Barro Blanco: un venado acorralado entre varios tigres

Panamá es uno de los países con una legislación avanzada en términos del reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas. El expresidente de la República Martin Torrijos se jactó en su periodo diciendo ‘para qué ratificar el Convenio 169, si las nuestras son mejores '. Lo cual es cierto, ya que Panamá establece leyes y cartas orgánicas para las comarcas y procedimientos de consulta a los pueblos indígenas y de garantías de acuerdos de beneficios, en especial en proyectos de gran envergadura, como los proyectos hidroeléctricos.

Además, en 2011, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de sobre los Derechos de los Pueblos basados en tres grandes ejes: el deber del Estado de proteger, el deber de las corporaciones de respetar y la necesidad de poner a disposición de los afectados un amplio abanico de medidas compensatorias y de remedio. Pero sorprende la razón profunda del porqué no quiere Panamá ratificar el Convenio.

Sin embargo, la existencia de un marco jurídico nacional e internacional vinculante y expresado bellamente con estándares de referencia claros no se traduce, desgraciadamente, de forma directa en que las comunidades indígenas sientan que son tratadas con justicia. Las negociaciones a las que se enfrentan no solo tienen que ser justas y acordes con la legislación internacional de los DDHH, sino que deben ser percibidas también como justas. Ante esta contradicción, las teorías de la justicia organizacional pueden resultar de gran utilidad para las comunidades indígenas y para que las empresas desarrollen sus proyectos de forma más humana y con el máximo respeto a los derechos de estas culturas ancestrales.

Pero la seguridad jurídica para los pueblos indígenas no funciona. Esto se debe a que los intereses económicos expresados en los partidos políticos priman sobre los intereses de los pueblos. Así lo demostraron los expresidentes Ernesto Pérez Balladares (PRD), Mireya Moscoso (PP), Martín Torrijos (PRD) y Ricardo Martinelli (CD), puesto que los cuatro expresidentes son políticos del sistema y reconocen explícitamente la supremacía del mercado. Y usan los conceptos calcados del FMI y del Banco Mundial.

Desde sus inicios, el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco estuvo plagado de errores, engaños cometidos por todos los actores involucrados, llámese Gobierno nacional de Panamá, Genisa (Generadora del Istmo S.A.) en su calidad de empresa promotora, y autoridades tradicionales.

En términos de justicia procedimental, Genisa cree haber respetado en todo momento la más estricta legalidad, pero parece ignorar que la legislación local no cumple con las leyes nacionales y la Convención 169 de la OIT, porque no la ha ratificado. Por eso, la legalidad en que dice operar es en realidad falsa e incumple la legislación internacional.

Para colmo los empresarios invocan la palabra sagrada del capitalismo, ‘seguridad jurídica ', pero deben saber que esta se asienta sobre el concepto de predictibilidad; es decir que cada una de las personas, empresas sepan de antemano las consecuencias jurídicas de sus propios comportamientos. En este sentido, argumentar que una comunidad rechace, proteste o se nacionalice un recurso nacional es asustar a las empresas y la falta de seguridad jurídica condena a Panamá a estar eternamente secuestrado por las transnacionales más poderosas del mundo, que se enriquecen cada día más con argucias y recursos que no son suyos.

Los Estados y las empresas pecan de etnocentrismo al intentar imponer sus propios modelos de desarrollo, basados habitualmente en los criterios clásicos occidentales de bienestar. Las comunidades indígenas tienen el derecho de decidir ellas mismas el desarrollo que más les conviene. Los partidos tienen que decidir si quieren ocupar el Gobierno para enriquecerse o construir el Estado.

‘Quien no conoce la historia está condenado a repetirla ', dice la sabiduría. Por eso, el caso de Barro Blanco debe ser ampliamente difundido y conocido por el pueblo panameño.

SOCIÓLOGO, GUNA.