Las triangulaciones comunales

En el argot popular existe un viejo adagio que indica ‘en política no hay sorpresas, sino sorprendidos’, esto parece obtener mayor connotación con las recientes revelaciones que evidencian una presunta triangulación de fondos públicos a través de algunos ‘padres de la patria’ utilizando las Juntas Comunales.

Anteriormente, los Honorables Representantes disponían de limitados recursos provenientes de los programas como Obras Comunitarias, PROINLO y PRODEC. La actual gestión gubernamental consideraba muy burocrático estos programas y por ende en el año 2012 aprueba mediante ley el Programa Nacional para el Desarrollo Local, PRONADEL.

El PRONADEL no fue más que la fusión de los tres programas existentes y en la parte administrativa contemplaba transferir 110 mil balboas ‘anuales’ a cada una de las juntas comunales y 30 mil balboas anuales a las alcaldías, estas transferencias efectuadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, previa consignación de las partidas respectivas en el Presupuesto General del Estado.

En una simple matemática dividimos los 110 mil balboas entre 12 meses que tiene el año y estamos hablando de un monto de 9 mil 167 balboas mensuales, una cifra totalmente alejada a los montos que han recibido muchas juntas comunales a lo largo y ancho del territorio nacional.

Un aspecto importante por destacar es que entre 2010 y 2011, antes de aprobar la Ley PRONADEL, se transfirieron aproximadamente 155 millones de balboas con destino al Programa de Ayuda Nacional y hacia una gran cantidad de juntas comunales en todo el país.

El tema en sí era un secreto a voces, sin embargo, lo que generó gran asombro era el hecho de que un plural número de juntas comunales, bajo liderazgo de Honorables Representantes de la oposición, tuviesen en sus arcas financieras cantidades exorbitantes de dinero que jamás sus comunidades percibieron en obras tangibles.

Lo anterior genera suspicacia sobre el origen y el destino final de los recursos del Estado en las cuentas bancarias de los gobiernos locales. Es evidente que el Ministerio de Economía y Finanzas es en primera instancia quien debe rendir explicaciones al pueblo sobre el manejo de los fondos estatales y que tiene un común denominador: Diputados de la Asamblea Nacional.

¿Por qué y para qué le transfieren tanto dinero a un diputado? ¿Qué norma jurídica permite que se hagan esas cuantiosas transferencias a las Juntas Comunales? ¿La ley permite esta triangulación de fondos estatales? ¿Qué hace un Representante aceptando esos fondos? Entre muchas otras interrogantes que tenemos todos los ciudadanos.

Existen casos en donde diputados de un circuito electoral del distrito capital transferían los fondos que les asignaban a juntas comunales del interior del país y sobre todo en áreas de difícil acceso, donde los fiscalizadores de la Contraloría para poder llegar necesitaban una piragua y en otros casos a caballo, lo que se percibe como una burla y total descaro en el manejo de los fondos públicos.

Son inadmisibles transferencias de 250 mil, 500 mil, e incluso de millones de dólares, en comunidades rurales del interior del país y en corregimientos de la capital que jamás palparon una obra producto de esas cuantiosas sumas. ¿A cambio de qué los representantes aceptaban esos fondos de los diputados?

Definitivamente pierde la clase política y la democracia frente a este juegavivo, que es una mala praxis que repercute negativamente en cada rincón del país donde verdaderamente se necesitan ayudas sociales. En efecto, no podemos generalizar, pero que cada diputado y representante salga a dar la cara sobre cómo se utilizaron esos fondos en las nefastas triangulaciones comunales.

PERIODISTA