En la Cárcel Modelo, 50 años atrás

Habrían pasado algunos minutos después de las tres de la madrugada. Por los pisos lisos y húmedos del lugar donde nos tenían detenidos en el Cuartel Central de la avenida A, tiritábamos de frío; en las 12 horas que allí estuvimos ni agua dieron para tomar. De repente, un robusto guardia nos anunció que nos pusiéramos en fila india en el mismo orden como nos habían fichado para ir al Juzgado Nocturno de Policía, donde nuestro caso sería atendido por el juez Agustín Argote.

Encabecé el grupo y nos dirigimos hacia nuestro inquisidor, el típico juez de la época, que parecía de todo menos el título de juzgador que lo distinguía como tal en un gran letrero de metal frente a su escritorio. En esos tiempos para ocupar esos cargos no se requería ser abogado; quizá no había suficientes; además, eran puestos políticos. Tras los barrotes que separaban el juzgado del pequeño patio estaban nuestros familiares, líderes del partido y copartidarios. Al primero que distinguí fue a mi padre, quien con mucha seriedad me preguntó si yo creía en lo que había hecho. Mi respuesta fue inmediata: un rotundo ‘SÍ '. Su espontánea respuesta también: ‘Entonces te apoyaré siempre '.

Era la madrugada del 15 de octubre de 1965. En horas de la tarde del día anterior, 25 demócratas cristianos, tras caminar los 300 metros que separaban la sede del PDC en avenida Perú, habíamos invadido el cuarto piso del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, al lado del de Hacienda y Tesoro en esa misma vía. Protestábamos pacíficamente por las arbitrariedades del Gobierno liberal de Marco Robles en contra de médicos dirigentes del PDC por sus valientes posiciones denunciando la corrupción oficial. Al llegar la policía, bajo la dirección del director del Tránsito, mayor Ramiro Silvera Domínguez (primo hermano de mis primos Domínguez Cochez), nos rehusamos a levantarnos del suelo de la oficina del ministro Roderick Esquivel —quien no estaba allí— donde nos habíamos sentado. Tratando de culpar a Carlos Arellano Lennox, el más conocido del grupo, Silvera preguntó que quién había ideado lo que hicimos, a lo que todos al unísono contestamos reiteradamente ‘Todos fuimos '; nos habíamos preparado para ello. De allí nos trasladaron por los elevadores cargados a chotas que esperaban, conduciéndonos al Cuartel Central de la avenida A, donde nos ficharon.

El ‘diligente ' juez Argote hizo caso omiso de los juiciosos argumentos de nuestro abogado, el prestigioso penalista doctor Rubén Arosemena Guardia, (recién fallecido) y procedió a sentenciarnos a veinte días inconmutables —algo inédito e ilegal en la justicia administrativa de policía. En el mismo momento en que nos condenaba tan severamente —por órdenes superiores— liberaban al famoso jefe de la ‘Bolita ' (juego clandestino de lotería) Presbítero Jenkins Góndola, apresado por solo unas horas cuando la policía lo agarró con las manos en la masa. Eran las inconsistencias de una justicia corrupta.

Los veinte días se redujeron a siete. Tal fue la reacción ciudadana que el Gobierno tuvo que ceder, accediendo a nuestra liberación antes de lo acordado. El ministro de Gobierno, José Dominador Bazán, copartidario de José María Sánchez Borbón, padre de David y Rodrigo, también detenidos en mi grupo y amigo de mi padre, envío mensajes de que nos liberaría a los tres. La respuesta fue negativa: ‘A todos o a nadie '. En esos siete días presos aprendimos el valor de la solidaridad; conocimos el inhumano trato que recibían los otros detenidos. Un experiencia humana indescrip tible.

Esa experiencia carcelaria de hace medio siglo nos hace reflexionar sobre lo que han sido y son las prisiones en Panamá. La Modelo, que de ello no tenía nada, fue demolida en tiempos de Pérez Balladares, para supuestamente dar cabida a prisiones más humanizadas y respetuosa de los derechos de los detenidos.

¿Se ha logrado ese objetivo de tantos años atrás? Por lo menos la Modelo estaba mucho más accesible a los familiares de los detenidos, a diferencia del infierno que es transportarse a La Joya y La Joyita y ahora a la Gran Joya y ni se diga a Punta Coco. La respuesta es un rotundo NO. Quizá hoy están peores. La mayoría de los hoy detenidos aún no han sido juzgados.

Solo basta ver nuestras prisiones, dónde duermen reclusos, cómo comen e interactúan y sobre todo Punta Coco, que tanto defienden algunos y que ya ha sido criticada y censurada por la Defensora del Pueblo y por expertos de Naciones Unidas por violaciones a claros preceptos de derechos humanos. Los presos, si bien pagan lo que han hecho, no por ello dejan de ser seres humanos y reciben un trato muy diferente a los delincuentes de cuello blanco que pagan ingentes sumas a abogados para que les obtengan otro tipo de detención y les inventen toda clase de enfermedades.

ABOGADO Y POLÍTICO.