El controvertido caso de la Procuraduría

Este tema ha creado mucha inquietud en nuestra sociedad y, como ciudadano, emito opinión basándome en las informaciones procedentes de los medios de comunicación, que son el único medio a nuestro alcance. Creo que se ha estado pecando de excesiva suspicacia al acusar al Ejecutivo de manipular todo un andamiaje que conduciría a la remoción de la procuradora. A ella se le están siguiendo procesos en concordancia con las leyes y no arbitrariamente. Además, a ella le sobran abogados defensores, así como particulares que la apoyan y tiene amplio acceso a los medios, y así debe ser.

No soy abogado como para introducirme en los vericuetos de los actos supuestamente anómalos achacados a la procuradora y saber si estos riñen o no con la legalidad, esta decisión la tomará la Corte Suprema de Justicia, que es la autoridad competente y cualquiera sea su decisión tendremos que aceptarla, pues, sus fallos son finales. Sabemos, eso sí, que no fueron este presidente ni sus allegados quienes presentaron ninguna de las varias demandas que pesan sobre la procuradora, puesto que el asunto inició con anterioridad a su mandato. Tampoco fue él quien, para causarle problemas, le ordenó intervenir teléfonos ni tampoco que mediante un acto de prepotencia y sin las pruebas requeridas, despidiera a varios fiscales y al médico forense, que luego debieron ser restituidos en sus puestos por orden de la Corte Suprema y a un costo millonario para todos nosotros. Lo que no sabemos es si tales acciones fueron legales y ello es, precisamente, lo que se está tratando de aclarar a través de los procesos en trámite.

Lo que no acabo de entender es que haya quienes piensen que una procuradora que está suspendida en sus funciones, debido a que se le siguen procesos legales, sea la que pueda nombrar a algún allegado para que la suplante durante el trámite de tales procesos. Permitirlo, sería como poner al ratón a cuidar el queso. Vale recordar que constitucionalmente es el presidente quien nombra a los procuradores y mal podría evitarse que en un caso como este sea al propio presidente a quien corresponda tal nombramiento.

Vale traer al caso que el presidente del período anterior controló absolutamente todos los órganos del Estado, pero ello no fue motivo de gran escándalo. En ocasión de los nombramientos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que todos conocemos, en período pasado, señalados como muy irregulares, sí hubo reacciones, pero ninguna tan marcada como esta que ahora estamos presenciando. Muy injusta, en mi opinión. Hasta pareciera que algunos medios de divulgación se han declarado opositores en contubernio con el PRD y ello no me sorprendería después que vimos a la Democracia Cristiana hacerlo sin ningún sonrojo.

La inconformidad pública con este tema se debe más bien a un rechazo a nuestra manipulada y deficiente Constitución Política, de la cual se origina la desconfianza generalizada hacia el Órgano Judicial. La solución, entonces, no es achacar la responsabilidad al presidente, sino iniciar campañas a favor de legítimas reformas constitucionales o de una Constituyente que corrijan estas deficiencias y muchas otras que subsisten del período militar.

*Empresario.jcorream@cwpanama.net