Balotaje tico en clave latinoamericana

El pasado domingo 3 de abril, el economista Rodrigo Chaves, candidato del nuevo Partido Progreso Social Democrático (PPSD), fue electo presidente, en la segunda vuelta, con el 52.85 % de los votos, derrotando al expresidente José María Figueres del histórico Partido Liberación Nacional (PLN), quien obtuvo 47.15 %. Con un discurso de tono agresivo, antisistema y antiélite, crítico de la corrupción y de los privilegios que gozan ciertos sectores, y con la promesa de volver a hacer de Costa Rica “el país más feliz del mundo”, Chaves logró revertir el resultado de la primera vuelta y ganar el balotaje.

En estas elecciones se repitieron varias de las principales tendencias que actualmente están presentes en el superciclo electoral latinoamericano, entre ellas:

Voto castigo al oficialismo: similar a lo ocurrido en otros países -de las 13 últimas elecciones presidenciales que tuvieron lugar en la región, en 12 perdió el oficialismo, la única excepción fue la farsa electoral perpetrada por la dictadura de Ortega-Murillo-, el PAC sufrió una paliza electoral: su candidato presidencial obtuvo en la primera vuelta el 0.66 % de los votos y el partido perdió la totalidad de sus diputados.

Balotaje y reversión: Costa Rica nunca había tenido que recurrir al balotaje durante el siglo pasado. Ello cambió radicalmente desde inicios de este siglo. De las 6 elecciones celebradas durante los últimos 20 años, 4 fueron a segunda vuelta. En las primeras dos -2002 y 2014-, quienes triunfaron en primera vuelta ratificaron en la segunda ronda (Abel Pacheco y Luis Guillermo Solís); en cambio, en las dos últimas ocasiones -2018 y 2022-, similar a lo ocurrido en 2021 en Ecuador y Chile, el candidato que fue segundo en primera vuelta, logró luego revertir el resultado (Carlos Alvarado, el actual presidente, y Rodrigo Chaves, el presidente electo).

Desafíos de gobernabilidad: Similar a las elecciones del año pasado en Perú y Ecuador, el proceso electoral tico se caracterizó por un alto nivel de fragmentación (25 candidatos a la Presidencia en la primera vuelta), fenómeno que, combinado con la llegada al Ejecutivo de un partido nuevo en segunda vuelta mediante la reversión de resultado, y un bajo nivel de apoyo parlamentario (10 diputados de los 57), anticipa importantes desafíos de gobernabilidad.

Alto abstencionismo: Uno de los rasgos preocupantes que dejó la elección costarricense es el descenso pronunciado en la participación electoral, que fue de 59.9 % en la primera vuelta y de 56.8 % en segunda ronda. Mientras en la década de los 80 y 90 del siglo XX la participación promedio fue superior al 80 %, durante el período 2002-2018 descendió al 67 % promedio. Para decirlo de otra manera, el abstencionismo por encima del 40 % que deja este proceso electoral (40.1 % en la primera vuelta y 43.2 % en la segunda ronda) debe ser objeto de especial y prioritaria reflexión.

Integridad electoral: A pesar de los cuestionamientos infundados, efectuados por el ahora presidente electo durante la campaña electoral, en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el proceso electoral se llevó a cabo, como es costumbre en Costa Rica, de manera ordenada, pacífica y con altos estándares de integridad electoral.

Desde hace décadas, el país viene siendo elogiado -con fundamento- por su estabilidad política y la calidad de su democracia, diferenciándose de los avatares de sus vecinos centroamericanos. Los indicadores recientes de los principales índices sobre calidad de la democracia ratifican la evaluación positiva de la democracia tica, la vigencia de los derechos políticos y las libertades y los altos niveles de integridad electoral.

En cambio, otras dimensiones muestran estancamiento, deterioro o disfuncionalidad. El país necesita revisar el modelo de desarrollo y su sostenibilidad, mejorar la efectividad del Gobierno y sus políticas públicas, la calidad de los bienes y servicios ofrecidos a sus ciudadanos, y generar mayor inclusión y cohesión social. El aumento de la desigualdad, 23 % de pobreza, 14 % de desempleo y el alto costo de vida son indicadores que exigen urgente atención.

Por su parte, el sistema político y el ecosistema institucional se han vuelto disfuncionales y demandan una reingeniería profunda que está pendiente desde hace muchos años. Sin estos cambios, me temo, la democracia costarricense, pese al apoyo que aún recibe (52 %, según Latinobarómetro 2021) arriesga sufrir una mayor erosión democrática, un aumento de la conflictividad social y una gobernabilidad crecientemente compleja. Ya hay suficientes campanazos de alerta en este sentido: creciente malestar social, aumento de la insatisfacción con el mal funcionamiento de la democracia, percepción mayoritaria de que se gobierna en favor de una pequeña minoría de poderosos, pérdida de lealtad con los partidos tradicionales, recurrentes escándalos de corrupción y un preocupante y creciente abstencionismo.

Mi opinión: Rodrigo Chaves, un “outsider” con mínima experiencia política previa, llega a la Presidencia con una legitimidad de origen incuestionable, pero con escaso capital político y debilidades: 7 de cada 10 costarricenses no votaron por él (1.5 millones se abstuvieron, 908 mil apoyaron a Figueres y 51 mil invalidaron su voto), muchos de los votos recibidos en la segunda ronda son votos prestados, debe armar en poco tiempo gabinete sin contar con cuadros profesionales experimentados propios, y carece de mayoría propia en la Asamblea Legislativa. Si no logra manejar expectativas y dar resultados rápidos, su luna de miel será corta, como le ha ocurrido a la mayoría de los presidentes electos el año pasado en la región (Castillo, Lasso, Boric).

Quizás este complejo y desafiante cuadro, junto a las investigaciones que están llevándose a cabo sobre posible financiamiento irregular de su campaña, explique el cambio abrupto, radical y positivo que Chaves tuvo entre su discurso agresivo durante la campaña y el tono conciliador desde la misma noche en que supo que había ganado las elecciones.

Pareciera que Chaves, finalmente, comprendió -veremos qué ocurre una vez en el ejercicio de la Presidencia y si el tono moderado y conciliador viene acompañado de hechos concretos-, que, para poder cumplir con sus promesas de campaña y dar respuesta oportuna y eficaz a las múltiples demandas ciudadanas, va a requerir de mucho diálogo, negociación y acuerdos amplios, y que todos estos cambios deberá hacerlos con estricto apego a la Constitución, con pleno respeto al Estado de derecho y gobernando democráticamente. La democracia tica está a prueba.