Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
El terremoto que ha castigado el país nos pone a prueba a todos. Por un lado, debemos regocijarnos de que, aunque los daños materiales han sido de gran magnitud, no hubo pérdida de vidas; pero cómo respondamos, las autoridades, en primer lugar, y la sociedad en su conjunto y cada uno de nosotros, individualmente, nos redefinirá como nación.
Preocupante, en grado sumo, es la confusión que nuestras autoridades evidenciaron para reaccionar con la debida prontitud. Señalaba con acierto la diputada Chandler de la bancada Vamos, la demora, de más de 24 horas, antes de que se produjera un comunicado oficial, que debió ser responsabilidad primaria de la presidencia del país.
Preocupantes, igualmente, han sido las contradictorias declaraciones del titular del MEF, quien, por un lado, se disparó anunciando que había adelantado gestiones con cuanta entidad internacional de crédito existe, para gestionar préstamos y, por otro, y casi, a continuación, anunciar que Panamá, por contar con suficientes recursos propios, no necesitaría de esas asistencias financieras.
Si esas declaraciones se ponen en contexto, la conclusión es que muchos de “nuestros capitanes” siguen improvisando sin antes tomarse el tiempo para pensar. Ejemplo de esa desorientadora tendencia son las confusas declaraciones sobre la eventual utilización de los recursos del FAP, el Fonde de Ahorro de Panamá. Este mecanismo financiero fue creado para dos propósitos: compensar los desfases que puedan producirse en las finanzas públicas; pero, principalmente, para aportar los fondos para atender contingencias imprevistas causadas por desastres naturales.
Hace solo un par de semanas, en los medios de comunicación se informaba que el FAP, aparte de su pregonada y sólida solvencia, contabilizaba recursos cercanos a los 4,000 millones; que su rentabilidad bruta estaba en torno al ocho o nueve por ciento (8 ó 9%), que equivaldrían a unos 350 millones. Además, a sus administradores se les ponderaba con “matrícula de honor” por su sagacidad y competencia financiera.
Tales extraordinarias y favorables situación y supuestas bonanzas, en cierta medida, daban sentido a la segunda declaración del titular del MEF quién, contradiciéndose de las primeras, dijo que no se necesitaría de financiamientos externos, por cuanto contamos con suficientes recursos para reemplazar y reparar las estructuras dañadas y para cubrir las necesidades inmediatas de las personas afectadas por el terremoto.
Precisamente por eso, es un absoluto contrasentido que después nos hayan desayunado con la noticia de que del FAP, por estar por debajo del que denominan como el “umbral de disponibilidad”, no se puede utilizar ni un solo centésimo para reparar los estragos físicos del terremoto o para asistir a las personas damnificadas.
La situación del FAP y el hecho de que no se pueda utilizar para resolver, precisamente, las emergencias para las que se supone que fue creado, debe ser el punto de partida para un debate que debe producir explicaciones razonables que, antes de justificadas dudas e interrogantes, pongan, con absoluta transparencia, las cosas “en blanco y negro”.
Una primera, y muy razonable pregunta, es: ¿Para que sirve un fondo supuestamente pensado y creado para resolver emergencias debidas a fuerza mayor o casos fortuitos como el del terremoto, si cuando ocurren esos eventos no se pueden disponer de los recursos allí acumulados?
Una segunda, y también muy razonable pregunta, es: ¿Si sus administradores están supuestos a prever la necesidad de que sus recursos estén disponibles para atender las emergencias que justificaron su creación, por qué no previeron mantener disponible unos montos de recursos líquidos iguales, como mínimo, al denominado “umbral de disponibilidad”. Ese monto de recursos siempre debería estar disponible. Que no lo esté no tiene justificación y tampoco nos sirven las supuestas y sabihondas explicaciones de sus manejadores.
Una tercera y cuarta, y aún mucho más que razonables preguntas son: ¿Cuál es, al día de hoy, el porcentaje de los recursos líquidos o convertibles en liquidez del FAP y cuál es el porcentaje de su capital nominal actual en bonos y pagarés del Estado o de cualquiera otra de sus entidades? ¿cuándo y por qué montos podrían ser convertidos a fondos líquidos y disponibles los susodichos bonos y pagarés?
De los administradores del FAP, la única reacción que se conoce es el comunicado oficial en el que expresaron su solidaridad con las personas y familias afectadas por el terremoto y, se congratularon de que el MEF haya dicho que por contar el Estado con suficientes recursos no será necesario recurrir el FAP. ¡Que cada quien haga las conjeturas y conclusiones que correspondan!