¡Coordinación y prudencia!

La mayoría de los principales bancos, encabezados por el Banco Nacional y la Caja de Ahorros, han anunciado su intención de flexibilizar las condiciones de los préstamos en ejecución, enfocada prioritariamente hacia aquellos clientes con mayores dificultades para cumplir con los pagos pactados. En términos generales, parecen positivas, aunque quedan por aclarar o cuantificar, en pesos y centavos, sus resultados prácticos.

La Dirección General de Ingresos promovió, y a instancias del Órgano Ejecutivo se aprobó, la extensión de la mora para aliviar la presión sobre los contribuyentes de los compromisos tributarios. El Gobierno, además, ha previsto, mediante la apertura de fuentes de financiamiento, tanto internas como externas, que se pueda, en caso de ser necesario, contar con los recursos extraordinarios para atender la emergencia nacional. Todas esas acciones han sido pensadas y se están poniendo en práctica de acuerdo con las circunstancias, pero sobre todo con prudencia; de manera estudiada, sin improvisaciones.

Pero ante crisis de la magnitud que vivimos, no debe extrañar que surjan propuestas, sin duda bien intencionadas, pero que de ser aplicadas incidirían en los sustentos ideológicos en que se fundamenta la sociedad panameña.

Nuestra Constitución Política, en el artículo 282, prescribe que “el ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares” y a renglón seguido asigna al Estado un rol subsidiario que define así: “pero el Estado las orientará, dirigirá, reglamentará, reemplazará o creará, según las necesidades sociales y dentro de las normas del presente Título, con el fin de acrecentar la riqueza nacional y de asegurar sus beneficios para el mayor número posible de los habitantes del país”.

Esa norma establece la filosofía bajo la cual ha operado nuestra economía y desde su inclusión en la Constitución los sucesivos Gobiernos, del corte partidario que hayan sido, al interpretarla y aplicarla han tenido la sensatez de desarrollarla mediante disposiciones legales que han mantenido el equilibrio que debe existir entre las acciones gubernamentales y las que corresponden al ámbito de la empresa privada, y los resultados han comprobado su eficacia.

Los sectores bancarios y financieros, ante las medidas que con toda prudencia ha venido tomando el Gobierno del presidente Cortizo para enfrentar la emergencia económica que vive el país, han respondido manifestándose dispuestos a adoptar las que les competen con igual prudencia, si algunos las consideran insuficientes o estiman que deben ser de otra naturaleza, el camino debe ser proponer las alternativas al Órgano Ejecutivo para que este siga promoviendo entendimientos con la banca privada; pero sin desestabilizar el equilibrio entre las competencias que define el artículo 282 de la Constitución y sin propiciar confrontaciones que serían contraproducentes. Si existe un reconocimiento general de la mesura y prudencia con la que viene actuando el Órgano Ejecutivo, todos los otros sectores de la sociedad panameña deben reservarle ese espacio de maniobra.

El Gobierno central, aunque se ha rodeado de quienes mejor pueden asesorarlo y asistirlo para las decisiones que ha venido tomando, nunca ha reclamado infalibilidad y de manera reiterada se ha manifestado abierto y receptivo a todos cuantos quieran sumarse a los esfuerzos que coordina para superar los efectos de la pandemia que ya es mundial. Actuando con igual sentido y prudencia, quienes consideren tener propuestas que podrían contribuir mejor a ese esfuerzo, antes que tomar iniciativas fuera de ese contexto deben aportarlas para que sean ponderadas en cuanto a su conveniencia y oportunidad. Los protagonismos desmarcados no debieran darse, pues pueden tener efectos contrarios a los que, sin duda, con buenas intenciones, motivaron a sus autores.

En estos tiempos extraordinarios que atraviesa el país, la coordinación y la prudencia son claves para asegurar el éxito.