Institucionalidad, prestigio y desarrollo con equidad

Hace cinco años, refiriéndome a la necesidad de enfrentar la falta de institucionalidad que estábamos viviendo, señalaba en mi columna de opinión que no teníamos excusa, pues nuestro país tenía (y tiene) suficientes recursos _ humanos y financieros _ para desarrollar y fortalecer los cambios y la modernización de las instituciones, implantar la transparencia y rendición de cuentas en todo el aparato estatal y; avanzar hacia el desarrollo con justicia y equidad.

Lamentablemente, aquella esperanza no se cristalizó. La administración anterior concluyó su periodo con mucha más pena que gloria, propiciando que los panameños fuéramos a las urnas y _ convencidos por la promesa de rescatar al país _ colocáramos en el Palacio de las Garzas a nuestro actual presidente.

Hoy, luego de tres años y medio de la actual administración, no son pocos los panameños que están decepcionados. No se puede negar que el nefasto clientelismo político ha sido _ con honrosas excepciones _ la principal credencial para ejercer elevados cargos públicos. Tampoco han sido escasas las denuncias por ineficiencia, falta de transparencia, nepotismo y corrupción. Cierto es que hemos tenido que enfrentar la inédita situación provocada por la pandemia de COVID-19, pero de aquello vamos saliendo y es la hora de retomar el compromiso, fortalecer nuestras instituciones, y avanzar lo necesario para rescatar al país.

Y como si el reto señalado fuera poco, ahora resulta que tenemos un expresidente designado oficialmente por el Gobierno de los EE. UU. como corrupto, lo cual nos desprestigia como nación, y nos obliga a redoblar el esfuerzo por recuperar la confianza internacional y borrar la imagen de país con escasa institucionalidad democrática.

En ese sentido, hace casi cuatro años, subrayaba Alma Montenegro de Fletcher en este Diario que, “la institucionalidad, entendida como un atributo básico y fundamental del Estado de derecho en un país, exige hoy más que nunca, del esfuerzo entre todos los sectores nacionales, para cambiar la cultura política y el manejo que ha tenido el Estado. De no hacerlo, continuará el debilitamiento de la estructura y el sistema legal panameño, afectando el diseño y la ejecución de las políticas públicas y programas de las entidades públicas”.

Aunque sospecho que nuestra excelsa jurista se refería a la situación imperante en el 2019, es totalmente aplicable a nuestra situación actual. Y como ella misma señaló en otra oportunidad, “aquí lo que sobran son leyes”, a lo que yo añado, lo que nos ha faltado es la genuina voluntad política para el cambio y la efectiva participación ciudadana para controlar la gestión de nuestros gobernantes. Le dedico el resto de esta glosa a mencionar algunos antecedentes de importancia en el tema que nos ocupa.

Ya en el año 2008 el PNUD subrayó, en su III Informe Nacional de Desarrollo Humano Panamá 2007-2008, que: “Panamá tiene la singular oportunidad de dar un salto cualitativo al crecimiento económico con equidad y de enrumbarse hacia el desarrollo humano sostenible. Esas afirmaciones cobran especial vigencia en estos tiempos en los que, de acuerdo con los macroindicadores correspondientes, nuestro crecimiento económico parece ir “viento en popa”. Pero, como destacaba el mismo Informe: “¿de qué vale el crecimiento económico, si el mismo no va de la mano de la equidad, la participación, la ampliación de capacidades de la población y un mayor bienestar en la calidad de vida de los panameños? Como nos recuerda Manuel Orestes Nieto, “… la brecha entre el país opulento y el de la miseria es enorme e injusta...”.

Para ayudarnos a enfrentar este desafío, los panameños hemos producido en los últimos quince años una serie de documentos que solo esperan ser llevados a la práctica para hacer prevalecer los intereses de la población. Desde los Acuerdos de la Concertación Nacional para el Desarrollo (2007), en los cuales definimos “el Panamá que queremos y podemos tener, hasta el Plan Estratégico de Gobierno 2019-2024, inspirado en el Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado “Panamá 2030”, el cual señala que la institucionalidad opera como un sistema cuyas partes interactúan y se afectan mutuamente en lo relativo a su organización, funcionamiento y resultados. Y propone establecer criterios precisos para la asignación de recursos y la evaluación de la gestión, subrayando que cualquier proceso de cambio institucional, centrado en el incremento de la equidad y el desarrollo, requiere que funcionen las normas y que el Estado vele por el bien común, controlando las inequidades y asimetrías.

Entonces, ¿qué esperamos?, ¿otro documento? Tenemos suficientes elementos para fortalecer los cambios y la modernización de las instituciones, implantar la transparencia y rendición de cuentas en todo el aparato estatal.

No menos importante será que no nos equivoquemos en las elecciones que hagamos en la próxima contienda electoral. Es la hora de recuperar nuestros valores cívicos para ejercer con inteligencia y sentido de patria nuestro derecho a voto, y colocar al frente de nuestro Gobierno a los panameños y panameñas con demostrada ética, probidad, y un verdadero compromiso con el país.