El derecho humano al agua

La situación socioeconómica en el país sigue siendo grave para la mayoría de los panameños, que enfrentan los resultados de una política económica que excluye y margina, que lleva los recursos naturales a constituirlos en mercancía para que unos pocos obtengan ganancias extraordinarias, aquellos que nos envían “a buscar agua al río, pero exigen incentivos fiscales a sus actividades económicas”. Por ejemplo, en pleno Día Mundial del Agua, varias comunidades protestaron por la carencia del suministro del líquido. Los Gobiernos han hablado de inversiones millonarias, que no se corresponden con las deficiencias de la infraestructura.

Nuestro país cuenta con recurso hídrico de manera importante, más de 500 ríos y 52 cuencas hidrográficas. Según los expertos, solo el 0.32 % de la cuenca hidrográfica es utilizada por la población. Es decir, las carencias que vive la población no son justificables.

Panamá, una sociedad excluyente, registra en el tema del agua una desigualdad creciente en su población, una gran brecha que profundiza pobreza. Aproximadamente, según los primeros registros del Censo de Población y Vivienda más de 300 mil hogares carecen de agua potable, súmele a ello que miles de hogares carecen del vital líquido de manera permanente. Comunidades que tienen más de cuatro décadas sin recibir este recurso. En el país se registran anualmente más de 100 mil quejas a la línea de atención ciudadana 311 por falta de agua, interrupciones o baja presión. Aunado a ello, en la canasta básica no se contemple el acceso al agua potable.

¿Cuál es la respuesta del Idaan? Esta institución encargada de gestionar el recurso hídrico nacional, ha circunscrito el problema a la morosidad de sus usuarios, donde no solo se trata de los hogares, sino también de empresas que adeudan a la institución. Bajo la consideración de los efectos y no las causas, sus esfuerzos han estado dirigidos a atender la morosidad en comunidades que se les cobra aún cuando no reciben 24/7 el servicio (en 2023 reiniciaron los cortes masivos en las comunidades).

En realidad, las causas apuntan a la lógica neoliberal de considerar el agua como mercancía, imponiendo procesos de tercerización en el mantenimiento que debe brindar la institución; la aseveración, que el problema se limita a gestión, con lo cual bajo la figura de Autoridad del Agua quieren la privatización de la prestación del servicio, anhelo de empresarios; la ineficacia que provoca negociados en la contratación de cisternas, de compra de agua embotellada (con altos precios en el mercado).

Para los diversos Gobiernos, el problema no deja de ser un tema de campaña electorera. Una vez en la conducción de la gestión pública, han desconocido que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró en 2010 que el agua es un derecho humano fundamental, y que los países deben garantizar que sus ciudadanos tengan acceso suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.

En Panamá, entre las tantas brechas sociales, el acceso al agua potable se constituye en una las brechas que cerrar. Para los organismos internacionales, en América Latina, para cerrar esta brecha es primordial reconocer formalmente el derecho humano al agua y al saneamiento, además de marcarlo como el punto de partida para adoptar un enfoque legal al abordar los procesos de planificación y gestión del recurso.

La solución a este grave problema que atenta contra el desarrollo humano, no puede ser atendida con una política económica neoliberal que pone las ganancias por encima de las necesidades humanas. Abogamos por un proyecto social que asuma con convicción y decisión un enfoque de desarrollo sostenible, que obliga a que la administración del uso de los recursos naturales se fundamente en la separación territorial de acuerdo a cuencas hidrográficas. Este enfoque de administrar los recursos naturales y todos los servicios que ellos proveen, de una manera integral, permite que el agua sea el instrumento de articulación social y territorial, confirmando su significado de VIDA.