Hacer lo correcto

El contrato de exploración de la mina de Donoso inicia su vida jurídica desde 1997, en el gobierno del presidente Ernesto Pérez Balladares, y durante las siguientes etapas de este proyecto transitan por la presidencia de la República Mireya Moscoso, Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, hasta llegar al actual gobierno del presidente Laurentino Cortizo, quien se encuentra con una obra billonaria en pleno desarrollo.

Esta obra aporta al país el pago de salarios mensuales por la suma de B/.23,575,804.77 que reciben con puntualidad de reloj suizo 7,000 colaboradores directos de la empresa que gestiona la concesión minera, pagos promedio mensuales de B/.6,202,449.96 que reciben los colaboradores de contratistas del proyecto, para un total de pagos mensuales de salarios por B/.29,778,254.46 y anual combinado de B/.357,339,050.76. Los aportes mensuales de la empresa y sus contratistas a la Caja de Seguro Social ascienden a B/.13,395,332.19 y anual a B/.160,743,986.28, aunado al desembolso de la nada despreciable suma de B/.900 millones anuales en pagos a suplidores de bienes y servicios. A su vez, estos suplidores de bienes y servicios emplean miles de colaboradores a nivel nacional, e igualmente aportan millones de dólares mensuales a las maltrechas finanzas de nuestra máxima y emblemática institución de bienestar social.

Por lo anterior y otras consideraciones que no son objeto de este escrito, resulta paradójico que uno de los principales sindicatos del país y el que más debería estar preocupado por el futuro de sus afiliados y la Caja de Seguro Social, incite por redes sociales y medios de comunicación a conductas que afectan los derechos de terceros consagrados por los Artículos 27, 47 y 64 de la Constitución Política de la República de Panamá; y en abierto perjuicio de las actividades económicas que contempla en beneficio de los particulares el artículo 282 de nuestro máximo instrumento jurídico. La conducta incurrida podría tipificar los delitos que contemplan los artículos 170, 294 y 398 de nuestro Código Penal. Es por ello que si pretendemos ser un país que avance en el concierto de las naciones desarrolladas, nuestras autoridades deberían ordenar la inmediata investigación de oficio de posibles delitos que se incurran producto de la mal enfocada convocatoria, conduciendo a los responsables y sus cómplices para ser sometidos a las investigaciones correspondientes.

Sería conveniente, además, analizar la propuesta de un hoy candidato presidencial quien ya ocupó la primera magistratura del país permitiendo el avance del contrato minero en su etapa de exploración. La propuesta vertida me parece positiva en la medida que acepte lo que ya es un hecho cumplido y en ejecución, el proyecto minero de Donoso, que ya es ley y que al igual que otros proyectos mineros en desarrollo gozan de la protección jurídica de nuestras normativas legales y constitucionales. Esta propuesta consiste en convocar un referéndum nacional, no sobre el contrato que ya es ley de la república, sino referente al futuro de la minería en el país y cuyo resultado sea vinculante.  Sin entrar al análisis y detalle jurídico de la misma, amerita que el Presidente de la República convoque a los principales candidatos a ejercer el primer cargo de la Nación durante el quinquenio 2024-2029, a su discusión y aportes. Igual diálogo podría adelantarse con agrupaciones que nunca se dieron por aludidas respecto el desarrollo del proyecto, pero ahora se dan golpes de pecho en figuraciones tardías, luego de haberse invertido en el mismo la suma aproximada de diez billones de balboas.

Si bien el presidente Cortizo tiene una marcada trayectoria personal y ejecutiva de buena gente y blandengue, como solía expresar nuestro siempre bien recordado Guillermo Endara Galimany, el país no puede darse el lujo de revivir los trágicos sucesos incitados en el año 2022 por las mismas roscas sindicales, magisteriales y étnicas que sin ser mayoría en sus gremios o el país, pretenden imponer su vocación disruptiva al resto de la ciudadanía, incluyendo trabajadores y educadores, estudiantes, amas de casa, jubilados, profesionales, pequeños y medianos empresarios, innovadores, gestores independientes, empresas e inversores, en fin a todo un colectivo nacional. Sería inconveniente que el presidente Cortizo convoque consultas y diálogos adicionales respecto a un contrato y proyecto que ya es ley de la república, y el cual no tiene marcha atrás. A la vez, le corresponde al primer mandatario hablar en términos firmes a los servidores públicos en general, incluyendo el sector magisterial, para dejar claro lo siguiente: quien no trabaja no cobra; y el que no trabaja está sujeto a ser destituido y reemplazado por quien esté capacitado y quiera trabajar. De igual manera resultaría conveniente comunicarle con firmeza a aquellos dirigentes sindicales y étnicos, y demás ciudadanos a quienes aplique la advertencia, que su tardía disconformidad debe exponerse por vías que no violen el derecho de terceros o impliquen conductas tipificadas en nuestro ordenamiento penal. De lo contrario, sea quien sea, que le caiga el peso de la ley por la sencilla razón que la primera ley de la convivencia pacífica es el respeto a tus derechos, pero más aún tu respeto al derecho de terceros.

Por último, reconozco al presidente Cortizo su valentía y firmeza en hacer valer nuestras leyes y Constitución Nacional, lo correcto redunda siempre en positivo al país y el colectivo nacional.