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Bajo este título, son diversas las obras y artículos de distintos autores y de múltiples nacionalidades, que se ha publicado en las últimas décadas. Ello no debe sorprendernos, muy por el contrario, debe animarnos a leerlos para aprender y para saber como nos corresponde como ciudadanos, proceder en una tarea y compromiso tan importante para nuestro presente y nuestro futuro.
El contenido de las constituciones, en la mayoría de los Estados que conforman el sistema internacional, se ha encaminado —mucho más que antes— a proclamar de manera explícita los valores fundamentales que requiere la comunidad política y a definir los objetivos correspondientes.
En otras palabras, desde la caída del Muro de Berlín en 1989, el derrumbe en 1991 del imperio soviético, el surgimiento de nuevos Estados en la llamada Europa del Este, permitieron nuevas corrientes democratizadoras de la propia democratización. En nuestra América Latina, a partir de los noventa, el denominado “constitucionalismo democrático” comenzó a tomar fuerza para pasar la página de las dictaduras autocráticas y autoritarias, hacia instituciones democráticas por la vía de procesos constituyentes originarios.
El constitucionalismo es hoy el instrumento apropiado para la lucha contra lo arbitrario, a través de una real y efectiva participación ciudadana, que es el elemento indispensable para la democratización y control de las irracionalidades del poder político.
La participación ciudadana, sin exclusiones, es el elemento clave para el cambio de una Constitución y, más aún como en nuestro caso, cuando se trata de un estatuto constitucional impuesto por la dictadura militar para intentar, así, legalizar su usurpación violenta del poder. Dicha participación popular toma entonces la forma de una necesaria aprobación por la vía de cabildos, asambleas ciudadanas, plebiscitos y referéndums, así como la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
Gracias a los cambios y transformaciones aportadas por los procesos constituyentes, el mundo es hoy un laboratorio constitucional que nos brinda un caleidoscopio de progresos constitucionales, todos los cuales han encontrado su fuente en la una real y efectiva participación ciudadana en el proceso del cambio constitucional.
Lo anterior no oculta las diversas acciones llevadas a cabo por los adversarios de los cambios y de las nuevas corrientes constitucionales, para poder así, no solo aferrarse, sino también, conservar su mal habido poder.
La capacidad de los ciudadanos para participar activamente en todo el proceso de preparación y ejecución del cambio constitucional, se convierte en el primer obstáculo a demoler. Para ello entonces, la alfabetización constitucional a llevarse a cabo, debe ser desde un principio una tarea de todos los ciudadanos: alfabetizar se convierte así en un verbo a conjugar sin vacilación alguna, de parte de los que queremos y creemos en la urgencia del cambio constitucional para nuestro Panamá.
Sabido es que, en el contexto actual de Panamá, el ejercicio constituyente está sujeto a una serie de pretendidas limitaciones jurídicas que emanan de la propia constitución impuesta en 1972. Que también existe limitaciones de orden político de parte de factores reales de poder que no quieren cambio alguno. Ahí entran, en compañía de otros, los magistrados del Tribunal Electoral, así como las dirigencias de los partidos políticos y de otras organizaciones de diversa naturaleza que temen perder su “cuota de poder”.
Es por ello, la importancia que cobra para la respuesta de la interrogante que inicia este artículo, la fase de alfabetización constitucional, como primer paso para el necesario empoderamiento del ciudadano como dueño y señor del poder constituyente.