Elección del 8 de abril: anatomía de una fractura democrática y la urgencia de blindar la Defensoría del Pueblo

La elección de la nueva Defensora del Pueblo, ocurrida el 8 de abril, no fue simplemente un episodio político más: fue un espejo. Un espejo que devolvió a Panamá una imagen incómoda, cruda y profundamente reveladora de las tensiones entre poder, institucionalidad y derechos humanos.

Lo que debía ser un proceso ejemplar, que engendraba la selección de la persona encargada de proteger a la ciudadanía frente al abuso estatal, terminó convertido en una secuencia de hechos que reveló una arquitectura institucional orientada a un desenlace específico y planificado con maniobra parlamentaria y desconfianza pública.

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, recibió los perfiles de vida de 35 aspirantes y logró entrevistar a 31 aspirantes. Escuchó trayectorias, revisó hojas de vida, evaluó propuestas y el debate se situó a lo interno de este recinto respecto al número de nombres que se enviarían al pleno. Ello, abriría paso a la sospecha: cuando el procedimiento se vuelve negociable, el resultado deja de ser confiable.

Finalmente, la referida Comisión emitió su informe de mayoría en la cual se aprecia lista de 7 candidatos elegidos por esta, así como lo mandata la normativa existente. Impuesto un informe de minoría para asuntos administrativos (nombrar al Defensor) que a juicio de abogados y de diputados de la Asamblea Nacional, trastoca la práctica consecutiva de la referida Comisión, y con el dedazo a tambor batiente de 39 diputados, decidieron ignorar el trabajo técnico, el procedimiento y revivir la candidatura de una aspirante que no estaba en la lista final de los 7.

En un escenario de farsa y burla, sería elegida la nueva defensora con 37 votos, en una sesión nocturna que incendió las redes sociales y los programas de opinión de esta mañana (jueves 9 de abril), ante la mirada de individuos que no son ingenuos y que entienden que algo más profundo está en juego.

¿Cómo puede defender derechos desde un origen cuestionado? Es tan evidente que casi parece un ejercicio filosófico: ¿Cómo puede la institución encargada de defender a los individuos del abuso del poder nacer, ella misma, de un abuso del proceso? Si analizamos este planeamiento, tendríamos que preguntarnos cómo podríamos pedirle al gallo que cuide el gallinero después de haber sido elegido en una reunión en la cual solo participaron los zorros; o como subir a un burro a la cima de una montaña y luego proclamarlo “el mejor escalador del país” si todos sabemos que llegó porque alguien lo cargó. En términos institucionales, esta paradoja es devastadora.

La Defensoría del Pueblo no es un cargo decorativo, es una responsabilidad moral, es un refugio ético e institucional, es un compromiso con la vida, con la igualdad sustantiva y con la dignidad humana. Es esa esperanza de defensa para quienes no tienen voz (niñez, mujeres, personas privadas de libertad, pueblos indígenas, migrantes, víctimas de violencia, personas con discapacidad). Si la elección de su liderazgo nace de un proceso cuestionado, la institución queda herida desde su origen. Una institución herida no puede proteger a quienes ya están heridos. La elección del defensor reflejó las alianzas políticas, los cálculos de poder, las negociaciones de pasillo y un proceso que pareció diseñado para un resultado predeterminado.

La corrupción tiene una lógica simple: si puede capturar una institución, lo hará y si puede capturar la institución encargada de denunciarla, lo hará primero. Por eso, esta elección no fue solo un error. Fue un síntoma. Un síntoma de que la democracia panameña está siendo empujada hacia una paradoja peligrosa: Un país que dice defender los derechos humanos, pero que elige a su Defensora como si fuera un botín político. La confianza no se decreta. Se construye y la elección del 8 de abril, la destruyó.

En política, como en astronomía, existen cuerpos que brillan sin emitir luz propia. Son planetas que reflejan la luz de otros. Parecen estrellas, pero no lo son. La Defensoría del Pueblo corre el riesgo de convertirse en eso: un planeta que refleja la luz del poder político, en lugar de ser una estrella propia que ilumine la dignidad humana.

Luego de haber estado en las gradas escuchando el debate y la votación, llego a la siguiente reflexión: No es por ardida (como dicen mis hermanos y hermanas mexicanos y mexicanas) porque estaba en la lista de los 7, sino porque está en peligro el estado de derecho y el resguardo de los principios y las garantías inherentes a salvaguardar nuestra dignidad.

Lejos de ser una fiesta democrática para elegir a quien nos defienda de ese poder omnímodo del Estado, son más las preguntas que las respuestas en este contexto. ¿Qué hacer para que esto no vuelva a suceder? ¿Cómo puede un país proteger los derechos humanos si la institución creada para defenderlos puede ser capturada por el poder político que debe vigilar? ¿En qué momento Panamá dejó de concebir al Defensor del Pueblo como un contrapeso ciudadano -como el tribunus plebis o el defensor civitatis- y lo convirtió en un botín parlamentario? ¿Puede una Defensoría del Pueblo cumplir su mandato ético si su origen carece de legitimidad democrática y transparencia? ¿Qué modelo de elección garantizaría que la Defensoría del Pueblo vuelva a ser un contrapeso real y no un reflejo del poder político? ¿Qué costo democrático estamos dispuestos a pagar si permitimos que la institución encargada de protegernos del abuso nazca, una y otra vez, de un abuso del proceso? ¿Qué debemos cambiar -como ciudadanía y como Estado- para que la Defensoría del Pueblo vuelva a ser un muro ético y no un espejismo institucional?

La crisis que presenciamos no es un accidente institucional, sino el resultado de un diseño que permite la captura política de una figura que, en su origen histórico, nació precisamente para impedirla. En el Derecho Romano, el tribunus plebis surgió como un contrapeso directo al poder senatorial, elegido por el pueblo y dotado de la sacrosanctitas que lo hacía intocable frente a las élites. Más tarde, el defensor civitatis encarnó la obligación de proteger a los ciudadanos frente a abusos fiscales y administrativos.

En Suecia, Noruega y otros países nórdicos, el ombudsman moderno mantiene esa esencia: independencia real, elección transparente, controles cruzados y un mandato que no depende de la voluntad de los partidos. Panamá, en cambio, ha ido degradando la figura del Defensor del Pueblo hasta convertirla en un apéndice del cálculo parlamentario, alejándose de los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y vaciando de contenido su función esencial: ser un muro ético frente al poder.

Variadas son las causas con procesos opacos, reelecciones inmediatas, comisiones legislativas con incentivos políticos, ausencia de comités técnicos independientes, y las consecuencias son devastadoras: pérdida de confianza pública, debilitamiento del sistema de protección, erosión del Estado de derecho y una ciudadanía cada vez más desprotegida; por eso urge replantear cambios en el sistema que nos brinde soluciones a través de un modelo para que la elección sea verdaderamente independiente, ya sea mediante un comité técnico autónomo con terna vinculante o incluso explorando mecanismos de legitimación popular inspirados en el tribunus plebis; que se elimine la reelección inmediata; que las audiencias sean públicas y blindadas contra la manipulación; que existan sanciones penales para quienes distorsionen el proceso; y que la Defensoría recupere su naturaleza originaria: ser la voz de quienes no tienen voz, no el eco de quienes ya tienen poder.

La elección a cualquier cargo debe darse mediante buenas prácticas, apegados a la ley, siguiendo las reglas y principios de transparencia, independencia y mérito, y de esa manera la Defensoría debe ser un escudo, pero ante la opacidad, intereses y arreglos que se han generado, esta será un espejismo. Ojalá me equivoque, pero un país no puede defender los derechos humanos con espejismos.