Alfabetización constitucional y el sistema educativo para la prevención del delito

El 8 de enero de 2025, la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac), inicio el proceso de brindar al país la necesaria “docencia” con miras a la “eventual redacción de una nueva Carta Magna, mediante talleres, charlas, cabildos abiertos y demás mecanismos de participación ciudadana.

La Constitución Política de la República de Panamá de 1972, sin entrar en una discusión política, histórica y hasta filosófica a partir de su creación, sin duda la principal norma de la República es anticuada y requiere actualizar a estándares globales modernos.

Los hechos recientes ocurridos en Bocas del Toro en el último mes demuestran el requerimiento de la inclusión de derechos fundamentales de nueva generación, de la regulación del mundo digital, de la certeza al acceso al internet, el derecho a la protección de datos personales, cosa que nuestra vieja Constitución de 1972 nunca contempló la magnitud de avances tecnológicos, que actualmente marcan la interacción diaria del ciudadano con la sociedad y el mundo.

El proceso de alfabetización constitucional pone en relevancia la falla del sistema educativo nacional, pues no se ha inculcado a nuestros ciudadanos suficientes competencias relativas a derechos y obligaciones que provienen de nuestro texto constitucional, y otra en específico lo referente a la promoción de la paz y los derechos humanos en los sistemas educativos.

En la “Recomendación sobre la educación para la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible” de la Unesco, se resalta la importancia de prevenir y combatir todas las formas de violencia y violaciones de derechos humanos, empleando la educación como elemento fundamental para la reducción de la criminalidad.

En ese sentido, los derechos humanos y educación están vinculadas con la prevención del delito. Prevención que tiene en la escuela y en el ámbito familiar ejes iniciales para la promoción de entornos seguros y de asegurar el bienestar educativo.

En Noruega, a principio de mes, se propuso legislar contra el uso no autorizado de sistemas de inteligencia artificial en las imágenes y voces de los ciudadanos; aquí no se tiene ni siquiera claro cosas de naturaleza análoga, por ejemplo, como ocurre con el tema de la exposición de la cédula de identidad personal, la cual sólo se enseña o exhibe, pero nunca se entrega, cosa que dice la Ley 83 de 1 de julio de 1941, sobre la cédula de identidad personal en su artículo 24, el cual dice: “Toda persona que debiendo portar cédula de acuerdo con esta Ley no la llevare consigo y no la exhibiere en el momento de ser requerido o en el momento en que esté obligado a hacerlo pagará una multa de uno a diez balboas por cada infracción”.

De la alfabetización constitucional, encontramos la importancia de la educación en sí, pues incide en el funcionamiento de nuestra sociedad. Los mismos ciudadanos y funcionaros públicos desconocen y confunden cuáles son sus derechos y deberes, cosa que para un ciudadano no será problema, salvo sea una conducta sancionada por el Estado, cosa que es mucho más preocupante para un funcionario público que no su actuar sólo puede darse dentro del marco de la ley en el ejercicio de sus funciones.

Nelson Mandela dijo que, “La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es el arma más poderosa para cambiar el mundo”; nuestro reto futuro será desaprender malas costumbres del pasado e iniciar la discusión de no sólo renovar el sistema educativo, sino de nuestra Constitución.

Finalizamos estableciendo la necesidad de tener una nueva Constitución Política, pues actualmente la tutela efectiva de derechos fundamentales en el contexto de instrumentos internacionales, supera en desarrollo doctrinal y jurisprudencial a nuestro caduco texto constitucional con ideas de hace 20 o 40 años, hecho que lleva a incertidumbre jurídica y dificulta la protección de los derechos fundamentales, aunque sigamos el bloque de constitucionalidad y de convencionalidad, pero que también a futuro será necesario discutir la creación de un Tribunal Constitucional autónomo de las salas existentes de la Corte Suprema de Justicia.