Adolescencia truncada

Cada vez que se toman disposiciones para regular aspectos que involucran a menores de edad en Panamá, se hace sin contar con una discusión racional sobre las perturbaciones que envuelven a este grupo vulnerable de la población. Embarazos no deseados, violaciones, deserción escolar, violencia y agresiones son algunos factores que empeoran la realidad de un sector social que debiera estar atendido con mayor sentido de eficiencia.

En los últimos días se escuchó que se ha propuesto la aprobación de una ley que consigna penas de prisión para las personas que violen a jóvenes entre los 14 y 16 años. Según el articulado de esta propuesta, se priva de libertad hasta con 12 años a quienes incurran en este tipo de delito y al parecer no queda claro si los acusados tendrán derecho de solicitar rebaja de pena mediante arreglos.

Según los críticos, este proyecto presentado a la Asamblea Nacional y que es analizado por la Comisión de Justicia y Asuntos Constitucionales, plantea una rebaja de penas a los culpables de violación y, por otro lado, estimula el matrimonio con jóvenes menores, al consignar que se considera el delito cuando no se cuente con la anuencia de la menor afectada.

Al revisar estadísticas sobre la incidencia de violaciones y embarazo de jóvenes menores de edad, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la tasa de fecundidad adolescente alcanza un porcentaje de 51.7 (de acuerdo con cifras del ministerio de Salud). Además, según los juzgados de Niñez y Adolescencia, “el abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes se ha duplicado, pasó de 660 a 1393, respectivamente”, entre 2010 y 2022.

Otros datos provenientes del ministerio de Salud, exponen que en 2022 se “atendieron 15 mil 384 embarazadas, siendo el 26.3% menores ... ” Swissinfo.ich reproduce un reportaje de EFE en que se presentan las cifras de la institución de Salud sobre que las violaciones a jóvenes entre “10 y 19 años se duplicaron en 2020, en pleno encierro por la pandemia, al registrarse 9.724 casos frente a los 4.652 de 2019...”

Es evidente que el embarazo en la adolescencia tiene implicaciones para cada mujer que se ve involucrada en esta contingencia: en muchos de los casos se genera una deserción escolar que le llevará a no concluir los estudios y a un mayor número de hijos; existen también implicaciones en la propia salud de la adolescente; un aumento del desempleo e inferiores ingresos en la vida laboral y esto conduce también a una espiral de pobreza que se reproducirá en el futuro.

Como se puede apreciar, no es solo un problema de derecho penal y de atender esta contrariedad desde una sola de sus aristas. Hay implicaciones sociales, económicas, políticas, de salud y culturales que envuelven la situación. Todas ellas actúan contra un evidente incremento de los embarazos no deseados en este periodo y también de la tasa de disminución de la fecundidad en niñas y adolescentes.

Por esa razón es imposible asumir que medidas como los acuerdos con los delincuentes sexuales que atacan a menores de edad, vaya a bajar la incidencia de los casos. Se necesita construir un escenario mucho más amplio para analizar estas circunstancias con estrategias que enfocadas en atender los casos tanto urbanos como rurales (estas últimas tienen mayor ocurrencia) y posibiliten acciones desde diferentes entidades.

¿Qué estudios han aportado conocimiento sobre lo que ocurre en la mente, en el pasado y en el círculo que envuelve a los transgresores de la ley y que están detrás de los casos de violación, o de acoso? La psicología, la psiquiatría y la criminología pueden aportar datos suficientes para elaborar no solo el perfil de estos delincuentes, sino también crear herramientas para prevenir estas prácticas.

No es posible truncar la vida adulta de jóvenes convertidas en víctimas de un estado de opresión que se estimula con medidas poco trascendentes.