La constituyente es nuestra única opción

Hemos llegado a un punto de no retorno, la pandemia ha dejado al descubierto las profundas debilidades de nuestro sistema, es innegable que necesitamos con urgencia un fortalecimiento democrático e institucional. No obstante, esto resulta poco probable considerando que nuestra obsoleta Constitución, que fue concebida con la finalidad de perpetuar una dictadura, solo hace avalar y legitimar la antidemocracia, propiciando la corrupción y agravando la desigualdad social.

Es preciso, ahora más que nunca, un nuevo contrato social. Nuestras deficiencias democráticas, representativas y de gobernanza no se solucionarán con respuestas superficiales, efímeras y vacías, debemos establecer mecanismos integrales, que permitan una solución multidisciplinaria y multidimensional del problema.

Para demostrar las falencias en la representatividad, veamos dos ejemplos de cantidad de votos versus porcentaje representado a nivel nacional. El diputado más votado de la República obtuvo el 23 % de los votos de su circuito, un porcentaje que, si traducimos a nivel nacional, solo es el 1.9 % de los votos válidos. Mientras que, el diputado menos votado, alcanzó el 38.8 % de los votos de su circuito, representando únicamente al 0.20 % de la población general. Casos como estos dejan en evidencia que apremia una reforma integral al sistema. La división política y la forma como se elige a los diputados debe ser repensada, a fin de que las personas que ocupen estos cargos cuenten con un nivel de aprobación que los legitime para tomar decisiones que afectan a todos los panameños.

Por otro lado, vemos cómo los vacíos y baches en nuestra Constitución hacen posible que, hoy, un solo partido pueda controlar, a su antojo, todo un país. Esto podemos verlo en la actualidad, al analizar la cuota de poder del Partido PRD:

1. 48 % de los municipios.

2. 47 % de las juntas comunales.

3. 49 % de la Asamblea Nacional.

4. 90 % de las 85 instituciones que componen el sector público.

5. Y tiene la peligrosa facultad, que ningún presidente ha tenido en la llamada era democrática, de nombrar seis magistrados de la Corte Suprema de Justicia y nueve de sus suplentes. Además de cinco directivos de la Autoridad del Canal de Panamá, el fiscal electoral y el procurador de la Nación.

Como podemos observar, estamos en un periodo donde la única fuerza política que puede tomar decisiones sin tener que buscar consensos es el presidente y su partido. Esto ha resquebrajado nuestro Estado de derecho, aún más, y ha eliminado toda posibilidad de rendición de cuentas, oposición o debate en la toma de decisiones, puesto que el poder se ejerce, de forma omnímoda y excluyente, por un único partido, por cuya nómina presidencial, solo votó el 33 % de la población.

Tal y como sostuvimos al inicio, urge un nuevo contrato social. Y la única vía legítima para obtenerlo, es a través de una constituyente. Esta nueva carta magna debe establecer los mecanismos para asegurar una verdadera separación e independencia de los poderes y que los encargados de velar por ellos sean elegidos de manera representativa y por la mayoría de la población. Entre las modificaciones, debería contemplarse la inclusión de una segunda vuelta electoral, a fin de asegurar que la escogencia del mandatario sea por la mayoría de los ciudadanos. Además, necesitamos replantearnos el sistema de escogencia de los diputados, ya que, en la actualidad, los ciudadanos estamos condenados a vivir como “vasallos” de los “eternos señores feudales” que cuentan con poderes ilimitados dentro de su circunscripción, aprovechándose de las necesidades del pueblo y respondiendo únicamente a sus intereses individuales y partidistas.

El Panamá azotado por la dictadura militar en el 72, dista mucho de tener las mismas necesidades y motivaciones del Panamá pos-COVID-19 del siglo 21. Por ello, frente a los nuevos retos, compromisos y generaciones, debemos asumir una responsabilidad histórica y trabajar en un nuevo modelo de gobernanza, para un desarrollo más integral y justo del país.

La participación, el debate y el consenso deben prevalecer a través de una Constituyente, como única vía para reformar nuestra agonizante y obsoleta Constitución.

Panamá, lo necesita y se lo merece.