Es hora de ejercer nuestra ciudadanía

Hace una semanas el editorial de La Decana _ refiriéndose a la ciudadanía _ señalaba que, uno de los grandes problemas de los panameños es que carecemos de ciudadanía. Y esto proviene de la falta de suficientes valores cívicos y morales. Agregaba el editorial que, un buen ciudadano tiene pleno conocimiento de sus derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de su país, por lo que _ agrego yo _ está obligado a intervenir.

En ese sentido, es imperativo que nos preguntemos si ha sido nuestra falta de suficientes valores ciudadanos la causa de que quinquenio tras quinquenio vayamos a las urnas _ algunos, como bien señaló La Decana, movidos por unos cuantos dólares o dádivas materiales _ y demos nuestro voto a un candidato, carente _ en no pocas ocasiones _ de los valores necesarios, para que logre escalar a una posición pública como representante, diputado, alcalde o presidente de la República.

Y la prueba de que no me faltan razones para semejante indignación ciudadana, es que en nuestro terruño _ desde tiempos casi inmemoriales _ se ha mantenido la bochornosa distribución desigual de la riqueza; el clientelismo político, ha sido, con honrosas excepciones, la única credencial para ejercer puestos públicos; la falta de transparencia, el nepotismo y la impune corrupción, han sido prácticas comunes, como lo demuestran las denuncias en nuestros medios, las investigaciones de organismos internacionales, y lo padecemos cotidianamente los ciudadanos que no hemos pertenecido a la élite gobernante del quinquenio que sea.

Entonces, ya en pleno año preelectoral, es hora de que los panameños ejerzamos nuestra ciudadanía, empoderándonos en todos los aspectos de nuestra vida, comenzando por la recuperación de nuestros valores cívicos y morales para no seguir equivocándonos y lamentándonos cada cinco años.

Sobre este asunto del ejercicio de la ciudadanía, nos recuerda la Cepal que, desde una perspectiva integral, la ciudadanía implica un compromiso recíproco entre el poder público y las personas. El primero debe respetar la autonomía individual, permitir y promover la participación política y brindar, en forma consistente con el desarrollo económico, posibilidades de bienestar social y oportunidades productivas. Las segundas deben contribuir con su participación en el ámbito público, haciendo aportes para enriquecerlo. En este sentido, la ciudadanía implica una ampliación del espacio público frente a la fuerza centrífuga que hoy tiene el espacio privado, de manera de crear más sociedad, una conciencia más difundida sobre las responsabilidades de los individuos y los grupos respecto del conjunto de la organización social, espacios de deliberación y formación de acuerdos entre ciudadanos, y participación directa de ellos en la creación y disfrute de “bienes públicos” y “bienes de valor social”.

Agrega el organismo internacional que, el fortalecimiento de la ciudadanía como participación efectiva de los actores sociales en los asuntos públicos es esencial para enfrentar el deterioro de la cohesión social. En efecto, todas las sociedades de la región _ y la nuestra no es la excepción _ vienen experimentando, con mayor o menor intensidad, una pérdida de sentido de pertenencia de las personas a la sociedad, de identidad con propósitos colectivos y de desarrollo de lazos de solidaridad. Este hecho destaca la importancia de fomentar los lazos de solidaridad, desde el Estado o desde la propia sociedad civil. Significa que “lo público” debe ser visualizado como el espacio de los intereses colectivos más que como “lo estatal”.

Se trata _ remata la Cepal _ de alcanzar una participación más activa de todos los sectores sociales en las instituciones políticas democráticas, pero también de desarrollar múltiples mecanismos propios de la sociedad civil que fortalezcan las relaciones de solidaridad y responsabilidad sociales, tanto al interior de los grupos como entre ellos, y que permitan, ante todo, fortalecer una cultura de convivencia y desarrollo colectivo, basada en la tolerancia frente a la diferencia y en la solución negociada de los conflictos.

En ese contexto es obligatorio que aprovechemos el marco constitucional y legal, así como la abundancia de Acuerdos, planes, Pactos y consensos alcanzados; para incidir en la toma de decisiones de los entes públicos, ejerciendo nuestro derecho de fiscalización, control y ejecución de la mayoría de los asuntos políticos, administrativos, ambientales, económicos, sociales, culturales y de interés general.

Estamos en ese límite crítico que amenaza con destruir nuestra paz social, bienestar y democracia. Necesitamos con urgencia desarrollar una ciudadanía responsable, activa y solidaria para romper la cultura de corrupción e impunidad, ejerciendo plenamente nuestro derecho ciudadano para exigir ahora todos juntos las rectificaciones necesarias, y elegir en el año 2024 dirigentes probos y comprometidos que pongan fin a la pobreza y nos ayuden a erradicar la corrupción, reducir las desigualdades, promover el desarrollo sostenible y salvaguardar nuestra democracia.