De lo que no se habla sobre unos puertos...

Del 20 de enero de este año a esta parte, las históricas y accidentadas relaciones entre Panamá y Estados Unidos han dado un giro importante ocupando gran parte de la agenda de nuestros gobernantes y el acumulado de esa gran deuda social con nuestra población, especialmente en la creación de plazas de trabajo para combatir una tasa de desempleo que roza el 10 % y una informalidad que se sitúa en casi el 50 %, se ha visto en gran medida desatendida.

2025 ha sido un año con más bajas que altas. Un año en el que la deuda pública suma unos $6.000 millones para atender exclusivamente gastos corrientes del gobierno e intereses acumulados de esa misma deuda. Pareciera que aún no damos con la tecla correcta para reactivar la dinámica de nuestra economía.

En el plano geopolítico surgen presiones externas que no contribuyen justamente a encontrar el camino de la recuperación anhelada y, por el contrario, se suman nuevos ingredientes a una polémica existente y que guarda relación con la seguridad jurídica en un país con altos cuestionamientos al respecto.

Primero fue la mina de Donoso y hoy se buscan soluciones a un problema que podría terminar costándonos billones de dólares en indemnizaciones, arbitrajes y abogados para que nos representen en cortes internacionales especializadas.

Ahora son los puertos de Balboa y Cristóbal bajo el control de una empresa que tiene 28 años en el país bajo el amparo de contratos legales y -porqué no decirlo- transparentes. Durante la vigencia de la concesión, PPC ha entregado al Estado más de $658 millones, cifra que supera ampliamente los aportes de cualquier otra empresa portuaria nacional.

En los últimos 3 años, los pagos incluyen dividendos adelantados a petición del Estado panameño para hacer frente a situaciones de crisis financieras.

Perder la concesión portuaria significa perder miles de empleos, inversión acumulada, transferencia tecnológica y la imagen-país como destino seguro para la inversión extranjera. La cancelación de la concesión de Panama Ports Company expondría al país a un arbitraje internacional por miles de millones de dólares.

Aunque el contralor Anel Flores ha anunciado públicamente que la Contraloría extenderá auditorías a todas las compañías portuarias del país donde el Estado tiene participación, hasta el momento la fiscalización se ha concentrado principalmente en PPC y no en las demás.

Se han desmentido las acusaciones sobre una “deuda” de $1.200 millones, aclarando que ese monto corresponde a inversiones requeridas y realizadas, no a aportes pendientes al Estado. El contrato y la concesión de PPC fueron definidos por una ley aprobada y con reglas claras. La empresa insiste en que las condiciones cambiantes o selectividad en las auditorías afectan la seguridad jurídica y envían una señal negativa a inversores internacionales.

El contrato no necesitaba refrendo del contralor ya que, según el artículo 119 de la Ley General de Puertos del 2008, los contratos leyes anteriores a dicha ley se rigen por el contrato, y el contrato de Panamá Port de 1997 indica que la prórroga es automática.

PPC cuenta con más de 99.9 % de trabajadores panameños, genera miles de empleos directos e indirectos, garantiza estabilidad laboral a familias panameñas que dependen de estos puestos de trabajo, el entrenamiento y crecimiento profesional de su personal ha sido reconocido regionalmente y se han invertido más de $1.600 millones, lo que ha permitido modernizar los puertos de Balboa y Cristóbal e incrementar la capacidad logística del país.

Trascendió que la empresa no ha recibido notificación alguna de investigaciones del Ministerio Público y mantiene su disposición permanente a aclarar cualquier inquietud legal o contractual. Se reafirma que no existe presencia militar extranjera, ni “injerencia china” en la seguridad o el control de los puertos; el 99 % de la planilla es panameña, la operación se ajusta a la ley y depende logísticamente del Canal de Panamá y de sus “prácticos”.

En ese interés que hoy tienen el presidente Mulino y el contralor Flores respecto de resolver lo que consideran problemas creando unos nuevos. Si se cancela la concesión, las 38 grúas y los equipos les pertenecen al contratista, por lo que no se podrían utilizar y ambos puertos quedarían paralizados. ¿Entonces?... ¿qué fue lo que resolvimos?