Quien camine por esta ciudad sabe que la acera panameña es una ficción jurídica. Existe en los planos así como en los discursos; en la calle es una carrera de obstáculos que obliga a la madre con el coche, al anciano con su bastón o a la persona en silla de ruedas a jugarse la vida en la calzada.
Lo he criticado toda mi vida. Por eso empiezo por lo justo: el Acuerdo N.° 316 de 13 de octubre de 2026, con el que el Consejo Municipal de Panamá adopta la Guía de Diseño Urbano para el Espacio Público, nace de una intención noble. Atiende una deuda social vencida hace décadas. Es necesario y es urgente. Tiene, además, aciertos que aplaudo: obliga a las empresas de servicios públicos a remover lo que sembraron en la acera y prohíbe que el espacio público siga siendo valla publicitaria de la gestión de turno.
Hasta aquí, los aplausos. Ahora, la cuenta.
El atajo del orden público
Aquí está la trampa. Retroactividad, en palabras llanas, es aplicarle hoy una regla nueva a lo que se construyó legalmente ayer. El artículo 46 de la Constitución la prohíbe, con una sola excepción: las leyes de «orden público» o de interés social, es decir, las que se imponen por encima de la voluntad de los particulares, siempre que así lo digan expresamente. El artículo 16 del Acuerdo se declara a sí mismo de «orden público» y da a los dueños de inmuebles ya construidos sesenta días para adecuarlos.
El truco no funciona. Esa excepción está reservada a las leyes que dicta la Asamblea; un acuerdo municipal no lo es: obliga a todos en el distrito, pero sigue estando por debajo de la ley. Hay más: la Constitución exige que la retroactividad se declare. El Acuerdo no la declara: la insinúa. Quiere el efecto sin asumir la responsabilidad de decirlo.
Para que nos entendamos: si un concejo puede volver retroactivos sus acuerdos con solo bautizarlos de orden público, mañana cualquier funcionario con una resolución en la mano reclamará el mismo privilegio. La seguridad jurídica no muere de un golpe. Muere de precedentes.
La acera se te mete en la casa
Que nadie me malinterprete: la acera es de todos, así que exigir el retiro del escalón o la columna que la invade, con plazo razonable y debido proceso, es legítimo.
El problema es que el Acuerdo cruza la línea de propiedad. El artículo 17 ordena que, en seis meses, toda puerta cochera se ubique a dos metros de esa línea, con una franja que solo puede ser área verde. Miles de casas con planos aprobados por el propio Municipio tendrán que demoler portones y perder el uso de dos metros de su terreno. El artículo 18 exige que las rampas arranquen desde la línea de construcción; dicho sin rodeos, rehacer garajes enteros.
El artículo 10 va más lejos. La ley obliga a dejar libre, entre la línea de propiedad y la fachada, una franja de tu propio terreno: el retiro. La Ley 6 de 2006 reconoce que esa franja es propiedad privada. Pues el Acuerdo dispone que, cuando el espacio junto a la calle no alcance, el dueño «deberá utilizar» ese retiro para ampliar la acera. Para curarse en salud, declara que eso no es expropiación. Si el público transita por tu terreno sin tu consentimiento y sin que nadie te pague, eso tiene nombre en derecho; no es precisamente «adecuación».
Infractor por acuerdo
El artículo 20 dispone que todo lo que obstruya la acera será una infracción, aunque lo haya autorizado un plano aprobado por el propio Municipio. La multa es de cinco mil balboas, más la suspensión de la obra.
En palabras llanas: quien construyó con permiso, pagó sus tasas y recibió su permiso de ocupación amanece convertido en infractor. No por lo que hizo mal, sino por lo que el Municipio le autorizó a hacer bien. Eso choca con una garantía elemental que recoge el artículo 31 de la Constitución: nadie puede ser castigado por algo que era legal cuando lo hizo. Y la multa es plana: la misma para la torre de Costa del Este que para la vivienda modesta de Pedregal.
Para rematar, el Acuerdo dice que mantiene los efectos de los permisos anteriores, pero sin perjuicio de los plazos de adecuación: conserva y borra en la misma frase. Además, una misma obligación aparece con sesenta días en un artículo y con seis meses en otro. ¿Cuál rige? Nadie lo sabe.
Aceras sí, atropello no
La accesibilidad universal es un derecho y una deuda, pero un fin justo no santifica medios inconstitucionales. El Consejo Municipal está a tiempo de corregir: limitar las adecuaciones obligatorias al espacio público, reservar los cambios dentro del lote para obras nuevas, expropiar con justa indemnización cuando necesite suelo privado, eliminar la sanción retroactiva y unificar los plazos. Si no lo hace, lo harán los tribunales; una buena norma caerá arrastrada por sus excesos.
Las aceras se construyen con concreto. La seguridad jurídica, con respeto a la ley. Si sacrificamos la segunda para levantar las primeras, tendremos una ciudad caminable sobre un Estado de derecho que cojea.
