Arraiján: radiografía de una crisis

En vísperas de las elecciones del 2019 y para que los lectores y electores nunca lo olviden, presentamos a continuación algunos detalles del entramado que ocasionó la crisis económica que se produjo en el distrito de Arraiján y que afectó tanto a los funcionarios como a la comunidad en su conjunto.

La alcaldesa Militza Palma presentó un informe de su gestión en los 20 días al frente de la Alcaldía, evidenciando, como ella lo sostuvo, que ‘se hizo más en 20 días que en 4 años'.

De lo bueno, lo malo y lo feo exteriorizado por Palma y confirmado por sus directores en intervenciones individuales, destacamos lo positivo: las recaudaciones en enero fueron de B. 1 378 128.20, lo que representa un 265 % por encima de recaudado en diciembre del 2018 y un 71 % respecto a noviembre del mismo año.

Al 27 de diciembre 2018, cuando se inició la Administración Palma, el Municipio tenía una deuda de B/. 1 524 903.71, de los cuales ya se han pagado a la fecha B/. 715 153.50. Se destaca el pago de la planilla que significó una erogación de B/.362 678.21. Actualmente el Municipio está al día en el pago de salario a sus colaboradores, después de seis meses de que estos fueron irregulares. A enero de 2019 se adeudaban el XIII Mes y dos quincenas que ya fueron cancelados. Donde faltó voluntad, hoy sobra diligencia y buena fe.

En la misma reunión, Palma y sus directivos presentaron a los ediles un informe de anomalías encontradas en los diferentes despachos, entre las que se destaca que el alcalde anterior giró órdenes para que todas las solicitudes de permisos de construcción y aprobación de planos fueran dirigidas al despacho superior. Allí se tomaban las decisiones, en donde la mayoría de los proyectos pagaba un mínimo y no pasaba el filtro del Concejo Municipal que es el autorizado para exonerar o ajustar pagos.

Se denunció que el 85 % de las vallas publicitarias colocadas en el distrito incumplen las normas existentes, lo que ocasionó que y el Municipio dejara de percibir 2.5 millones de dólares en concepto de impuestos. Contribuyentes que habían sido citados, desatendieron los citatorios y acumularon una morosidad por B. 53 000.

En Tesorería se hicieron descuentos de acreedores que no fueron remitidos a los bancos e instituciones, como el Seguro Social, donde se encontraron atrasos de cuatro meses en los pagos. Las cajas menudas del despacho superior, que eran de B/. 5000, no cumplían la formalidad del arqueo desde abril del 2017. La extesorera presentó un informe con una duda de B/. 1 521 031.48.

En lo que respecta a la Oficina de Howard, se constató que no había controles ni información de contribuyentes, los recaudos se hacían manualmente y muchos recibos no aparecen, situación que dio lugar a irregularidades. Auditoría Interna realiza una investigación profunda para corregir entuertos.

La alcaldesa Palma ordenó que Capace ingresara al sistema en las áreas de Howard, Ingeniería Municipal, Catastro y Casas de Paz, para que la información fluya correctamente y se hagan los correctivos necesarios para evitar acciones al margen de la Ley.

Recursos Humanos confirmó que muchos funcionarios allegados al despacho superior no firmaban entrada ni salida digitalmente, sino que firmaban páginas en blanco, lo que propició el desorden y evidenció ‘botellas' en la planilla municipal. En la Secretaría General se manejó y centralizó información sensitiva del Municipio en un computador personal que a la fecha no se ha entregado.

En lo que corresponde a la Secretaria de Descentralización, se detectaron sobrecostos, obras, diferentes precios en proyectos idénticos, trabajos que debían estar terminadas, presentan marcado retraso y otros que debieron iniciarse y no empiezan, así como proyectos que no llenan las expectativas. También existe un alto porcentaje de morosidad en el cobro de servidumbre. Lo anterior se suma la venta de bienes vacantes en donde se aprobaron planos de fincas que no corresponden al Municipio de Arraiján.

Finalmente, la alcaldesa aseguró que ha recibido denuncias de empresarios que fueron estafados por exfuncionarios, las cuales ya se trasladaron al Ministerio Público. La funcionaria aguarda respuesta del contralor general de la República a su nota del 3 de enero, reiterada el 14 de enero, en las que solicita una auditoría.

Ante tanta evidencia, ¡que el pueblo juzgue!

PERIODISTA