¿Derecho a la vivienda o derecho a la barbarie?

Según el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la vivienda es, junto a la educación, la salud, la alimentación y la libertad, un derecho inalienable de obligatorio cumplimiento. Nadie puede arrebatarle o negarle este derecho a la población.

El Artículo 50 de la Constitución establece que, cuando entren en conflicto los derechos particulares y los derechos sociales, el interés privado deberá ceder ante el interés público o social.

El Artículo 117 de la Carta Magna obliga al Estado a proveer vivienda, “a toda la población, especialmente a los sectores de menor ingreso”.

Por su parte, el Código de la Familia señala en sus artículos 626, 627, 628 y 630, que se deben garantizar los derechos a la vivienda y la propiedad familiar, dando atención prioritaria a las familias “con mayores cargas y menores ingresos”.

Pues bien, los más recientes desalojos forzosos de esta semana en Cerro Tigre, en Arraiján, y en la 24 de Diciembre, han demostrado que la normativa de la Constitución y el Código de la Familia es letra muerta, si no está en franca agonía.

Es necesario entender que, en materia de derechos humanos, la Constitución promete una revolución socialista, pero sacraliza al capitalismo. Vivienda, educación, salud, alimentación, entre otros, solo se encuentran en países de sistemas socialistas y en algunos países socialdemócratas o en vías al socialismo.

El 28 de marzo pasado publiqué en La Estrella un artículo: “Cuando el dolor se llama Eulalia”, en el que describía cómo la Fuerza Pública arrasó con casas de palos, lonas y pencas precisamente en Cerro Tigre. A continuación, unas líneas alusivas de este artículo:

“No puedo ir hoy porque llegó la Policía ¡y me tumbaron la casa! Perdí todo, hasta el tanque de gas, la estufa y mi ropa. Llegaron unos 300 policías fuertemente armados con retroexcavadoras y destruyeron todo”. De nada valió el griterío desesperado de mujeres embarazadas, ancianos, niños y discapacitados.

“¿Hasta cuándo seguiremos abandonando y dejando morir a nuestros pobres, desvalidos y minusválidos para que empresas e inmobiliarias, terratenientes, bancos y sectas religiosas se refocilen o regodeen con la miseria y tragedia ajenas, con este delito de lesa humanidad?”.

En la primera semana de octubre la policía regresó y arremetió por segunda vez contra los moradores de Cerro Tigre y arrasaron y atropellaron a los sobrevivientes del tsunami del pasado marzo.

Esta vez, arrestaron a personas de toda laya, y a todas las obligaron a despojarse de sus pocos enseres y cachivaches. A una persona en silla de ruedas, recién operada y con una platina en el pie, la golpearon a placer y la arrestaron. ¿Por qué tanta saña, por qué tanto ensañamiento con los sectores vulnerables? ¿Por qué tanto odio a los pobres?

¿Son estos ejercicios parte del entrenamiento que reciben en la Escuela de las Américas (EUA) nuestros muchachos, que son policías, pero no militares y que la Constitución prohíbe? ¿Es este ensañamiento muestra del fascismo que inculcan academias militares en Estados Unidos como parte de su guerra contra el socialismo?

¿Será cierto que Cerro Tigre es o era propiedad de Hosanna o del pastor Edwin Álvarez, y que fue traspasada a persona desconocida en Cerro Tigre?

A la 24 de diciembre le cayeron como langostas, incluso arrestando y maltratando en las muñecas a Anayansi Andrade, miembro destacado de la Coordinadora Victoriano Lorenzo (CVL) y defensora de derechos Humanos. La defensa legal, entre la cual está el licenciado Pablo Martínez, obtuvo su libertad casi a la medianoche de ese día tras conversaciones con el juez de Paz.

Varias comunidades de la CVL estaban representadas en la Mesa del Diálogo, y el juez pretendía reconocerle en forma discriminatoria derechos solo a estas, mas la CVL se mantuvo firme en que todas las comunidades y no solo estas diez, tenían derecho a la vivienda frente a la barbarie desatada.