Centros penitenciarios o ¿hacinamientos infrahumanos y escuelas del crimen?

Un buen ejemplo de las declaraciones líricas de la nuestra y de muchas otras constituciones, es el artículo 28 que, a la letra, dice: “Artículo 28.- El sistema penitenciario se funda en principios de seguridad, rehabilitación y defensa social. Se prohíbe la aplicación de medidas que lesionen la integridad física, mental o moral de los detenidos.

Se establecerá la capacitación de los detenidos en oficios que les permitan reincorporarse útilmente en la sociedad.

Los detenidos menores de edad estarán sometidos a un régimen especial de custodia, protección y educación.” ¿Cuál de esas “declaraciones mandatos” han cumplido los gobiernos, los anteriores y el actual? Objetivamente ninguna. Nuestras cárceles son lugares de hacinamiento, controladas por las células de las pandillas que operan dentro de ellas. Abiertamente allí se trafican drogas, armas y privilegios con la connivencia comprobable de quienes regentan el sistema penitenciario. Esa es una patente realidad.

Hará menos de un año, en el Centro de Detención de Menores se produjo una tragedia de la que todavía se siguen evadiendo responsabilidades. El escándalo mayúsculo de la fuga de más de casi 200 reclusos de la cárcel de “La Joyita”, como ocurrió con el reciente “apagón”, si para algo ha servido es para que, descarnadas hasta los huesos, queden al desnudo la negligencia, la incompetencia y la complicidad de quienes tienen la obligación de cumplir las responsabilidades que marca la Constitución.

Ante esta tragedia social y humana, si algún corolario absurdo era posible para retratarla en toda su magnitud, este lo ha proporcionado la jefa de la cartera ministerial responsable, quien, antes que reconocer sus muchos errores, optó, para supuestamente “demostrar decisión y carácter”, reaccionar en tono altisonante: “los capturaremos a todos”. A lo que agregó: “Si yo, personalmente tengo que salir a capturarlos, los buscaré hasta debajo de las piedras”. Y como, al parecer esas frases no le bastaron, como corolario, en tono amenazante agregó refiriéndose a los fugados: “van a sentir el peso de un Estado que ha sido desafiado”.

Para cumplir la primera declaración, según han dado cuenta los medios de comunicación, porque así lo han declarado públicamente sus protagonistas, se realiza una operación que han denominado, con una de las rimbombancias que son usuales, en la que se han comprometido más de 400 unidades de la policía. En cuanto a la segunda y la tercera, bien vendría que la ministra ilustre al país sobre cuál es su significado, pero especialmente, quienes son los que “por haber desafiado al Estado”, ella les va hacer “sentir su peso” y de qué forma es que se los va a “hacer sentir”.

Ante tantas declaraciones fuera de lugar, que ya se han vuelto un patrón, sería conveniente y recomendable que, cuando los altos funcionarios del Estado se sientan tentados a soltarle al país declaraciones, inventando “jergas” que a ellos puedan perecerles ingeniosas, pero que están muy lejos de serlo, y que proyectan arrogancia o amenazas, se lo piensen mejor. El efecto que producen en la ciudadanía es diametralmente opuesto al que, tal vez, ellos pensaron que proyectarían.

En todos los países del mundo existe la delincuencia y centros penitenciarios para recluir a quienes, por haber infringido la ley, merecen ser temporalmente apartados de la sociedad. Pero si los centros de reclusión, en lugar de ser centros de rehabilitación son “auténticas escuelas del crimen”, como es comprobadamente el caso de los nuestros, el objetivo de la “reinserción social”, antes que viable, se vuelve imposible.

El tema de la criminalidad es mucho más profundo. Para abordarlo con la rigurosidad que corresponde, en primer lugar, debe atenderse a sus causas y, por tanto, la primera tarea debe ser la prevención, atacando los factores que, en un altísimo porcentaje, son la pobreza, el desempleo y la falta de educación. Considerar que bastará con construir más cárceles es, guardando las proporciones del símil, equivalente a que la carreta sea la que tire de los bueyes.

Si los centros, de detención, que se supone que deben contribuir a rehabilitar a los penados para que puedan reinsertarse productivamente en la sociedad, se los sigue concibiendo como centros de castigo y cuasi venganza social, como parece traducirse de las declaraciones de la susodicha funcionaria, es evidente que los resultados serán hechos como la fuga que ahora tanto la escandalizan.