclamar el cumplimiento de este acuerdo, ya que el Gobierno ha propuesto recortes drásticos al presupuesto de educación (Meduca y universidades).

Pero aprovechamos para denunciar que esta Asamblea sigue actuando a espalda de los intereses del pueblo. Mientras se demanda cumplimiento cabal de lo pactado en la Mesa Única, esta Asamblea, debate y aprueba aumentar salarios y privilegios de los representantes de corregimiento, discute la creación de nuevos corregimientos para saciar el apetito electorero de algunos diputados, aprueba abultada planilla de botellas y promotores al servicio de los diputados. Es decir, mientras se excluye del presupuesto recursos fundamentales para la educación de nuestros hijos, se sangra el presupuesto nacional con tan nefastas decisiones.

Pero hay más. La Asamblea y el Gobierno siguen mancomunados en atropellar a un pueblo que sufre por una crisis del modelo económico neoliberal agravada con la pandemia. Ese pueblo que se debate entre el hambre, la miseria, el desempleo y la informalidad laboral, debe afrontar el desalojo y el despojo de sus propiedades, en virtud de la suspensión de un decreto aprobado durante la crisis sanitaria.

Además, el Gobierno y la patronal pretendieron negar un diálogo verdadero y participativo acerca del futuro de la CSS, aúnan esfuerzos para desconocer el acuerdo fundamental de la Mesa Única. Esperamos la convocatoria inmediata de este espacio donde se decida entre todos sobre la metodología, los participantes, el facilitador y los temas a tratar.

La actitud del sector empresarial no sorprende. Ellos buscaban en otro diálogo de “Yo con Yo” apoderase totalmente de los fondos de los asegurados, aumentar la edad de jubilación de mujeres y hombres, incrementar el porcentaje y cantidad de cuotas, reducir aún más las pensiones y jubilaciones, expulsar del sistema a los beneficiarios, privatizar, desconociendo que la crítica situación financiera de la CSS, es consecuencia de políticas económicas neoliberales de flexibilización laboral, de falta de empleos dignos, bajos salarios, del creciente desempleo e informalidad que afectan principalmente a jóvenes y mujeres, de despidos masivos disfrazados de mutuos acuerdos y recontrataciones con condiciones peores, y especialmente del monstruoso robo y evasión de cuotas de empresarios y de los políticos corruptos encargados de los Gobiernos de turno y de la pésima distribución de las riquezas.

Esa misma clase empresarial, que actúa cual mafia, es la que sabotea y boicotea los acuerdos de la Mesa Única, produce desabastecimiento de medicamentos para no venderlos más baratos, acapara el arroz, lo adultera y el arroz especial subsidiado lo vende como de primera, se niega a la rebaja de la tarifa eléctrica, encareciendo aún más el costo de vida de los panameños, pero aprovechándose para sus negocios del precio de 3.25 el galón de combustible conquistado por el pueblo en una lucha inédita.

Entretanto, ¿qué se le brinda al pueblo? Otro “show”, como es la audiencia preliminar del caso Odebrecht. Tan solo que esta vez no solo se han puesto en evidencia políticos de tres Gobiernos: PRD, CD-RM, Panameñista, satélites de otros partidos y seudoindependientes como Movin, banqueros, aseguradoras, medios de comunicación y la élite económica, en lo que constituye quizás el mayor caso de pago de coimas, “lavado” de dinero y de atraco a la Nación, donde no hay nadie preso. Exigimos cárcel para los corruptos y que devuelvan lo robado.

Hay que fundar una nueva República. Por eso nuestro llamado al pueblo es a la movilización para hacer respetar los acuerdos de la Mesa Única, pero también para crear las condiciones para alcanzar una Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes para barrer con la desigualdad, las lacras sociales y la podredumbre institucional.