Los acuerdos fiscales

Enel marco de la nueva situación generada por la globalización de la economía y el desarrollo tecnológico que han alcanzado las actividades ilegales promovidas por individuos y por organizaciones criminales, se ha hecho necesario replantearse, para modernizarlas, las relaciones entre los estados concernientes a la cooperación fiscal y al intercambio de información en materia de impuestos.

Nuestro país ha sido acusado injustamente de ser un paraíso fiscal, a pesar de los cambios que en forma continua ha realizado Panamá durante los últimos veinte años. También es cierto que la estructura financiera creada a raíz del desarrollo del sistema bancario nacional, ha permitido el uso ilegal de nuestras facilidades y como consecuencia, hemos sido incluidos en listas discriminatorias a lo largo y ancho del planeta.

Desde varias administraciones se ha venido estudiando la necesidad de introducir cambios en nuestras relaciones con respecto a la evasión fiscal y al uso del Centro Financiero panameño por personas ligadas al narcotráfico, terrorismo, a la evasión de impuestos, y a toda actividad ilegal que produce ingresos que necesitan ser ‘legalizados’, de una u otra forma.

Bajo la administración del presidente Martinelli se lanzó una estrategia con el fin de promover la integridad, competitividad y rescatar el buen nombre de Panamá, a través de una estrategia nacional para la promoción de los servicios internacionales y financieros, que tiene como uno de sus fundamentos lograr excluir a Panamá de listas discriminatorias.

En el marco de esta estrategia nuestro país ha logrado establecer mecanismos efectivos para el intercambio de información tributaria con catorce países, de los cuales ya han firmado diez, incluyendo el Acuerdo para la Cooperación Fiscal y el Intercambio de Información en Materia de Impuestos, que se firmó el martes 30 de noviembre en la capital federal de los Estados Unidos.

Algunos sectores han salido a cuestionar este acuerdo de Panamá con los Estados Unidos, especialmente los gremios de abogados ligados a estos negocios y las grandes firmas de abogados. En su argumentación indican que esta es una claudicación a la soberanía nacional y que tendrá efectos devastadores sobre el futuro del Centro Financiero panameño y el importante sector de servicios que constituye piedra angular de nuestra economía. ¿Será cierta esta afirmación de los gremios de abogados y los grandes bufetes?

Lo primero que tenemos que señalar es que en términos generales todos los acuerdos de intercambio tributario que ya ha firmado Panamá tienen exactamente los mismos principios y efectos, incluyendo el firmado esta semana con los Estados Unidos. Estos acuerdos han tenido un efecto positivo en la imagen de Panamá y en la calificación de riesgo nación. En la práctica, el sistema financiero panameño se está haciendo más transparente y la imagen del país ha mejorado sustancialmente. El que quiere hacer negocios en Panamá tiene que hacerlo dentro de la legalidad nacional y en el marco de las reglas jurídicas que regulan la economía global. Panamá no debe dar espacio para que el crimen organizado, en cualquiera de sus manifestaciones, utilice nuestro sistema financiero para sus perversos propósitos.

Se ha hablado que Panamá perderá el secreto bancario, que se eliminará la privacidad, que los Estados Unidos podrá hacer investigaciones cuando les dé la gana, y, en fin, se expresa que el país colapsará. Además, que quienes firmen estos acuerdos serán considerados como los Bunau—Varilla modernos.

El acuerdo con los Estados Unidos garantiza la privacidad de los individuos y permite la emisión de acciones al portador, lo más importante es que no existe un intercambio automático de información ni las llamadas expediciones de pesca, es decir, los Estados Unidos tendrá que hacer una solicitud de investigación debidamente sustentada, para poder que Panamá acceda a entregar la información requerida.

El intercambio de información que se compromete a realizar Panamá, independientemente del tipo de acuerdo celebrado, se hará en base a solicitudes individuales provistas de un fundamento específico y justificado y observando el principio de la reciprocidad. Es decir, Panamá no dará información que la otra parte no pueda entregar.

Considerar traidores a las autoridades que firmen estos acuerdos es un argumento demagógico y demuestra la falta de objetividad de quienes realizan sus críticas. Es un hecho público y notorio que la Asociación Bancaria de Panamá, Cámara de Comercio y los abogados han estado representados, junto a altos funcionarios del gobierno, en el diseño y ejecución de esta estrategia.

Al final, el Centro Bancario de Panamá saldrá fortalecido y seguirá siendo factor importante del desarrollo nacional, ahora bajo una transparencia mayor y ajustada a las necesidades de nuestros aliados estratégicos, pero fundamentalmente, ajustada a los intereses de la nación panameña y del desarrollo económico de nuestro país. Ser panameño será en el futuro un sinónimo de transparencia y orgullo.

*INGENIERO Y ANALISTA POLÍTICO.